miércoles, 31 de diciembre de 2014

Ley de presupuestos generales del estado 2015

Estoy de vacaciones y esto de mirar el BOE no me motiva en exceso, pero entre los artículos que he ido a mirar expresamente: TÍTULO III De los gastos de personal CAPÍTULO I De los gastos del personal al servicio del sector público Artículo 20. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad […]



via Responsables personal Ayuntamientos http://iratxepikaza.com/2014/12/31/ley-de-presupuestos-generales-del-estado-2015/

De la Serna: “El superávit municipal será clave para generar empleo en los municipios”


La prórroga, publicada en el BOE, de la medida que permite invertir en actuaciones financieramente sostenibles parte del superávit alcanzado por los Ayuntamientos en 2014 resulta esencial para el despegue definitivo de la economía en los municipios. De la Serna afirma que todas las medidas adoptadas por el Gobierno a favor de las Entidades Locales demuestran que esta es la “legislatura más municipalista de la historia reciente”. Para el Presidente de la FEMP la inversión del superávit “es una inyección de optimismo para los vecinos de nuestros municipios y convierte a los Ayuntamientos en el motor de la recuperación”.


El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Iñigo de la Serna, ha manifestado su profunda satisfacción por las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros del año, publicadas hoy en el BOE, ya que éstas “serán clave para generar empleo y riqueza en los municipios”. Asimismo ha recalcado que este Gobierno ha demostrado con creces su compromiso con las Entidades Locales, enfatizando que esta es la legislatura “más municipalista de la historia reciente”.


El Ejecutivo, tal y como reivindicaba la FEMP, ha aprobado la prórroga para 2015 de las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario. De esta forma, las Entidades Locales saneadas financieramente podrán destinar parte del superávit a inversiones financieramente sostenibles, además de a amortizar deuda.


El Presidente de la FEMP y Alcalde de Santander ha afirmado que nueve de cada diez Ayuntamientos cerraron 2013 con superávit por lo que, a su juicio, el que en este 2015 se pueda invertir parte del remanente de tesorería positivo con el que se cierre 2014 en actuaciones financieramente sostenibles “es esencial para el despegue de la economía en los municipios”.


En los primeros nueve meses del año, la Administración Local ha ampliado su superávit hasta los 4.734 millones de euros, lo que representa el 0,44% del PIB, frente al registrado en el mismo periodo del año anterior que equivalía al 0,37% del PIB.


Por este motivo, De la Serna considera que poder invertir dicho superávit “es una inyección de optimismo para los vecinos de nuestros municipios y convierte a los Ayuntamientos en el motor del cambio y la recuperación”.


A su juicio, la medida publicada hoy en el BOE significa que los Gobiernos Locales van a poder ser “motor de la recuperación, porque van a generar actividad económica y motor del cambio porque vamos a generar empleo”. En definitiva, “vamos a seguir implicados al 100% en lograr para los españoles el tan esperado cambio de tendencia que ya se está notando”.


“Las Entidades Locales han logrado, en muy poco tiempo, cambiar la tendencia de sus finanzas pasando del déficit a un 0,52% de superávit y reduciendo su deuda hasta situarla por debajo del objetivo del 4% fijado por el Ejecutivo” ha manifestado. Por ello, la FEMP ha defendido y reivindicado la gestión municipal ante el Gobierno que, finalmente, ha adoptado esta medida que premia a las Administraciones eficientemente gestionadas y que coloca a cada Ayuntamiento beneficiario como ejemplo de política a seguir.


En este sentido, el Presidente de la FEMP ha señalado que “el Ejecutivo ha apostado de forma decidida por dar protagonismo a las Corporaciones Locales para que sean ellas quienes detecten las fórmulas más idóneas para la dinamización de la economía y para dar solución a los problemas más acuciantes de sus vecinos”.


En su opinión, si a las medidas adoptadas por el Gobierno se suman los buenos datos de déficit y deuda de los Gobiernos Locales, nos encontramos con unas Administraciones “con mayor capacidad de maniobra para gestionar sus finanzas y así seguir demostrando trimestre a trimestre que no decaen ni un ápice en su batalla por trasladar la recuperación de las grandes cifras a la economía real del día a día”.


De la Serna se ha referido también al denominado FLA social, un mecanismo de apoyo a la liquidez de las CCAA que financiará el pago de las obligaciones que éstas tienen pendientes a 31 de diciembre de 2014 con las Entidades Locales, derivados de convenios o transferencias pendientes de pago en materia social. “Con este nuevo sistema –ha señalado- esperamos que las autonomías finiquiten, de una vez por todas, las deudas que tienen pendientes con los Ayuntamientos por servicios que prestan siendo de competencia autonómica”.


El Alcalde de Santander ha agradecido también al Gobierno de Mariano Rajoy su “decidido compromiso con las Corporaciones Locales” que ha quedado patente con los dos Fondos creados –el de Ordenación y el de Impulso Económico- que vienen a “ayudar a las Administraciones Locales con mayores dificultades así como a impulsar a las que han acreditado su salud financiera”.


Fuente: FEMP







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/3555-de-la-serna-el-superavit-municipal-sera-clave-para-generar-empleo-en-los-municipios

martes, 30 de diciembre de 2014

CATALUÑA: Modificación Carta Municipal de Barcelona


LEY 18/2014, de 23 de diciembre, modificación de la Carta municipal de Barcelona (DOGC 29/12/2014)


Ver aquí







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/3540-cataluna-modificacion-carta-municipal-de-barcelona

Los Consistorios de Jaén, Jerez, Cádiz y Huelva son los más morosos del país


El tiempo de pago a proveedores supera los 100 días, cuando la media está en 24.


El Ayuntamiento de Jaén es el que más tarda en pagar a los proveedores de todo el país, con un tiempo medio de 115 días. Pero hasta no hace mucho, el tiempo de espera de las empresas y suministradores era de varios años. Junto a Jaén, otras tres ciudades andaluzas son las más morosas del país, según el informe publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que deja en muy mal lugar el ajuste de cuentas municipal en la comunidad: Cádiz (114 días), Jerez de la Frontera (108) y Huelva (102).


La ley de morosidad aprobada por el Gobierno central obliga a las Administraciones públicas a saldar cuentas con sus proveedores en los 30 días naturales siguientes a la entrada en registro de las facturas emitidas. El Periodo Medio de Pago (PMP) de las corporaciones locales se sitúa ahora en 24 días, un plazo que se quintuplica en el caso de Jaén o Cádiz. Desde la publicación de esa ley, la mayor parte de entidades locales han recortado el PMP, aunque en Jaén, Cádiz, Jerez y Huelva ha aumentado.


“El milagro es que después de cuatro años sigamos prestando servicios”, subrayó ayer el concejal de Hacienda de Jaén, Miguel Contreras (PP), en el pleno municipal donde se aprobó el cierre del ejercicio de 2013 con una deuda de 521 millones. El Consistorio de Jaén (PP) fue el municipio de España, de más de 100.000 habitantes, que más aumentó la deuda por vecino durante la crisis. Y en términos absolutos, Jaén (116.000 habitantes) es, con 413 millones, la quinta ciudad que más subió su endeudamiento desde 2008, solo superado por Cádiz, Madrid, Barcelona y Parla.


El alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya (PP), admite la situación de quiebra técnica del Ayuntamiento, pero culpa de este colapso a los anteriores gobernantes del PSOE e IU. El regidor sostiene que el principal “aliado” del Ayuntamiento ha sido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al aprobar tres planes de pago a proveedores con 256 millones que han permitido pagar 8.000 facturas a 970 proveedores.


Pero la oposición censura que el 75% de esos pagos fueran a parar a grandes empresas y multinacionales, como los 19 millones a FCC, concesionaria del servicio de limpieza, o los 25 millones pagados a IMES, concesionaria del alumbrado. La Universidad de Jaén, la UNED o Cruz Roja fueron otros de los proveedores a los que saldó el Ayuntamiento tras años de impagos. “Estamos ante un Ayuntamiento intervenido”, señaló durante el pleno el único concejal de IU, Pablo Foche. Por su parte, el edil socialista José Manuel Colmenero dice que Jaén cerrará el año con una deuda superior a los 600 millones.


La ley de morosidad aprobada a finales de julio por el Consejo de Ministros obliga a las capitales de provincia y a las ciudades mayores de 75.000 habitantes a publicar su periodo de pago a proveedores de forma mensual. Y las de menos de 75.000 habitantes lo han de hacer trimestralmente. Entre éstas hay un buen número de localidades andaluzas que también superan los 100 días de pago medio a proveedores como La Mojonera (Almería), Benalmádena (Málaga), Benalup-Casas Viejas (Cádiz), Otura y Los Guajares (Granada).


Fuente: El País







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/3539-los-consistorios-de-jaen-jerez-cadiz-y-huelva-son-los-mas-morosos-del-pais

El número de funcionarios retrocede un 6% desde 2012


Las Administraciones Públicas cierran julio de 2014 con 2.522.631 empleados.


La plantilla de empleados públicos del conjunto de las Administraciones Públicas se ha reducido un 6,1% durante la legislatura, según el último Boletín estadístico de personal elaborado por el Ministerio de Hacienda correspondiente a julio de 2014.


En enero de 2012 las administraciones públicas contaban con 2.685.837 trabajadores públicos entre funcionarios, personal laboral o eventual. Tres años y medio después la plantilla había menguado en 163.206 efectivos mermada por los sucesivos recortes en todas las administraciones.


El Estado es el que más ha reducido su plantilla en términos relativos durante la legislatura, un 7,1% hasta bajarla a 540.462 empleados públicos. Las entidades locales (Ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades) también han disminuido el número de trabajadores un 6,9% desde enero de 2012.


Sin embargo, son las comunidades autónomas las que han prescindido de más empleados. En los últimos tres años y medio han despedido o jubilado a casi 74.000 trabajadores públicos, casi todos relacionados con la educación o la sanidad.


En este periodo las comunidades han disminuido en 28.491 el número de profesores y profesionales de la educación. Al mismo tiempo, han rebajado en 27.848 los profesionales sanitarios como médicos, enfermeras y asistentes sanitarios. Curiosamente la plantilla de la Administración de Justicia es la única que aumenta, un ligero 0,9%.


Desde 2010 la tasa de reposición de los empleados públicos —las sustituciones por cada baja— están congeladas salvo para algunos colectivos como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, médicos e inspectores de Hacienda entre otros para los que se permite un relevo por cada diez bajas.


"De los 2.522.631 empleados públicos registrados en la actualidad, el 63% es funcionario, el 24% es personal laboral y el 13% el resto del personal. Un 46,16% de todos los empleados públicos son hombres y un 53,84% son mujeres", señala Hacienda en un comunicado.


Fuente: El País







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/3538-el-numero-de-funcionarios-retrocede-un-6-desde-2012

CATALUÑA: Modificación de la Carta Municipal de Barcelona


LEY 18/2014, de 23 de diciembre, modificación de la Carta municipal de Barcelona (DOGC 29/12/2014)


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via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/3537-cataluna-modificacion-de-la-carta-municipal-de-barcelona

lunes, 29 de diciembre de 2014

Asamblea General CSITAL Barcelona 2014


El viernes 28 de noviembre de 2014 tuvo lugar en el Conservatorio Municipal de Música Victoria del Ángeles de Sant Cugat la Asamblea general ordinaria del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Barcelona del ejercicio 2014 en la que asistieron alrededor de 130 personas.


En el acto inaugural participaron la presidenta del CSITAL de Barcelona, María Petra Sáiz, la la Alcaldesa del Ayuntamiento de Sant Cugat , Mercè Conesa y el Presidente de la Federación de Municipios de Cataluña , Xavier Amor. Mientras que el acto de clausura contó con la Vicepresidenta de la Asociación Catalana de Municipios Nieves Lloberas, el Director General de Administración Local Jordi Souto y el Teniente de Alcalde de economía, empresa y empleo en el Ayuntamiento de San Cugat Carlos Brugarolas. Todos los representantes institucionales coincidieron en sus intervenciones en el papel clave que juegan los Secretarios, Interventores y Tesoreros en las administraciones locales de Cataluña, en su profesionalidad y su sentido del deber.


Finalizada la Asamblea. Hector García Morago, Magistrado de los juzgados contenciosos administrativos de Barcelona y secretario de administración local en excedencia, impartió la conferencia que llevaba el título "Competencias locales: presente y futuro".


En la asamblea también asistieron, representantes de la Oficina antifraude de Cataluña, de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, del Consorcio Administración Abierta de Cataluña, de los colegios profesionales de Economistas de Cataluña, Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, así como otras personalidades.


Todos los puntos de la asamblea fueron aprobados por unanimidad, puede consultar adjunto a esta página el programa, el resumen de prensa y la documentación de la Asamblea que tuvo por lema: "COMPROMETIDOS CON LA AUTONOMÍA LOCAL".


Más información en CSITAL.org







via Noticias Cosital http://www.revistacunal.com/noticias-mundo-local/3525-asamblea-general-csital-barcelona-2014

El TSJ de Madrid accede a la solicitud de traslado de una funcionaria a otro puesto de trabajo por motivos de de salud y/o rehabilitación de un hijo a su cargo

Se impugna la resolución que denegó a la actora, funcionaria de carrera con destino en Navarra, la solicitud de traslado a Madrid, dada la situación familiar de salud de su hijo con Síndrome de Down y con un grado de minusvalía del 75%, y ello al amparo del art. 66 bis RD 364/1995, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1135425

Asamblea General CSITAL Barcelona 2014


El viernes 28 de noviembre de 2014 tuvo lugar en el Conservatorio Municipal de Música Victoria del Ángeles de Sant Cugat la Asamblea general ordinaria del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Barcelona del ejercicio 2014 en la que asistieron alrededor de 130 personas.


En el acto inaugural participaron la presidenta del CSITAL de Barcelona, María Petra Sáiz, la la Alcaldesa del Ayuntamiento de Sant Cugat , Mercè Conesa y el Presidente de la Federación de Municipios de Cataluña , Xavier Amor. Mientras que el acto de clausura contó con la Vicepresidenta de la Asociación Catalana de Municipios Nieves Lloberas, el Director General de Administración Local Jordi Souto y el Teniente de Alcalde de economía, empresa y empleo en el Ayuntamiento de San Cugat Carlos Brugarolas. Todos los representantes institucionales coincidieron en sus intervenciones en el papel clave que juegan los Secretarios, Interventores y Tesoreros en las administraciones locales de Cataluña, en su profesionalidad y su sentido del deber.


Finalizada la Asamblea. Hector García Morago, Magistrado de los juzgados contenciosos administrativos de Barcelona y secretario de administración local en excedencia, impartió la conferencia que llevaba el título "Competencias locales: presente y futuro".


En la asamblea también asistieron, representantes de la Oficina antifraude de Cataluña, de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, del Consorcio Administración Abierta de Cataluña, de los colegios profesionales de Economistas de Cataluña, Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, así como otras personalidades.


Todos los puntos de la asamblea fueron aprobados por unanimidad, puede consultar adjunto a esta página el programa, el resumen de prensa y la documentación de la Asamblea que tuvo por lema: "COMPROMETIDOS CON LA AUTONOMÍA LOCAL".


Más información en CSITAL.org







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/3525-asamblea-general-csital-barcelona-2014

miércoles, 24 de diciembre de 2014

La Administración Local amplía su superávit hasta los 4.734 millones en los tres primeros trimestres del año


La Administración Local ha ampliado su superávit en los primeros nueve meses del año, hasta los 4.734 millones de euros, lo que representa el 0,44% del PIB, frente al registrado en el mismo periodo del año anterior que equivalía al 0,37% del PIB.


Así figura en los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas, correspondiente al tercer trimestre de 2014 en términos de contabilidad nacional, así como los datos de ejecución presupuestaria de las Corporaciones Locales correspondientes al mismo periodo, publicados en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.


Según estos datos, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas fue de 38.482 millones a finales del tercer trimestre de 2014, lo que supone una disminución del 13,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En términos del PIB, el déficit de las Administraciones Públicas equivale al 3,62% del PIB, muy por debajo del 4,25% registrado en el mismo trimestre de 2013.


El Presidente de la FEMP, que ha encabezado hoy la representación local en la Comisión Nacional de Administración Local, ha vuelto a insistir en la petición de que los Ayuntamientos puedan invertir este superávit en actuaciones financieramente sostenibles, una demanda “justa” que “resulta esencial para generar empleo y riqueza en los municipios”.


Ejecución presupuestaria de la Administración Local


El MINHAP también informa que la Administración Local aumentó su superávit un 22% en los tres primeros trimestres del año, hasta los 4.734 millones de euros, y que este resultado es consecuencia del crecimiento de los ingresos en un 2% interanual, mientras que los gastos se mantienen prácticamente estables respecto al año anterior con un ligero crecimiento del 0,2%.


Del total de recursos no financieros, que ascienden a 47.565 millones, destaca el crecimiento de los impuestos que ha aumentado un 5% respecto a septiembre de 2013 siendo la principal fuente de recursos del subsector. El IBI, que es el impuesto que tiene un mayor peso en los ingresos de las Corporaciones Locales, crece un 3,5% más que el año anterior.


Para más información sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Local


Fuente: FEMP







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De la Serna: “Las Entidades Locales cuentan con un nuevo balón de oxígeno para seguir impulsando la economía en los municipios"


El Presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, ha manifestado hoy su satisfacción por las medidas acordadas hoy en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), ya que “serán clave para el despegue de la economía en los municipios”.


En la novena CNAL que se celebra desde el comienzo de la legislatura, el Ejecutivo ha atendido algunas de las reivindicaciones que la FEMP había puesto encima de la mesa como, por ejemplo, la ampliación a diez años del plazo para devolver la liquidación negativa de 2013 y se mantiene abierto el debate sobre poder destinar el superávit municipal a inversiones financieramente sostenibles.


El Presidente de la FEMP y Alcalde de Santander ha afirmado que nueve de cada diez Ayuntamientos cerraron 2013 con un 0,52% de superávit por lo que, a su juicio, el que en 2015 se pueda invertir en actuaciones financieramente sostenibles el remanente de tesorería positivo con el que se cierre 2014 “es esencial para dinamizar la economía en los municipios”.


De la Serna considera que poder invertir el superávit que alcancen las EELL en 2014 (en los tres primeros trimestres del año se situó en 4.734 millones de euros, el equivalente al 0,44% del PIB) es una demanda sobre la que la FEMP seguirá insistiendo por considerarla de justicia.


El también Alcalde de Santander ha indicado que el Fondo de Impulso Económico informado hoy en la CNAL está destinado a aquellas Entidades Locales con acreditada salud financiera. Este mecanismo de financiación es el impulso definitivo para que los Gobiernos Locales puedan seguir generando actividad económica y creando empleo en sus territorios.


En la Rueda de Prensa posterior a la CNAL, el Presidente de la FEMP ha puesto de relieve también que se haya acordado ampliar a diez años el plazo que tienen las Entidades Locales para devolver la liquidación negativa de 2013. “Se trata de un merecido balón de oxígeno que revertirá positivamente en la economía de los municipios”.


“Las Entidades Locales han logrado, en muy poco tiempo, cambiar la tendencia de sus finanzas pasando de estar en déficit a tener un 0,52% de superávit y reduciendo su deuda hasta situarla por debajo del objetivo del 4% fijado por el Ejecutivo” ha manifestado. Por ello, la FEMP ha defendido y reivindicado la gestión municipal ante el Gobierno que, finalmente, ha adoptado esta medida que premia a las administraciones más cumplidoras con los objetivos de déficit y deuda.


De la Serna también ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que las Administraciones Locales vayan a tener un acceso al crédito en condiciones más ventajosas. Así, en la CNAL se ha informado de que las operaciones de crédito que formalicen las EELL en 2015 tendrán un tipo de interés del 0% anual, gracias a los denominados Fondo de Impulso Económico y al Fondo de Reordenación, dotados ambos con mil millones de euros.


Con este nuevo sistema, "el Gobierno ha dado un paso al frente en el camino de otorgar el mismo trato a las Entidades Locales que a las CCAA".


Asimismo, el FLA social dotado con mil millones de euros que se ha anunciado en la CNAL también es bienvenido por la FEMP ya que supondrá que las CCAA finiquiten la deuda que aún mantienen con los Ayuntamientos por servicios que éstos prestan por competencias que son autonómicas.


Por último, De la Serna ha recalcado que las Entidades Locales son la única Administración que ha logrado reducir su deuda en el tercer trimestre de 2014, situándose por primera vez por debajo de los 41.000 millones y del 4% del PIB, es decir, en parámetros inferiores a los fijados por el Gobierno para este ejercicio.


Si a las medidas adoptadas hoy en la CNAL se suma los buenos datos de déficit y deuda de los Gobiernos Locales, “nos encontramos con unas Administraciones con mayor capacidad de maniobra para gestionar sus finanzas”, ha señalado.


“Somos la única Administración española que ha rebajado sus niveles de deuda en el tercer trimestre y nos cabe la gran satisfacción de haber alcanzado y mejorado el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año 2014”.


Las cifras aportadas por el Banco de España se concretan en 40.781 millones de euros, como deuda total del sector local, y un 3,9% de peso de esta cantidad sobre el PIB, un porcentaje que rebaja en una décima el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año.


Con estos datos, el Presidente de la FEMP ha señalado que espera que el Gobierno termine por flexibilizar el techo de gasto, una demanda que, aunque no se ha acordado en esta CNAL, al menos se ha logrado arrancar del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el compromiso de su estudio.


Fuente: FEMP







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martes, 23 de diciembre de 2014

El Parlamento aprueba la Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local que avanza en el "reconocimiento" del municipalismo


El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este lunes, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, la nueva Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local, que sustituirá a la que en 2007 creó y reguló este órgano consultivo de colaboración institucional entre las entidades locales y la Junta, una normativa que reforzará sus funciones y avanzará en el "reconocimiento" del papel del municipalismo, frente a la supresión de competencias que recoge la Ley estatal de Reforma de la Administración Local.


Una de las novedades del nuevo texto es la aplicación del consenso como regla general para la adopción de acuerdos, respondiendo así a la naturaleza del Consejo como órgano de diálogo de composición paritaria y mixta. Asimismo, se incorporan adaptaciones a la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y se delimitan las competencias entre el Consejo Andaluz de Concertación Local y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales para evitar duplicidades de funciones.


El segundo de estos órganos, de composición exclusivamente municipal y provincial, y creado por la Laula con el fin de garantizar la autonomía local, tiene atribuidas algunas competencias que venía desempeñando el Consejo de Concertación y que ahora asumirá de forma exclusiva. Entre ellas figuran las de informar anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones generales y planes.


En los supuestos de informes a nuevas textos normativos, el Consejo de Concertación sólo intervendrá en caso de discrepancias entre el dictamen del Consejo Andaluz de Gobierno Locales y la consejería que los promueva. Así, este órgano mixto Junta-entidades locales intentará el acercamiento de posturas y evitará recurrir a los tribunales cada vez que surjan desacuerdos entre las dos administraciones.


La Laula, a la que se adapta el proyecto del Consejo Andaluz de Concertación Local, fue la primera ley en España que redujo la tutela previa de la Administración autonómica y otorgó a los municipios plena decisión sobre cómo organizan sus territorios, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios.


Entre otras disposiciones, delega competencias autonómicas, delimita las 29 que son propias de los entes locales y fija los procedimientos para nuevas transferencias de gestión. Los gobiernos locales pasan así de ser meros administradores a sujetos activos en la gestión de sus políticas.


La Laula se complementa con la Ley Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos Autonómicos, norma que desde 2011 obliga a la Administración andaluza a garantizar una financiación suficiente e incondicionada, es decir, respetando la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciben.


Posicionamiento de los grupos


En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Ana Mestre ha criticado el "uso torticero" que PSOE-A e IULV-CA hacen de los órganos y que no hayan aceptado las enmiendas presentadas por su grupo, entre ellas, la relativa que la presidencia de este órgano sea rotativa semestralmente, entre el presidente y el vicepresidente.


Por su parte, el diputado del PSOE-A Manuel Carmona ha indicado que "con la norma en la mano" se puede afirmar que los "negros vaticinios" realizados por el PP-A sobre que se trataría éste de un órgano para la confrontación y un "paso atrás" para controlar y reducir los derechos históricos de las corporaciones locales "no se han cumplido".


Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Serrano ha asegurado que su grupo va a apoyar toda reforma que refuerce las funciones de las entidades locales, que dé a los municipios plenas capacidades en su organización y que ofrezca garantías para la prestación de los servicios públicos.


Al término del debate, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas, ha asegurado que esta ley "refuerza el diálogo y la colaboración institucional" y ha agradecido a los representantes parlamentarios sus aportaciones y participación en un debate "necesario y oportuno" sobre una norma que nace con la finalidad de "reforzar las funciones locales y avanzar en el reconocimiento del municipalismo".


Fuente: Europa Press







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lunes, 22 de diciembre de 2014

El TS fija doctrina legal en relación al art. 6.2.4 de la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en la redacción dada por la Ley 53/2002

El TS fija como doctrina legal que el art. 6.2.4 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en la redacción que le dio art. 8.Uno de la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, vigente desde el 1 de enero de 2003, debe ser interpretado en el sentido de que para que una ejecución de obra tenga la condición de entrega de bienes a efectos del Impuesto General Indirecto Canario ha de reunir dos requisitos: que tenga por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación; y que el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados cuyo coste exceda el 20 por 100 de la base imponible.



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Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014


Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 (BOE 22/12/2014)


Ver aquí







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Revista Vasca de gestión de personas y organizaciones públicas. Último número

ESTUDIOS • Carmelo Basoredo Ledo; Nerea Eguiluz Aizpurua METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS (MCC2012), DE UTILIDAD EN TAREAS DE FUNCIÓN PÚBLICA • David Arribas Águila ALGUNOS APUNTES SOBRE LOS TESTS PSICOLÓGICOS Y SU USO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA • Jesús Palomar i Baget EL USO DE HERRAMIENTAS SOCIALES DIGITALES PARA […]



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viernes, 19 de diciembre de 2014

La competencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre expropiación forzosa impide la aplicación de leyes autonómicas que no se ajusten a las pautas de valoración del suelo contenidas en la norma estatal

Se recurre la sentencia que ratificó el acuerdo de la Comisión Valorativa sobre justiprecio de la finca expropiada para la ejecución de una Unidad de Actuación del PGOU de Málaga, en cuanto dicha Comisión consideró el suelo objeto de expropiación como urbano no consolidado en aplicación de la Ley autonómica 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero no así que se estuviera al método residual para hallar el valor de repercusión, al considerar que debía atenderse a las ponencias de valores.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1wrwIvE

El Parlament aprueba modificar la Carta de Barcelona para potenciar el autogobierno


Con 123 votos a favor, y la sola abstención de la CUP, supondrá la adaptación a la ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.


El Parlament catalán ha aprobado este jueves por unanimidad el proyecto de ley de modificación parcial de la Carta Municipal de Barcelona, de la que todos los grupos parlamentarios han resaltado su apuesta por el "autogobierno" de la ciudad y la "particularidad" de su estatus.


Con 123 votos a favor, y la sola abstención de la CUP, este proyecto de ley definido por la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, como de "consenso de todos los grupos municipales", supondrá la adaptación de la Carta Municipal de Barcelona a la ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).


Cuando se aprobó el proyecto de ley, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, afirmó que se adaptaba la Carta, entre otras cuestiones, para "sobrevivir" a la LRSAL, que la Generalitat y el mundo municipal catalán rechazaron de plano, presentando diversos recursos al Tribunal Constitucional.


Ortega también ha destacado que el proyecto permite reconocer por ley a la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Gaceta Municipal de Barcelona como diario oficial del Ayuntamiento.


La mayoría de grupos se han mostrado favorables al proyecto de ley, empezando por la diputada de CiU Anna Figueras, que ha destacado que el cambio propuesto permitirá "proteger, salvaguardar y mejorar el régimen especial de la ciudad".


En sintonía con esta posición se ha mostrado la diputada de ERC Agnès Rossinyol, que ha calificado el proyecto de ley como "necesario y adecuado", aunque ha cargado contra el Gobierno por la LRSAL, que ve como una "constante injerencia" de la administración central hacia la ley catalana y la Carta Municipal de Barcelona.


Por su parte, el diputado del PSC Ferran Pedret ha destacado el consenso que a su juicio genera la Carta Municipal y ha mostrado, en ls mismas palabras que otros grupos, su aprecio al carácter "necesario y adecuado" del proyecto de ley.


En la misma línea se ha expresado el diputado del PPC y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manuel Reyes, que ha calificado de "necesario" el autogobierno y el régimen especial que tiene Barcelona.


Por su parte, la portavoz de Ciutadans y alcaldable del partido en Barcelona, Carina Mejías, ha mostrado su agrado con los cambios propuestos y ha pedido que sean "muchas más las ocasiones en que el Parlament pueda dar protagonismo a la ciudad de Barcelona".


Más crítico se ha mostrado el grupo de ICV-EUiA a través de la diputada Marta Ribas, que se ha mostrado de acuerdo con el proyecto de ley aunque ha criticado a CiU que "estaría muy bien que el resto de municipios que no son Barcelona fuesen igual de prioritarios para CiU".


Isabel Vallet, de la CUP, grupo que se ha abstenido en la votación por considerar que había aspectos positivos en el proyecto de ley pero otros muchos que faltaban, ha dicho que la ley debería contemplar aspectos que, a su juicio, son claves, como "la vivienda o el transporte accesible a las clases populares".


Fuente: La Vanguardia







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jueves, 18 de diciembre de 2014

Los municipios abordan en unas jornadas el modo de optimizar la contratación de servicios energéticos


El Centro de Iniciativas Empresariales de la Diputación de Granada ha acogido este miércoles una jornada para que las administraciones locales incorporen criterios de eficiencia energética en la contratación de servicios públicos en cumplimiento de la recientemente aprobada Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones.


El Centro de Iniciativas Empresariales de la Diputación de Granada ha acogido este miércoles una jornada para que las administraciones locales incorporen criterios de eficiencia energética en la contratación de servicios públicos en cumplimiento de la recientemente aprobada Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones.


El vicepresidente segundo de la institución provincial y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, ha inaugurado la sesión señalando que "el desarrollo experimentado por nuestros municipios ha llevado aparejado un importante incremento de los gastos relacionados con el consumo energético de las instalaciones y servicios municipales".


Así, un servicio municipal básico como el del alumbrado público, "que juega un papel importante no sólo para el desarrollo de la actividad económica de cualquier territorio sino para su seguridad y bienestar, puede llegar a representar entre el 40 por ciento y el 60 por ciento del consumo eléctrico de un ayuntamiento y suponer un gasto de alrededor de 60 euros al año por habitante", ha añadido el vicepresidente segundo.


En este sentido, José Robles ha detallado que "los costes más altos se producen en los ayuntamientos más pequeños, en los de menos de 1.000 habitantes, debido al mal diseño del alumbrado y la antigüedad de las instalaciones", lo que conduce a un desaprovechamiento de la energía y desencadena la prestación del servicio sin las condiciones de calidad establecidas, un aumento de contaminación lumínica y un uso ineficiente de los recursos públicos.


Para responder a estos nuevos retos, los gobiernos locales cuentan con unos medios muy limitados y se enfrentan a estos problemas sin contar con la capacidad institucional y financiera necesaria. Por ello, desde el año 2011, la Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía vienen fomentando la realización de este modelo de contratación a través de diferentes acciones.


Una de ellas es la jornada que ha acogido el edificio CIE de la Diputación, dirigida principalmente a responsables de compra y contratación pública, así como a personal de mantenimiento de edificios y alumbrado público de municipios de toda la provincia, en la que se ha dado a conocer los últimos avances en la definición de criterios de eficiencia energética para la contratación pública a nivel español y europeo, y se han mostrado los aspectos legales más relevantes sobre la compra y contratación pública de servicios relacionados con criterios ambientales.


Bajo el título 'Eficiencia energética y contratación pública: contratos de servicios energéticos en la administración local', la jornada, de carácter eminentemente práctico, responde a la obligación de las administraciones públicas de adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, según se recoge en la ley 15/2014, de 16 de septiembre. Dicha ley establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones, cuando su coste de prestación sea superior a lo establecido por la normativa, de manera directa o a través de la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.


En la jornada se ha puesto de relieve que los elementos claves de cualquier contrato de servicios energéticos son la realización de una auditoría para decidir si un municipio necesita mejoras, la formalización de un contrato adaptado a las necesidades e inversión municipales y una revisión periódica y anual del cumplimiento de los objetivos marcados en dicho contrato.


Las principales conclusiones de la sesión se recogerán en una memoria final que servirá a los municipios de guía para la formalización de futuras contrataciones públicas.


Fuente: Europa Press







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miércoles, 17 de diciembre de 2014

Competencias municipales “disponibles”: régimen jurídico y algunos problemas pendientes

Cuando está próximo a cumplirse un año desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LERSAL, en lo sucesivo), puede ser oportuno abrir una ventana de reflexión en torno a una categoría evanescente de competencias municipales como es la de competencias “disponibles” o las que el legislador, tras la censura que realizara el Consejo de Estado, terminó acuñando como “competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación”.



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martes, 16 de diciembre de 2014

Taller Cositalnetwork: INTERVENCIÓN Y TESORERÍA: LOS INFORMES DE REPARO Y OTROS INFORMES DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA


Tras la modificación de la Orden HAP/2105/2012, y con motivo de la Regla de Gasto y la modificación del informe de Intervención, en este taller abordaremos la siguiente temática:


Intervención y Tesorería: los informes de reparo y otros informes de Intervención y Tesorería.


Para más información pincha aquí


En imagen Gerardo Armas, representante del Colegio de Tenerife.







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Los Ayuntamientos preparan más subidas de impuestos en 2015


Un tercio de los municipios españoles ha tenido que presentar planes de ajuste.


El Ayuntamiento de Jaén (116.176 habitantes) ha sido uno de los últimos en reconocer formalmente su situación de quiebra técnica. Según los datos de 2013, debe 521 millones de euros, 4.484 euros por cada uno de sus vecinos. La oposición al alcalde, José Enrique Fernández Moya (PP), sostiene que esa cifra puede rondar ahora los 600 millones, el doble del pasivo que tenía hace tres años. Es uno de los casos más sangrantes sobre la errática gestión municipal que han sufrido muchos ciudadanos, aunque, en su conjunto, los 8.116 municipios españoles han sabido ajustarse a las directrices de estabilidad presupuestaria a costa de recortes de servicios y despidos. Desde 2011 hasta enero de este año las entidades locales, incluidas Diputaciones y Cabildos insulares, han prescindido de 86.714 personas, el 13% de su plantilla, que ronda los 560.000 trabajadores. Estas y otras medidas, como el incremento del IBI por la revisión de los valores catastrales, les han permitido sanear sus cuentas y presentar un superávit conjunto del 0,44%.


Lo han conseguido gracias a su esfuerzo y a sucesivos planes del Gobierno. El ministro Cristóbal Montoro ha anunciado durante estos últimos tres años un abanico de actuaciones para que algunos los Ayuntamientos no se ahoguen en su propia deuda. Pero Hacienda, a cambio, se ha comportado como una suerte de troika. Según el plan presupuestario de 2015 que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas, 2.500 entidades locales, un tercio del total, están sujetas en este momento a planes de ajuste por haberse acogido al Fondo de Pago a Proveedores, un mecanismo que ha transformado su deuda comercial en financiera para hacer frente a las facturas guardadas en el cajón. La inyección para ellos ha sido de 11.000 millones de euros, equivalentes al 25% del gasto municipal español de 2013. Otro centenar de alcaldes se agarraron este año —a la desesperada— a un real decreto de medidas extraordinarias de liquidez para Administraciones en grave situación económica. Ese draconiano plan les facilita condiciones muy favorables para hacer frente a los créditos a cambio de recortes y subidas de impuestos.


Un tercer mecanismo les ha permitido aplazar durante 20 años las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondiente a 2008 y 2009. Sin esta ayuda habrían tenido que devolver al Estado 3.509 millones en 2014. Es la segunda vez que el Gobierno toma esta medida. Al primero de los aplazamientos, anunciado en 2012, se acogieron en 2012 un total de 2.924 Ayuntamientos y Diputaciones a cambio de asumir que cumplirían con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con el límite de deuda pública establecido, y con un periodo de pago medio a sus proveedores que no superase los 30 días.


La austeridad también está detrás de otra de las iniciativas que ha puesto en marcha el PP: la ley de reforma local, una de las normas más cuestionadas durante el mandato de Mariano Rajoy. Su objetivo es “aclarar” competencias municipales y evitar que dos Administraciones presten el mismo servicio. En el plan económico que Bruselas recibió el año pasado, el Gobierno explicaba además que la ley iba a permitir ahorros de 8.000 millones en el periodo 2013-2015. Curiosamente, son los mismos ahorros que el Gobierno espera obtener por la aplicación de esta norma en el periodo 2014-2020, según el documento actualizado que ha recibido la Comisión Europea.


Ese presupuesto detalla que, entre 2015 y 2016, los Ayuntamientos dejarán de prestar competencias que ahora les cuestan 3.075 millones de euros. Supuestamente esos servicios deberían ser rescatados por las autonomías, aunque sin un nuevo sistema de financiación todas se niegan a poner un euro más. La mayoría han legislado para que la reforma local, que lleva un año en vigor, no les afecte. Pero, pese a la fuerte contestación en los tribunales (el Constitucional tiene en su mesa nueve recursos contra distintos artículos de la norma), las medidas abocarán a muchos Ayuntamientos a seguir atornillando sus gastos de funcionamiento con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina (mayo de 2015).


El mecanismo de Pago a Proveedores les inyectó 11.000 millones


El nuevo plan que España ha remitido a Bruselas lo dice claramente: “Las líneas fundamentales de los presupuestos de 2015 [de los Ayuntamientos y Diputaciones] se orientan hacia medidas activas de política fiscal que se manifiestan en subidas tributarias y supresión de beneficios fiscales [...] y en la mejora de financiación de los servicios públicos mediante incrementos de tasas y precios públicos”.


La supresión o rebaja de los sueldos para alcaldes y concejales, uno de los argumentos iniciales del ministro Montoro para impulsar la ley, ha quedado reducida a la anécdota: supondrá el 0,88% del impacto en el gasto.


Fuente: El País







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El Estatuto del Concejal, que pretende aprobarse en febrero, aboga por más transparencia

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20141215/54421849442/el-estatuto-del-concejal-que-pretende-aprobarse-en-febrero-aboga-por-mas-transparencia-y.html

El decreto que regula los estatutos de las nuevas mancomunidades de CyL verá la luz antes de marzo

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20141215/54421460004/el-decreto-que-regula-los-estatutos-de-las-nuevas-mancomunidades-de-cyl-vera-la-luz-antes-de-marzo.html

lunes, 15 de diciembre de 2014

La Administración Local reduce su deuda y mejora el objetivo anual fijado para 2014


Ayuntamientos, Diputaciones Cabildos y Consejos Insulares rebajan su endeudamiento en el tercer trimestre del año. Los valores del sector local son los únicos que bajan, en contraste con los de Comunidades Autónomas y Administración General del Estado. Para el Presidente de la FEMP esto significa que “seguimos siendo un modelo de gestión”. Es la primera vez en los últimos tres años en la que la deuda se queda por debajo de los 41.000 millones y del 4% del PIB


“Somos la única Administración española que ha rebajado sus niveles de deuda en el tercer trimestre y nos cabe la gran satisfacción de haber alcanzado y mejorado el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año 2014”. Así lo ha manifestado el Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ante los datos de deuda de las Administraciones Públicas, correspondientes al tercer trimestre de 2013, que el Banco de España ha dado a conocer.


Las cifras aportadas por esta Entidad se concretan en 40.781 millones de euros, como deuda total del sector local, y un 3,9% de peso de esta cantidad sobre el PIB, un porcentaje que rebaja en una décima el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año. En su conjunto, el sector local ha reducido su deuda en un 5,4% respecto a los valores del tercer trimestre de 2013, mientras que AGE y Comunidades Autónomas la han incrementado en un 6,4% y un 16,15%, respectivamente. Para De la Serna, se vuelve a demostrar que las Entidades Locales “siguen siendo un modelo de gestión para el resto de las Administraciones”.


El Presidente de la FEMP también ha hecho hincapié en la evolución descendente de la deuda local, tendencia ya consolidada desde el primer trimestre de 2012, y en el buen comportamiento que han tenido la totalidad de las Entidades consideradas en el informe del Banco de España: Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y Ciudades Autónomas: “Estas cifras son el resultado de un trabajo continuado y prolongado, del esfuerzo y el compromiso que desde el mundo local hemos manifestado con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.


A su juicio, se trata de “un tanto más a sumar a otros datos positivos, como el del 0,52% de superávit con el que las haciendas locales españolas cerraron el pasado año, ayudando a inclinar la balanza de las cuentas nacionales hacia los objetivos fijados por Bruselas”.


Ante los datos conocidos hoy, Íñigo de la Serna ha reivindicado de nuevo la flexibilización del techo de gasto para los municipios, “una demanda que desde la FEMP no nos cansamos de repetir porque creemos que se trata de un reconocimiento de justicia a un sector comprometido, que ha venido trabajando de forma eficiente en sus cuentas y buscando soluciones innovadoras sin descuidar sus obligaciones de servicio y atención a los ciudadanos”.


Fuente: FEMP







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domingo, 14 de diciembre de 2014

Guía de contratos laborales actualizada a diciembre de 2014

Guía del Servicio Público de Empleo EstatalArchivado en: Cuestiones prácticas, reforma laboral Tagged: reforma laboral



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viernes, 12 de diciembre de 2014

El contrato de consultaría y asistencia técnica realizado en las dependencias de un Ayuntamiento, con la misma remuneración todos los meses, no es un contrato administrativo sino de naturaleza jurídico-laboral

Se estima el recurso interpuesto en el sentido de aumentar la indemnización establecida en la sentencia impugnada en virtud del despido improcedente comunicado por el Ayuntamiento demandado a la trabajadora demandante.



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Los primeros 44 días de la paga extraordinaria del 2012

Lo subrayado es lo que aparece en el informe de la ponencia del Senado sobre la ley de presupuestos generales del estado para 2015: Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la […]



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Los concellos gallegos gastan 242 millones en servicios sociales que son competencia de la Xunta


Uno de cada cinco ayuntamientos gallegos destina más del 20% de su presupuesto a competencias impropias


Una veintena de municipios reservan menos del 5% a planes para los más desfavorecidos.


31 de diciembre de 2015. Esa es la fecha que fija la reforma local diseñada por Hacienda para que los ayuntamientos transfieran a las comunidades los servicios sociales -competencias que pese a ser de titularidad autonómica asumen las administraciones locales- o, si así lo acuerdan, sigan en manos de los municipios pero con financiación del Ejecutivo autonómico. En poco más de un año, los concellos podrán deshacerse de los gastos en planes de asistencia social, áreas de atención a la mujer, drogodependencia, emigración o inmigración, psicólogos y educadores sociales o programas de fomento del empleo. En total, los ayuntamientos gallegos desembolsaron 241,7 millones de euros el año pasado para financiar actividades de competencia autonómica, una cantidad que supone el 14,2% de los presupuestos municipales, según el balance del Ministerio de Hacienda sobre el coste efectivo de los servicios locales.


Durante la negociación de los diez borradores de la reforma local, los alcaldes gallegos ya advirtieron en declaraciones a este periódico del "caos" que supondría delegar en las comunidades autónomas los servicios sociales que desde hace años prestan los ayuntamientos. Los "peor parados" si se produce ese traspaso, coinciden los regidores, serán los vecinos. ¿A quiénes se van a dirigir los ciudadanos cuando tengan que solicitar estos servicios, van a tener que ir a Santiago, a las delegaciones de la Xunta? ¿Qué va a pasar con el personal del concello dedicado a estas funciones? Son algunas de las preguntas que todavía hoy se hacen. Para evitar una merma en la calidad de estos servicios, los alcaldes defienden que las áreas sociales sigan en manos municipales y que sean costeados por la Administración autonómica.


Una vez aprobada la reforma local, el Ministerio de Hacienda dio una vez más la razón a los ayuntamientos. El propio ministro Cristóbal Montoro pedía hace un año a los ejecutivos autonómicos que delegasen en los ayuntamientos la red de prestaciones de proximidad sobre la que descansa el peso de la atención a los más desfavorecidos porque -aducía Montoro en una intervención en el Senado- son "los que mejor" lo hacen.


Ya el año pasado la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) manifestó su temor a que la Xunta se "viese forzada" a recurrir al Fondo de Cooperación Local -un plan que el próximo año superará los 113 millones y que permite a los concellos invertir estas partidas segundo sus prioridades- para hacer frente a estas nuevas obligaciones. Entonces, los alcaldes gallegos ya avisaban a la Xunta de su rechazo a un recorte de ayudas tras la reforma local.


Presupuestos


De los casi 242 millones de euros que salen de las arcas municipales en Galicia para servicios sociales, el 40% procede de ayuntamientos de la provincia de A Coruña (97,4 millones), seguido del gasto social en concellos de Pontevedra (70,9 millones), Lugo (45,5 millones) y finalmente Ourense (27,8 millones).


Los datos hechos públicos por Hacienda sobre el coste efectivo en 2013 de los servicios que prestan todas las entidades locales -a partir del próximo año tendrán que calcular el precio de los servicios los técnicos de los ayuntamientos- revelan que una quinta parte de los ayuntamientos gallegos (un total de 64 ) destinaron el año pasado más del 20% de su presupuesto a programas sociales pese a no ser de su competencia. De los 13 municipios de A Coruña que más dedicaron a gasto social destaca Boimorto (36,3%), seguido de lejos por Vedra (27,8%) y Vilasantar (25,6%).


Lugo concentra el mayor número de concellos que se dejan más del 20% de sus fondos en competencias impropias: hasta un total de 26. A la cabeza en la provincia lucense, con más de un 30% de su presupuesto total para servicios sociales, están As Nogais (36,5%), Xermade (35,2%) y Láncara (32,9%).


En Ourense, el gasto social en diez concellos supera la quinta parte de su presupuesto: Monterrei (27,7%), seguido de Ribadavia (23,5%) y Nogueira de Ramuín (22,51%). Finalmente, en Pontevedra son catorce los ayuntamientos con una inversión social por encima del 20%, con Moaña en el primer puesto de la lista (32,4%), seguido de Cerdedo y Cuntis (ambos con un 26,2%) y Mos (25,6%).


En el extremo opuesto, con menos de un 5% de su presupuesto reservado a programas sociales, están un total de 17 concellos: cinco de la provincia de A Coruña (San Sandurniño, Muros, Frades, Cee y Fisterra), diez de Ourense (Arnoia, Baltar, Beade, Os Blancos, Calvos de Randín, Carballeda de Valdeorras, Celanova, Cenlle, Lobeira y Verea) y dos de Pontevedra (Mondariz-Balneario y Nigrán).


De las ciudades, Lugo es la que más reserva de su presupuesto para servicios sociales (21,4%). Pero el resto de urbes están muy por debajo de esta media: Ferrol, 16,6%; Ourense, 11,3%; A Coruña 9,9%; Vigo, 9,2%; Santiago 6,6% y Pontevedra 6,1%. En inversión por habitante la partida asignada a gasto social en las ciudades gallegas es de 88,3 euros de media, un 14% por debajo de pequeños y medianos concellos (102,5 euros per cápita). En el caso del Ayuntamiento de Lugo la inversión social por vecino en 2013 fue de 157,1 euros, seguido de Ferrol (109,4) y A Coruña (95,1). Y muy de lejos se encuentran Vigo (66,7), Santiago (55,9) y Pontevedra (48,7).


Fuente: La Opinión A Coruña







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jueves, 11 de diciembre de 2014

La Administración autonómica no puede invocar sus competencias en materia de deslinde de vías pecuaria para despojar al Estado de bienes demaniales de su titularidad

Se discute en el presente litigio si es jurídicamente aceptable que una Comunidad Autónoma lleve a cabo una operación de deslinde de una vía pecuaria, que comporta la afección del bien a un uso incompatible con el que ya ostenta y que produce por sí misma un efecto traslativo de la propiedad, con la consecuencia de despojar al Estado de bienes demaniales -en cuanto afectos a la defensa nacional- de los que es titular, mediante un acto unilateral de la Comunidad Autónoma, y ello al margen de cualquier concertación con el Estado.



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El Portal de la Transparencia: mucho ruido y pocos datos


Examen de la nueva herramienta para acceder a información pública


Es necesario identificarse y conseguir una clave para solicitar información


Escasean los archivos descargables con formato reutilizable


La mayor parte de la información incluida ya estaba accesible en otros lugares de la Red


El nuevo Portal de la Transparencia, medida estrella de la puesta en vigor de la Ley del mismo nombre, abrió sus puertas poco después de las 12 del mediodía.


Prometía el acceso a más de medio millón de datos de la administración en un ejercicio modélico por parte del Gobierno. Sin embargo, tras un diseño limpio y aparentemente ordenado trufado de epígrafes que aluden a la 'transparencia' y el 'derecho a la información', no parece esconderse un gran caudal de datos que no fueran ya de dominio público.


Agrupada bajo los títulos 'Institucional', 'Normativa' y 'Económica' se encuentran los sets de datos disponibles. Entre los datos institucionales se encuentran, entre otros, los currículum de los altos cargos del gobierno. En el apartado de 'Normativa' nada nuevo: recoge textos legislativos que ya se publicaban en el Boletín Oficial del Estado o en la página del Congreso. Eso sí, estos documentos pueden descargarse en formato reutilizable. Quizás lo más interesante esté en la sección 'Económica', donde se pueden conocer contratos públicos, subvenciones o las retribuciones de los altos cargos del gobierno, entre otros. No obstante, la mayoría de esos datos ya eran públicos antes del lanzamiento del Portal de la Transparencia.


El acceso a la información, además, se ve limitado de entrada ante la escasez de ficheros descargables en formato reutilizable (xls o csv, por ejemplo, por citar los más comunes). Es preciso llegar a la información, con suerte tabulada, y rendirse al común 'copia-pega', con los inconvenientes que esto conlleva. No sólo eso, la información no está estructurada en documentos que agreguen información. Esto es, si uno desea revisar rápidamente los contratos cerrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá que ir pinchando uno a uno y extrayendo la información relevante: empresa contratada, concepto, importe y demás. Una información que, por otra parte, estaba ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.


El acceso a la información, además, se ve limitado de entrada ante la escasez de ficheros descargables en formato reutilizable (xls o csv, por ejemplo, por citar los más comunes). Es preciso llegar a la información, con suerte tabulada, y rendirse al común 'copia-pega', con los inconvenientes que esto conlleva. No sólo eso, la información no está estructurada en documentos que agreguen información. Esto es, si uno desea revisar rápidamente los contratos cerrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá que ir pinchando uno a uno y extrayendo la información relevante: empresa contratada, concepto, importe y demás. Una información que, por otra parte, estaba ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.


Fuente: El Mundo







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miércoles, 10 de diciembre de 2014

Procede la admisión del recurso contencioso-administrativo formulado al no impugnarse un acto que sea reproducción de otros anteriores definitivos y firmes

Se revoca el auto que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo deducido por la Diputación Provincial de Cuenca contra el acuerdo de la Dirección General de Coordinación y de Competencias de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, que versaba sobre valoración de la elegibilidad del gasto de actuaciones en bienes que no fueran titularidad de la Diputación.



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Las claves de la ley de Transparencia


La norma abre a los ciudadanos un portal con datos como los sueldos de los cargos públicos o las subvenciones del Gobierno


¿Qué es la Ley de Transparencia?


Una iniciativa impulsada por el Gobierno para «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho al acceso a la información». El objetivo es que los ciudadanos sepan en qué se gastan el dinero de sus impuestos.


¿Qué partidas económicas pueden conocerse?


Todas las subvenciones públicas superiores a los cien mil euros o cuando el 50 por ciento de los ingresos anuales de las instituciones tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros. Igualmente, se podrán conocer todos los sueldos de los altos cargos del Gobierno.


¿A cuántas instituciones y organismos afecta?


A esta ley están sometidos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Casa del Rey, las empresas que reciben un 50 por ciento de subvención pública, las iglesias, el Congreso y el Senado, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas, entre otros.


¿Cuáles son los límites a la información?


Las restricciones para facilitar la información solicitada son la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional. Igualmente, también se contemplan otras causas, como los intereses económicos o comerciales.


¿Qué es el Portal de la Transparencia?


La información se solicita a través de una web a la que los ciudadanos pueden dirigirse. Esta ventanilla única está permanentemente abierta las veinticuatro horas los siete días de la semana. En este portal se han invertido 1,4 millones de euros.


¿El Gobierno está obligado a dar la información?


No en todos los casos. En la norma se establece la figura del silencio administrativo. La Administración no está obligada a contestar y, al no hacerlo, se entiende que la petición ha sido rechazada.


¿Esta ley se extiende a autonomías y entes locales ?


Los ayuntamientos y las autonomías tienen una moratoria de dos años para aprobar sus propias leyes de transparencia.


Fuente: ABC







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Hoy entra en vigor la Ley de Transparencia. Normativa, vídeos, bibliografía, esquemas, etc.

http://contratodeobras.com/2014/12/hoy-entra-en-vigor-la-ley-de-transparencia-normativa-videos-bibliografia-esquemas-etc/

martes, 9 de diciembre de 2014

Control de la legalidad, pero sobre todo interiorización de la ética, La opinión de Víctor, blogs en Levante-emv.com

http://comunidades.levante-emv.com/blogs/victor_almonacid/control_de_la_legalidad_pero_sobre_todo_interiorizacin_de_la_tica-12296.html

El TS resuelve cuándo una entidad mercantil se entiende que está integrada en el sector público a los efectos de aplicar las limitaciones retributivas incorporadas por la Ley 2/2012, de PGE

La Sala acuerda desestimar el recurso interpuesto contra la sentencia de la AN que declaró no haber lugar a la demanda de conflicto colectivo relativo al derecho al incremento salarial en los términos pactados en el Acuerdo colectivo de revisión salarial entre la empresa demandada y la representación de los trabajadores; el fallo recurrido se basó en que la demandada estaba incluida en el sector público por lo que eran aplicables las limitaciones retributivas incorporadas por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de PGE.



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Costes de valorización energética de residuos solidos urbanos

La Directiva 98/2008, sobre residuos, con el fin de proteger el medio ambiente, establece que los Estados miembros deberán adoptar medidas para tratar los residuos de conformidad con una jerarquía de prioridades destinadas a fomentar diferentes formas de valorización, entre ellas la valorización energética. Como consecuencia surge la necesidad de implementar tecnologías de valorización energética de residuos sólidos urbanos que constituyan una vía de gestión complementaria al reciclaje material previo y que sean prioritarias a cualquier actividad de eliminación mediante incineración o a través de vertedero. Son diferentes las tecnologías que pueden aplicarse con la finalidad de llevar a cabo una valorización energética de los residuos, mediante procesos químicos, termoquímicos, bioquímicos, termomecánicos, mecánicos y biológicos, entre ellas la biometanización, la gasificación, la transesterificación, la fabricación de hidrocarburos, etc. Cada unos de estos sistemas presenta una serie de características que se adaptan a diferentes condicionantes sociales, ambientales, territoriales y económicos.


La posibilidad de escalar estos sistemas, unida a la menor dependencia de los vertederos de cola y al rechazo social que genera la eliminación mediante incineración, contribuye al acercamiento de los centros de tratamiento y valorización a los de producción de los residuos, minimizando los costes de transporte y transferencia y estableciendo el control de la trazabilidad como medida para implementar un sistema de pago acorde al principio de la directiva marco de residuos de “quien contamina paga”, consiguiendo además que la gestión de los residuos sea menos gravosa para los ciudadanos.


Tras una revisión bibliográfica de los sistemas aplicados para la valorización energética, se ha realizado un análisis de costes e ingresos para un ámbito territorial que incluye 13 municipios de la provincia de Granada (España) de entre 300 y 21.500 habitantes, agrupando una población de 93.300 habitantes con una generación de residuos urbanos de 45.000 t/año y una caracterización en torno al 50% de materia orgánica.


Las tecnologías analizadas en este estudio han sido la biometanización, la producción de CSR, la producción de combustibles hidrocarburados y la gasificación. La valoración de los criterios económicos asociados a cada alternativa ha incluido los costes de construcción e implantación, explotación y mantenimiento, así como los ingresos obtenidos por la venta del subproducto valorizable energéticamente. La aplicación de los diferentes sistemas analizados implica un coste que varía entre los 22,11 €/t en el caso de la fabricación de ecodiesel y 35,96 €/t para la tecnología de producción de CSR. Estos costes se consideran inferiores a sistemas tradicionales de eliminación mediante incineración con o sin recuperación energética o depósito en vertedero, que en ningún caso bajan de los 40 €/t. Se puede concluir que, para la zona de estudio, los sistemas más adecuados son la fabricación de ecodiesel y la gasificación.


Recientemente, el Senado ha aprobado la creación de una Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que evalúe la prevención, recogida, reciclaje, valorización y eliminación de residuos y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la UE en esta materia. Igualmente, analizará la estrategia a seguir en el futuro en materia de residuos.


La iniciativa responde al cumplimiento de los objetivos de reducción del vertido y pretenden “abordar sin prejuicios el tema de la valorización energética de los residuos no reciclables, que actualmente van al vertedero, intentando llegar al mayor consenso posible que evite los conflictos políticos en cada territorio y defina el número de plantas que cada territorio necesita en función del cumplimiento de los objetivos de gestión de residuos”.


Estaremos pendientes a las conclusiones del estudio aunque lo importante es que las administraciones públicas empiezan a entender que hay alternativas, mediante valorización energética, al problema de la eliminación de los residuos en vertederos o mediante incineración.








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San Sebastián y Barcelona lideran el gasto por habitante en servicios municipales básicos


Zaragoza, con medio millón más de habitantes que la capital guipuzcoana gastó 20 millones de euros menos, y se sitúa en el último lugar de la lista en gasto de este tipo.


La información de Hacienda y Administraciones Públicas también recoge el gasto de las entidades locales en actuaciones de protección y promoción social.


San Sebastián, Barcelona, Madrid, Tarragona y Granada son las cinco capitales de provincia que más gastan por habitante en servicios municipales básicos, como la limpieza viaria, el saneamiento, el agua o las basuras. En el otro extremo se encuentran Ávila, Valladolid, Cuenca, Mérida y Zaragoza.


Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el coste efectivo en 2013 de los servicios que prestan todas las entidades locales del país, según las liquidaciones de sus presupuestos. De la lista faltan los municipios vascos y navarros, con la excepción de la capital guipuzcoana; siguen otro cauce de información a Hacienda por el régimen foral, pero sus datos aparecerán también en el futuro.


La reforma local obliga a los municipios a calcular el coste de los servicios que prestan. Este mes se ha dado a conocer la primera oleada, aunque la información no está detallada sino distribuida en grandes capítulos de gasto. Todos los datos serán publicados anualmente por Hacienda para que los vecinos puedan consultar los de sus ayuntamientos.


Basuras y saneamiento


Uno de ellos, es el que recoge el gasto en los servicios propios de los ayuntamientos, es decir, el saneamiento, la luz, la gestión de residuos y basuras, vivienda y urbanismo o la limpieza viaria.


Distribuido este coste por habitante, la capital guipuzcoana es la que más dinero dedicó a estos servicios según los datos de 2013, 854 euros por vecino (128 millones de euros). Son 20 millones más de lo que gastó en estos mismos capítulos Zaragoza, con medio millón más de habitantes y un gasto per cápita de 158 euros, la cifra más baja del país.


La segunda capital de provincia que más dedica a estos servicios básicos por vecino es Barcelona (674 euros anuales en 2013), seguida de Madrid (592 euros), Tarragona (574), Granada (561), Córdoba (516) y Málaga (507).


Justo por encima de Zaragoza se sitúan Mérida (187 euros por habitante), Cuenca (278 euros), Valladolid (285) y Ávila (295). Casi la mitad de las capitales gastan entre 300 y 400 euros, 26 de ellas en total, y otras once invierten entre 400 y 500 euros per cápita al año.


Protección social


La información de Hacienda y Administraciones Públicas también recoge el gasto de las entidades locales en actuaciones de protección y promoción social, que incluye el gasto en atención y asistencia a jóvenes, infancia, mayores, minusválidos o fomento del empleo.


En este ranking, y también calculando el gasto por habitante según las cifras de 2013, Sevilla es la primera capital de provincia (191 euros por vecino), seguda por Lleida (185), Ávila (177 euros), Lugo (157), Logroño (151) y Soria (150 euros por habitante).


La mayoría de ciudades dedica entre 60 y 100 euros per cápita y por debajo de estas cifras se sitúan solo Murcia (58 euros), Santiago de Compostela y Badajoz (55 euros cada una), Alicante (52) y Toledo (50) y cierran la lista Teruel y Pontevedra (48 euros por habitante, respectivamente).


También ha incluido el Ministerio la información de la deuda pública de las entidades locales. Madrid ocupa el primer lugar en deuda por habitante (414 euros) y Badajoz, el último (35 euros).


Además de estos tres grandes grupos, Hacienda incluye otros tres. El denominado 'producción de bienes públicos de carácter preferente' se incluyen capítulos de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, como tiempo libre, ocio, cultura o deporte.


Como actuaciones de carácter económico Hacienda considera los gastos en desarrollo de actividad económica, como agricultura, ganadería o pesca, inversión en infraestructuras básicas y transportes, comunicaciones o I+D+I.


Por último, en el capítulo de actuaciones generales se incluyen los gastos en constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno, servicios información, participación ciudadana o administración.


Fuente: Lainformacion.com







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Secretarios e Interventores exigen la eliminación de los puestos de libre designación para controlar a los políticos


El colectivo denuncia que se ha producido durante años «un debilitamiento sistemático de los contrapoderes».


El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunitat Valenciana (Cosital) exige a las administraciones públicas que eliminen los sistemas de provisión de puestos de libre designación y que den «reconocimiento legal» a la capacidad de actuación de estos funcionarios públicos estatales en la gestión e implementación de las políticas públicas locales. Desde Cosital recuerdan que «si se hubieran atendido las reiteradas demandas del colectivo se hubieran podido prever y atajar en gran parte muchos de los males que han acaecido en nuestras entidades locales, municipales y provinciales», en referencia a los casos de corrupción y nepotismo que las han inundado en los últimos años.


El colectivo explica que se ha venido produciendo «durante muchos años un debilitamiento sistemático de los contrapoderes de carácter profesional, que en un Estado de Derecho son esenciales para equilibrar la balanza y articular un eficaz control del ejercicio del poder público». Es decir, una pérdida de libertad a la hora de ejercer sus labores que les han cercenado la capacidad de maniobra, argumentan. Además, añaden, «este debilitamiento se ha articulado con la pretendida excusa de una presunta mayor democratización de nuestras instituciones públicas y en especial las locales». El colectivo pide que la reforma de régimen local vaya más lejos en su capacidad de independencia respecto a los representantes políticos, de quienes en la actualidad depende, por ejemplo, su nombramiento.


Sentencia favorable


Como contó este periódico, Cosital consiguió tumbar el nombramiento por libre designación del interventor general de la Diputación de Valencia. En la sentencia, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano consideran que «en el procedimiento de libre designación rigen también los principios de mérito y capacidad». El ente provincial volvió a nombrar al interventor en su cargo, aunque ha vuelto a ser recurrido por Cosital.


Otra de las novedades que aporta el tribunal es que, el político que realiza la designación debe especificar «cuáles son las cualidades o condiciones personales y profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado para apreciar que aquellos criterios concurren en él en mayor medida que en el resto de los solicitantes». Esta sentencia es pionera en España y ha abierto la puerta a colegios de toda España para recurrir procesos de libre designación donde no han primado los méritos y capacidad.


Desde Cosital apuestan por que las Administraciones estatal y autonómica, así como todas las demás deben implicarse, como instituciones públicas, «en la protección del ejercicio de una función pública que obedece a los más estrictos principios de mérito y capacidad; así como a los de neutralidad, independencia, objetividad y profesionalidad; y arbitrar los órganos y los mecanismos necesarios para ello».


«La democracia es esencialmente transparencia y control del poder. Solo así se previenen fenómenos como la corrupción, si tener que aplicar después curas urgentes y lamentar sus efectos», concluyen.


Fuente: Levante.com







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viernes, 5 de diciembre de 2014

La justicia califica de accidente laboral la baja de un secretario municipal que discutió con su alcalde


El alcalde y el secretario de Ausejo tuvieron en el Ayuntamiento una «acalorada» discusión tras la que el profesional sufrió una crisis de ansiedad.


Discutir con el jefe, con lo que ello implica, puede considerarse como un accidente laboral. Al menos si de esa discusión se deriva una situación de baja. Así lo ha determinado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, tras revocar una sentencia del Juzgado de lo Social de Logroño, considera que la crisis de ansiedad que mantuvo al secretario-interventor del Ayuntamiento de Ausejo en situación de baja laboral después de una agria discusión con el alcalde (Rafael Fernández, del PSOE) -que vendría a ser su 'jefe'- fue consecuencia de un accidente laboral.


Los hechos que provocaron la baja del secretario-interventor tuvieron lugar el día 16 de julio del 2012, pero a juicio del afectado la tensión laboral, la tirantez entre él y el alcalde se fraguó en los meses previos después de que el primer edil le advirtiera, siempre según su versión, que debía ser «más flexible en la aplicación de la ley». Ante su negativa, asegura que se generó «un ambiente de trabajo hostil».


Y así llegaron uno y otro al 16 de julio. Hacia las 9 horas de aquel día -según los hechos probados del primer fallo que el TSJR no altera- tuvo lugar en el despacho del secretario una discusión «acalorada» entre él y el alcalde al negarse el primero a pagar la nómina de una de las trabajadoras (la sentencia no abunda más en los motivos). En un momento dado «el alcalde dio un golpe a la impresora que se encuentra en la oficina». Tras quince minutos de 'pelea dialéctica' el alcalde salió del despacho del secretario. Poco después lo hizo éste para dar una serie de instrucciones a los trabajadores sobre unos expedientes y abandonar el Consistorio de Ausejo. Tardó tres meses en regresar.


Su destino fue el servicio de Urgencias del San Pedro de Logroño en donde se le apreció «un leve eritema y erosión superficial lineal en cara lateral cervical» con impresión de «agresión física». Pese a ese informe médico la sentencia del juzgado apunta que no está probado «que por parte del alcalde se agrediera al actor ni que se le insultara o manifestara expresión vejatoria alguna».


«Ansiedad por agresión»


Ese mismo día su médico de cabecera, ante el cuadro de «ansiedad originado por la agresión», le firmó la baja laboral que fue renovando semanalmente hasta el 16 de octubre de ese año. El enredo entre uno y otro se completó con dos denuncias cruzadas: el alcalde le acusó de haberse llevado las claves de varias cuentas bancarias municipales; y el secretario, por sufrir «vejaciones, coacciones e incluso amenazas».


Y la puntilla la puso, ya en el 2013, la determinación de si la baja fue o no por accidente laboral. El primer médico evaluador dijo que sí; el equipo de valoración, que no; y la Seguridad Social hizo suya esta segunda idea para cargar el pago de las prestaciones a la mutua.


También el Juzgado de lo Social consideró que no era accidente laboral y valoró la discusión como «una incidencia de trabajo que no justifica la aparición del síndrome de ansiedad». Pero el TSJR le desautoriza, revoca su fallo y apunta que la discusión «mantenida en tiempo y lugar de trabajo» causó la crisis de ansiedad que necesitó atención médica y motivó su baja laboral. La Sala de lo Social profundiza en la importancia del lugar en que tuvo el enfrentamiento para recordar que la legislación considera accidente laboral «toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo». Además dice que así será salvo que se pruebe «de forma inequívoca» que no hay relación entre trabajo y enfermedad, algo que no ha quedado demostrado.


Así, la discusión entre alcalde (jefe) y secretario (trabajador) fue, además de acalorada, un accidente laboral.


Fuente: La Rioja.com







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Entidades catalanas piden al TC agilidad en el recurso sobre la reforma local


Las dos asociaciones de municipios más destacadas de Cataluña, ACM y FMC, han reclamado hoy al Tribunal Constitucional (TC) "agilidad" en la tramitación de los recursos presentados contra la Ley Estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración (LRSAL).


Así lo han constatado el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, en el marco de una sesión de trabajo que se ha realizado en el Consejo Comarcal del Vallès Occidental, junto a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).


"Pido al Tribunal Constitucional que sea rápido en la respuesta del recurso de inconstitucionalidad que han presentado 2.500 ayuntamientos de toda España en contra de la LRSAL", ha señalado Buch.


"Esta ley afecta directamente a cuestiones como los servicios sociales, los servicios de promoción económica o de otros que prestan los ayuntamientos", ha añadido el representante municipal.


En este sentido, el presidente de la FMC, Xavier Amor, ha destacado el carácter injusto de la nueva ley, que tiene consecuencias muy negativas en la gestión y el día a día de los municipios.


"No soluciona, empeora y además provoca mucha incertidumbre porque si una misma ley es interpretada diferente por dos secretarios o interventores municipales es que no es lo suficientemente clara", ha señalado Amor.


Fuente: La Vanguardia







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ARAGÓN: Convocatoria del Diploma de Especialización en Derecho Local de Aragón


ORDEN de 20 de noviembre de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se convocan, en convenio con la Universidad de Zaragoza, tres ediciones del Diploma de Especialización en Derecho Local de Aragón, a celebrar en Zaragoza (ZA0002/2015), Huesca (HU 0003/2015) y Teruel (TE 0004/2015), durante el año 2015 (BOA 5/12/2014)


Ver aquí







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jueves, 4 de diciembre de 2014

Aprecia el TS que se ha producido una actuación discriminatoria en la baja de una analista de Jurisprudencia del CENDOJ, por causa exclusiva de su maternidad

Se revoca el acuerdo del Pleno del CGPJ que desestimó la pretensión de la demandante de resarcimiento de retribuciones económicas como analista de Jurisprudencia del CENDOJ referida al periodo de licencia de maternidad, restitución de derechos e indemnización. Considera el TS que la baja de la actora en el sistema de análisis de sentencias se produjo por causa exclusiva de su maternidad y no, como argumenta la Administración, “por no haberse prestado el trabajo de manera efectiva”.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1FRLFcW

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Habilitados nacionales y prevención de la corrupción


José Picado Carballeira


Consultor y profesor en la Escuela de Finanzas


El debate sobre la corrupción celebrado hace unos días en el Congreso de los Diputados cumplió, con creces, todas las expectativas: fue un desastre. Cargado de eufemismos, de reproches, de "yo no hablaré de esto, pero...", de "y tú más", etcétera. Vamos, lo habitual en los últimos tiempos. Pero de propuestas concretas y medidas ejecutables en el corto plazo que pudiesen frenar -o al menos paliar- la plaga de comportamientos corruptos y actividades delictivas, poco o casi nada. La negación de la premisa mayor de corrupción generalizada por parte del presidente Rajoy y la lectura de algunas medidas ya presentadas hace un año, con algún pequeño retoque, fueron sus argumentos. Entre ellas, modificaciones legislativas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cambios en los modelos de financiación de los partidos políticos, el estatuto propio para altos cargos de la Administración, nuevos modelos de funcionamiento operativo y democrático de los partidos y otras del mismo tenor. De entre todas tal vez las más concretas y aplicables de forma inminente sean las que tratan sobre la reforma de la Ley de Contratos y, en particular, la limitación de los casos en los que se puede usar el procedimiento negociado en las administraciones locales.


El debate en la calle, en las universidades y en los medios es mucho más rico y productivo. Escuchamos al fiscal superior de Galicia reclamando "medidas de prevención, como crear una entidad independiente para controlar la gestión pública". O a catedráticos de Derecho Administrativo, como Agustí Cerrillo, explicando que todas las medidas que se están tomando "son a toro pasado, cuando el delito ya se ha cometido", y poniendo el acento nuevamente en las medidas de prevención". Hasta el propio Pérez Rubalcaba, ahora que "habla sin presión", se acuerda de la necesidad de tomar medidas para prevenir la corrupción y, en cualquier caso, con la suficiente eficacia y ejemplaridad que convenzan al corrupto de que más pronto que tarde va a ser cazado por sus fechorías.


Más cambios legislativos, nuevos órganos controladores. Esta es la receta. Porque si hacemos una ley nueva, seguro que será eficaz. Seguro que, esta vez sí, se va a cumplir. ¿Y por qué no se cumplen las que están en vigor? En el caso de la Administración local por una clara razón: los órganos preventivos, conocedores de la legislación y encargados de que se cumpla, los habilitados nacionales, fueron desactivados, despojados de instrumentos de control por el propio poder político al que deben controlar, aunque luego se les reclame esta responsabilidad. Los habilitados nacionales, secretarios, interventores y tesoreros, tendrían que constituir aquello para lo que fueron creados: el mejor de los órganos para el control administrativo interno, para la ayuda y el control del poder político, y para garantizar el cumplimiento exacto de la ley y los procedimientos. Repasemos las funciones que tienen asignadas por ley en su tarea de apoyo a la clase política:


- Promover las operaciones económicas, eficientes y eficaces, para que se puedan prestar servicios de la calidad acorde con la misión que la institución debe cumplir.


- Preservar los recursos frente a pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, fraude o irregularidades.


- Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas vigentes.


- Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente en los informes oportunos.


Ya ven. Aquí las tenemos, medidas eficaces, preventivas y de apoyo y control sobre la actividad del poder político, por lo demás legítimo (faltaría más) y democrático, pero desconocedor en la mayoría de las ocasiones del funcionamiento de la Administración. Únicamente haría falta devolver a los interventores y secretarios el importante papel que deberían desempeñar. Muchos alcaldes y concejales se lo pensarían dos veces antes de saltarse cualquier procedimiento de contratación, de destinar recursos públicos a tareas para los que no estaban presupuestados, o, como ha sucedido en Galicia, asistir a la creación en un ayuntamiento de una oficina de control presupuestario por parte de un alcalde al que el interventor no daba el visto bueno para la realización de gastos no previstos y con fondos no disponibles. Por no hablar del bochorno actual de la situación en Vigo, con un alcalde que mantiene contra la denuncia de la Dirección Xeral de Administración Local al jefe de contabilidad en el puesto de interventor cuando no posee ni el mérito ni la capacidad para ejercer esas funciones de rango superior. Lo de siempre, un político por encima del bien y del mal, por encima de la ley y los procedimientos, actuando en nombre de los votos que obtiene en cada contienda electoral y erigiéndose en el único valedor del buen hacer y buen gobierno de los dineros públicos. A un paso del caos, del descontrol y del juez.


Fuente: Economía Digital







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