El pleno de la Diputación Provincial de Málaga ha aprobado este jueves una moción, a iniciativa del equipo de gobierno del PP, en la que se exige a la Junta de Andalucía que se constituya una mesa técnica para programar, durante dos años, la transferencia de los servicios que se prestan en los centros especializados que actualmente son competencia de la institución supramunicipal, en virtud de lo dispuesto en la ley de reforma de la Administración local.
Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Salado, se trata de que el Gobierno andaluz se haga cargo de la gestión de estos centros a través de un convenio o, en su caso, asuma el coste económico que suponen los servicios prestados en ellos.
En concreto, la institución provincial tiene a día de hoy bajo sus competencias el centro Virgen de la Esperanza; el de Guadalmedina, la Unidad de Estancia Diurna de Personas Mayores; la residencia de mayores de San Carlos, ubicada en Archidona; la de la Vega de Antequera, y el Centro Provincial de Drogodependencia.
Así, la idea del equipo de gobierno de la Diputación es que de esa comisión técnica, de la que debería formar parte un representante de la Subdelegación del Gobierno, salga como resultado "un calendario de cesión de la gestión" a la Junta.
"No se le puede reprochar a la Diputación el esfuerzo presupuestario que ha hecho históricamente para atender a las personas más necesitadas de la provincia", ha defendido Salado, insistiendo en que "ya va siendo hora de que la Junta cumpla sus obligaciones y compromisos, y que haga sus deberes".
De este modo, en palabras del portavoz 'popular', "hay una gran falta de pudor" por parte de IU y PSOE --quienes han mostrado su rechazo a esta iniciativa--, "por el hecho de utilizar a las personas que tienen dificultades económicas en su discursos políticos demagógicos".
Asimismo, Salado ha considerado que la postura de la oposición con respecto a la ley de reforma de la Administración local, "que dice que estos servicios son competencia exclusiva de la Junta", responde a que "está preocupada porque sabe que el chiringuito se les cae".
"El hecho de que la Diputación y los ayuntamientos hayan estado asumiendo sus competencias en este momento se les cae porque tendrán que ponerse a trabajar y a destinar recursos a sus obligaciones, lo que no han estado haciendo hasta el día de hoy", ha criticado el portavoz del PP.
En esta línea, Salado ha respondido al regidor del municipio de Archidona, Manuel Sánchez (IU), quien ha intervenido desde la tribuna de alcaldes en la sesión plenaria, reprochándole que solicite a la Diputación apoyo para San Carlos, cuando en la propia residencia municipal --gestionada por una empresa privada-- hay, según el PP, 30 plazas vacías.
"Es un discurso totalmente contradictorio, demagógico y de tergiversación de la realidad", ha criticado Salado, añadiendo que el alcalde de esta localidad "no debe ser manipulado por su partido, porque sabe cuál es la situación de su residencia".
Al respecto, la portavoz de IU en el ente, Antonia Morillas, ha criticado que esta propuesta demuestra que "la destrucción de empleo y el desmantelamiento de los servicios públicos, son las principales señas de identidad del equipo de gobierno del PP". "El PP se quita definitivamente la careta", ha apostillado.
Según ha argumentado Morillas, "el PP trae una propuesta para escaquearse del pago y del mantenimiento de los centros especializados de la Diputación", recordando que para todo lo que tiene que ver con el ámbito de los servicios sociales, la ley para la reforma de la Administración local no entra en vigor hasta diciembre de 2015.
"A qué tanta prisa en el desmantelamiento de los centros de servicios sociales, por qué el PP se esmera en destruir servicios que atienden derechos fundamentales de la ciudadanía", se ha preguntado la portavoz de IU, afirmando, además, que "el PP no tiene ningún reparo en mantener, y no someter ni siquiera a discusión, otras competencias que podrían ser bastante mas discutibles".
PROTESTA DE LOS EMPLEADOS
Por otra parte, coincidiendo con el pleno, los seis sindicatos representados en la Diputación --UGT, CCOO, ASED, CSIF, ATD y STAL-- han convocado una concentración a las puertas de la institución provincial, en la que han participado unos 200 trabajadores para protestar por la política de personal llevada a cabo por el equipo de gobierno desde el año 2011.
Así, los trabajadores del ente han aprobado el manifiesto 'Defiende tu Diputación. Por los derechos laborales y el mantenimiento de los servicios públicos', en el que, entre otras cosas, se denuncia que en los últimos meses la institución provincial ha reducido "drásticamente" la cobertura de las vacantes que se generan, sobre todo, en los centros asistenciales.
En este punto, IU ha llevado al pleno una moción urgente con la intención de trasladar las reivindicaciones de los trabajadores públicos, que, según ha señalado Morillas, han soportado el 65 por ciento del ahorro del ente.
Por otro lado, han presentado una moción solicitando al equipo de gobierno a que se comprometa a no utilizar a las empresas privadas para la sustitución de vacantes, bajas o periodos vacacionales; "evitando la posible ilegalidad, respetando al personal de las bolsas", a raíz de la denuncia de las trabajadoras de limpieza de la bolsa.
'HUB' EN EL AEROPUERTO
Por su parte, ha sido rechazada con los votos en contra del PP una moción en la que el PSOE pedía instar a la Diputación a que solicite al Ministerio de Fomento que modifique el plan de infraestructuras para 2015-2020 e incluya al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como 'hub' --centro de conexión internacional--, junto con los aeródromos de Madrid y Barcelona.
De este modo, el portavoz de los socialistas, Francisco Conejo, ha lamentado que el Gobierno central "se ha olvidado del aeropuerto más importante del sur de Europa", y ha señalado que se trata de una iniciativa "estratégica para la economía y la riqueza de la provincia".
El PSOE ha insistido en que el aeropuerto de Málaga "tiene capacidad para multiplicar por dos su número de pasajeros", pudiendo alcanzar los 30 millones de viajeros, según ha afirmado Conejo, "si se utilizara a pleno rendimiento las infraestructuras que se han ejecutado años atrás".
OTRAS MOCIONES
Por otro lado, IU ha presentado una moción para pedir al equipo de gobierno que cree una mesa técnica en la que estén representados los grupos de la oposición y los sindicatos, con el objetivo de impulsar un plan de incentivos fiscales para todos los establecimientos de alojamiento turístico, "especialmente a aquellos que tienen menos recursos y capacidad para mantenerse abiertos".
La portavoz de Izquierda Unida ha explicado que su grupo plantea esta iniciativa a raíz del anuncio que hizo el PP para bonificar el 50 por ciento del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a estos establecimientos.
Sin embargo, Morillas ha matizado que este tributo se recauda a aquellos cuya cifra de negocio es superior al millón de euros, por lo que ha considerado que se debe tener en cuenta "la enorme diversidad de los establecimientos turísticos que tienen una cifra de negocio muy inferior".
Por último, el PP ha aprobado una moción para instar a la Junta de Andalucía a que "recapacite" y "reorganice" el proyecto del AVE Sevilla-Antequera, "paralizado sine die". "Es fundamental para el desarrollo turístico y económico de Málaga y no queremos renunciar a él", ha señalado Salado.
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