Íñigo de la Serna. Presidente de la FEMP.
La ley de la Administración local, que en dos semanas inicia su trámite parlamentario, es uno de los ejes de la agenda de reformas del Gobierno. Pero el anteproyecto aprobado en junio tiene poco que ver con el que inicialmente impulsó el Ministerio de Hacienda. Su desarrollo ha estado plagado de obstáculos, la mayoría puestos por los propios alcaldes del PP. El presidente de la Federación de Municipios, Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971), del PP, se siente satisfecho de haber frenado puntos clave del texto, pero insiste en que la reforma es “la más profunda de una ley en democracia”.
Pregunta. No quieren fusiones de Ayuntamientos ni reducción de concejales o de sueldos. Parece que los alcaldes se han peleado mucho para dejar las cosas como están.
Respuesta. Al contrario. Es cierto que el anteproyecto ya no contempla cuestiones como la eliminación de municipios; la reducción del 30% de concejales; la intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes... Cuestiones que nos preocupaban y que creemos que no contribuían a mejorar la situación económica del país. Siendo eso cierto, también lo es que se trata de una reforma muy profunda. Su aplicación va a ser compleja y difícil. Tendremos que hacer un esfuerzo enorme.
P. Decenas de miles de personas han perdido su trabajo en los Ayuntamientos. ¿Cómo explica que ustedes hayan puesto tanto empeño en que no se recorte el número de concejales?
R. Es cierto que hemos sido referentes en cuanto al adelgazamiento del sector público, pero no tanto por la eliminación directa de personal como por la amortización de plazas en el sector municipal. Hemos reducido en los últimos años casi un 9%. Pero también hay que tener en cuenta que más del 80% de los cargos electos no perciben ningún tipo de retribución.
P. Eso refuerza la idea de que si se eliminasen concejales nadie saldría perdiendo.
R. Sí, se puede salir perdiendo, porque aunque no reciban retribución realizan un gran servicio público.
P. La ley se basa en el principio de: “Una Administración, una competencia”. ¿Será así?
R. En la historia de la democracia no hay un avance tan importante como el que contempla esta ley. Por fin las grandes competencias que veníamos prestando sin que residieran en el ámbito local van a pasar a depender de quien tiene que realizar esos servicios. La mejor prueba es que las comunidades autónomas están empezando a alzar la voz pidiendo que paguemos servicios que no nos corresponden.
P. La oposición cree que el Gobierno quiere restar financiación en servicios sociales.
R. Hay tres grandes servicios que aglutinan el mayor volumen de gasto: educación, sanidad y servicios sociales. En educación estamos hablando de 2.200 millones de euros, sanidad puede estar en 500 y servicios sociales en 4.200 millones. La ley contempla que, en educación, en el momento en que se cierre la financiación autonómica, esos gastos de limpieza, mantenimiento, conservación de colegios... tendrán que ser asumidos por las comunidades autónomas.
P. Pero el Gobierno ya ha dicho que ese nuevo modelo no va a tener más recursos. ¿De dónde va a salir el dinero?
R. Esto no es una ley de financiación, aunque esa parte sí contempla una mejora en la financiación local. Lo que habrá será una redistribución de los ingresos del conjunto de las Administraciones. Y ahí tenemos una reivindicación permanente. Porque si con esta ley se resuelve un problema estructural, como el de las competencias impropias, sigue sin resolverse el problema de los ingresos. De cada cien euros que se recaudan en Madrid, apenas seis van a parar a las arcas del Ayuntamiento. El grueso del IVA, del IRPF, de todo lo que está asociado a la actividad económica, va a otras Administraciones. Cuando abordemos la financiación local defenderemos que se mejore.
P. ¿Dónde está entonces el supuesto ahorro de 8.000 millones del que habla el Gobierno?
R. Es una cifra que aporta el Gobierno, no es la FEMP quien tiene que establecer el desglose. Pero sí avanzaría una cosa: desde que está en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya hemos conseguido un ahorro cercano a los 4.000 millones de euros en el conjunto de entidades locales. Tanto por el capítulo 1 [de personal] como por la reducción de entidades empresariales.
P. O sea, fundamentalmente en capítulo de personal.
R. Hay un 10% de ahorro en sociedades públicas locales y entidades de carácter local. También en gasto por servicios. Yo diría que una parte de esos 8.000 millones se están alcanzando. Otros ahorros se conseguirán evitando duplicidades.
P. Hasta 536 Ayuntamientos han pedido ser rescatados. Ustedes suelen presumir de que la hacienda local está en situación de superávit...
R. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos económicos. En el primer trimestre tenemos un 0,22% de PIB de superávit. Hemos sido los que menos hemos incrementado el endeudamiento. Dicho eso, hay determinados Ayuntamientos que tienen que soportar fuertes tensiones de tesorería como consecuencia de problemas históricos. No diría que esos 500 están en una situación gravísima… pero sí que necesitan medidas adicionales.
P. Con las fusiones que ustedes rechazan quizá estas situaciones podrían arreglarse.
R. Hemos defendido que los Ayuntamientos puedan fusionarse voluntariamente. El texto de la ley las incentiva. Al sumar las poblaciones, si hay que prestar nuevos servicios mínimos obligatorios, esos municipios van a tener preferencia en los planes provinciales de ayudas durante cinco años. Y más flexibilidad para cumplir objetivos.
Fuente: El País
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/995-la-reforma-local-va-a-ser-muy-compleja-y-dificil-de-aplicar
