viernes, 25 de abril de 2014

El Gobierno del Principado de Asturias concretará el alcance de la reforma local para evitar litigios entre administraciones


Los ayuntamientos tendrán que demostrar que cumplen con la estabilidad financiera y precisar las competencias impropias que desarrollan.


El Gobierno asturiano aprobará en las próximas semanas un documento en el que establecerá con precisión la incidencia de la reforma local en el ámbito autonómico y las consecuencias que tiene su desarrollo para los ayuntamientos y el propio Principado. Según explicó ayer en Gijón el viceconsejero de Administraciones Públicas, Álvaro Álvarez, el Ejecutivo con esta iniciativa pretende ofrecer una única interpretación de la ley y evitar así posibles conflictos entre las diferentes administraciones. «Debemos aclarar con detalle el alcance de la norma», aseguró Álvarez, que ofreció ayer una conferencia en la sede del PSOE gijonés bajo el título 'Consecuencias de la reforma local del PP: la perspectiva de las comunidades autónomas'.


El Principado tiene previsto exigir a los ayuntamientos sendos certificados en los cuales se constate, por una parte, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, y por otra, defina qué competencias impropias desarrollan. El objetivo, abundó el viceconsejero, es impedir que más de una administración se haga cargo de la misma atribución.


Álvarez salió al paso de las últimas críticas dirigidas por algunos ayuntamientos, que acusaron al Principado de rehuir sus responsabilidades y no asumir el pago de determinados servicios. En concreto, el viceconsejero de Administraciones Públicas se refirió a Gozón, cuyo alcalde criticó al Ejecutivo regional por no asumir el coste de los servicios de salvamento. «Esa responsabilidad no es del Principado», detalló Álvarez, que aseguró que la titularidad corresponde al Estado, que asignó a los ayuntamientos la competencia a través de la Ley de Costas. «La Administración regional asume el 30% del coste, aunque no tengamos obligación alguna», ahondó.


Lo mismo ocurre, según Álvarez, con el gasto energético de los colegios. La opinión de los ayuntamientos asturianos es que debe ser el Principado, como titular de las competencias de Educación, quien asuma este gasto. «Los municipios tendrán que seguir costeando este pago hasta que no se produzca la reforma de la financiación autonómica y local, donde se precisen las responsabilidades de cada administración», añadió el viceconsejero, que advirtió de que los ayuntamientos tendrán menos competencias con la reforma. Gijón, por ejemplo, perderá parte de las políticas de empleo que ahora desarrolla.


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Los expertos remarcan que la corrupción no se ataja incrementando penas sino con más medios y agilizando procedimientos


Comparecencias en le Congreso de los Diputados.


Retrasar la prescripción, prohibir pagos a partidos en metálico y simplificar los tipos de cohecho, entre sus propuestas.


Los dos profesores de Derecho Penal que han comparecido este jueves ante la Comisión Constitucional del Congreso han coincido en remarcar que para atajar la corrupción no es necesario incrementar penas ni crear nuevos tipos delictivos, sino impulsar medidas de prevención, dotar de más medios a la Justicia, garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones y agilizar los procedimientos judiciales, especialmente en la fase de instrucción.


Así lo han puesto de relieve tanto el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas Javier Gómez Lanz, quien ha comparecido ha propuesta del PP, como su colega de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico, invitado por el PSOE.


"Crear más penas o nuevos delitos no es la panacea", ha afirmado Gómez Lanz, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que se garanticen mejores posibilidades de persecución de los delitos y para el cumplimiento efectivo de las sanciones. "La lista de espera para la ejecución de las penas es surrealista", ha alertado Dopico.


LA INSTRUCCIÓN, A LOS FISCALES


Gómez Lanz ha recalcado que "la reforma del proceso penal es mucho más importante que la reforma penal", tesis en la que ha incidido Dopico, para quien "el arsenal punitivo" español es "bastante amplio" y en lo que hay que trabajar es en incrementar los medios humanos y materiales y en modificar la fase de instrucción pasándola de los jueces a los fiscales.


En opinión de Dopico, actualmente en la fase de instrucción se tratan asuntos que deberían circunscribirse a la parte del enjuciamiento lo que ralentiza considerablemente su ritmo, por ejemplo, con la constante presentación de recursos. "La lentitud de la instrucción penal no puede resolverse con pequeños parches; requiere una respuesta general", ha puntualizado.


Además, ha pedido que se corrijan los plazos de prescripción para los delitos de cuello blanco que, ha comentado, suelen tardar tiempo en llegar a los tribunales, con el consiguiente riesgo de que prescriban.


FINANCIACIÓN ILEGAL


En cuanto a la financiación ilegal de los partidos, Dopico considera que los tipos penales no plantean "lagunas graves", aunque sí advierte de que el delito de falsedad contable o de 'contabilidad b' ha tenido hasta ahora "un juego muy reducido" porque se limita al ámbito electoral. Por eso sugiere que se saque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) donde sólo se penaliza al administrador de una candidatura de manera que se pueda perseguir otros responsables de las fianzas de los partidos.


En conexión con la financiación ilegal están las donaciones. Dopico apuesta por penar tanto al que dona como al que recibe la donación y demanda que "se tome en serio la prohibición de pagos de cierta cuantía en metálico y que se consagre el pago estrictamente bancario". También pide que se cierren todos los "atajos" que, a su juicio, contempla la legislación actual para soslayar la prohibición de determinadas donaciones y que se equipare el tratamiento en este ámbito para partidos y fundaciones.


En relación con los contratos públicos y la incidencia de los casos de corrupción en el ámbito local, tanto Dopico como Lanz han llamado la atención sobre la situación de los interventores de los ayuntamientos y han reclamado medidas para preservar su independencia y facilitar su labor de control.


CONTROL DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS


En concreto, Dopico ha denunciado el "incontrolable poder" político que tienen los ayuntamientos a la hora de cerrar contratos públicos y la sistemática "desactivación del cuerpo de interventores" que son en su mayoría interinos y dependen tanto disciplinaria como económicamente de los gobiernos locales a los que tienen que controlar.


Por su parte, Gómez Lanz ha abogado por atribuir la responsabilidad criminal de las personas jurídicas además de a partidos y sindicatos como se hizo en 2012 a las agencias o entidades públicas empresariales cuando se verifique han sido creadas con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal, así como en los casos de delitos electorales.


Respecto a la malversación, Gómez Lanz considera que la nueva regulación mejorará la vigente si bien ha puesto algunas pegas a determinados puntos relativos al tipo atenuado de malversación y a la denominada malversación imprudente, para la que, a su juicio de contempla una pena excesiva.


Además, ha sugerido que simplifique la regulación del cohecho porque considera que el ordenamiento español recoge demasiados tipos de este delito (propio, impropio, activo, pasivo...). En su opinión, debería "castigarse sin más" la aceptación y solicitud de una dádiva o soborno sin vincularlo expresamente al acto pretendido por el cohechador.


ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO


Gómez Lanz ha explicado que la Convención contra la Corrupción de la ONU contempla el delito de enriquecimiento ilícito un tipo delictivo que, para él, plantea varios problemas como "la inversión de la carga de la prueba" --ya que es el reo quien debe justificar razonablemente el incremento de su patrimonio--.


En este punto, ha advertido de que si se decide incorporar este delito su pena "debe ser significativamente más leve" que la prevista para otros delitos contra la administración pública y recoger medidas para evitar la doble punición (por el delito contra la administración y los que hayan podido cometer en paralelo).


Por otra parte, Gómez Lanz también ha expresado sus reservas acerca de la limitación del ejercicio de la acción popular que ha planteado el Gobierno, sobre todo en los procesos por delitos de corrupción.


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El vicepresidente de a Xunta de Galicia celebra la "primera" reforma local


Admite aspectos "criticables" pero destaca que busca "ayuntamientos sostenibles económicamente" y evitar "duplicidades" en la prestación de los servicios.


El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este jueves que la reforma local que se ha aprobado a nivel estatal supone la "primera" modificación de la estructura administrativa y ha valorado que, pese a tener aspectos "criticables", pretende "ayuntamientos sostenibles económicamente" y evitar "duplicidades" en la prestación de los servicios.


Dicho esto, en la inauguración de un curso monográfico sobre la reforma local en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), ha expresado su deseo de que "en un plazo corto" pueda acometerse la modificación de la Ley gallega de administración local, vigente desde 1997.


El pasado mes de marzo, la Xunta aprobó la norma de medidas urgentes para la aplicación de la reforma estatal, pero decidió no tocar el marco gallego hasta que se concrete el nuevo modelo de financiación autonómica, que se empezará a negociar en próximas fechas.


Precisamente a través de esta ley pretende la Xunta "mejorar" la reforma estatal, en concreto, esos aspectos que pueden ser "criticables" de los que Rueda ha hablado este jueves. Por ello, ha puesto en valor la celebración de jornadas como la que acoge la EGAP y ha avanzado que habrá otras que permitan profundizar en esta materia.


HACER "ÚTIL Y PRÁCTICA" LA REFORMA


"Creo que es bueno que entre todos analicemos una reforma que llevaba muchos años esperando para hacerse", ha subrayado, en declaraciones a los medios a su llegada al acto, convencido de la utilidad de las conclusiones que puedan extraerse.


A partir de ahí, el objetivo es diseñar desde el ámbito autonómico "instrumentos que hagan útil y práctica" la reforma local en Galicia. "Ése es un objetivo que tenemos que cumplir entre todos", ha remachado, consciente de que queda "mucha tarea por delante".


Por ello, en la inauguración de las jornadas, el vicepresidente gallego ha animado a los presentes --unas 200 personas-- a trabajar con una mirada "constructiva" sobre esta legislación, que lleva "cuatro meses" en vigor, y su adaptación a Galicia.


En este monográfico participarán, según ha detallado la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, "profesionales de reconocido prestigio" de la justicia, la universidad y la administración local.


Abordarán cuestiones "necesitadas de cierta precisión", por ejemplo, relativas a la incidencia de la reforma estatal en las haciendas locales, la reestructuración del sector público y el empleo público.


OBJETIVO DE LA REFORMA LOCAL


Sobre el texto aprobado por el Congreso el pasado mes de diciembre con los votos de PP, PNV y UPN, Rueda ha explicado a los medios que pretende "buscar ayuntamientos sostenibles económicamente" y "definir bien las competencias de cada administración".


"Al final, a los vecinos lo que les importa es que los servicios estén bien prestados, con independencia de la administración que los preste", ha interpretado, y ha abogado por clarificar "entre todos" qué labores corresponden a los ayuntamientos y cuáles a la Xunta y qué financiación requieren para llevarlas a cabo.


"Si conseguimos hacer eso, que no es nada fácil, estaremos cumpliendo un objetivo fundamental", ha subrayado el también conselleiro de Presidencia, para quien "la administración necesita ser reformada, simplificarse y funcionar con los recursos que hay". "Que, desgraciadamente, son muchos menos de los que había hace unos años", ha apostillado.


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jueves, 24 de abril de 2014

La Junta de Castilla y León y los grandes ayuntamientos acuerdan cerrar en 15 días el mapa territorial de áreas funcionales

Carece de cobertura legal la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid que otorga a Entidades Colaboradoras la gestión de licencias urbanísticas

Se confirma la sentencia que anula los artículos de la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, sobre Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas de Actividades de 2009, que otorgan a las Entidades Colaboradoras la gestión de licencias urbanísticas, por carecer de cobertura legal.



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Conforme a la LPGE para 2013 cabe ampliar la masa salarial del personal laboral del sector público estatal siempre que tenga por finalidad la consecución de determinados objetivos

Estima la AN la demanda de conflicto colectivo, y declara el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a que las condiciones de integración en grupos y niveles retributivos o de progresión económica de la Disp. Trans. 4.ª del XVII Convenio Colectivo de TRAGSA, se apliquen al ser compatible con la LPGE para 2013.



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La FEMP saca a licitación la plataforma electrónica de su Central de Contratación


Las empresas que deseen optar a prestar este servicio tienen de plazo para presentar su solicitud hasta el próximo día 7 de mayo. Además, la Federación ha colgado en su Perfil del Contratante y en la Plataforma de Contratación del Estado los anuncios previos para la contratación centralizada de 8 nuevos servicios y suministros, que se sumarán a los que ya se ofrecen a través de la Central de Contratación.


La Federación Española de Municipios y Provincias tiene abierto un procedimiento negociado con publicidad para contratar los servicios de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la implantación de un modelo integral de contratación centralizada para las Entidades Locales asociadas a la institución.


Las empresas interesadas en optar a esta licitación podrán hacerlo hasta el próximo día 7 de mayo, remitiendo su solicitud de participación y la documentación requerida a la Secretaría General de la FEMP.


La Junta de Gobierno de la Federación aprobó el pasado 28 de enero la puesta en marcha de su Central de Contratación, con la visión de ser la Central de Contratación de todas las EELL españolas. Una opción factible tras haber sido equiparada al resto de entidades del sector público en lo que a capacidad de centralización de compras se refiere, gracias a la modificación operada en la Ley de Bases de Régimen Local por la reforma local que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013.


La Central de Contratación de la FEMP está despertando enorme interés entre los Gobiernos Locales, que están incorporándose a la misma de manera exponencial desde su fecha de creación.


En la actualidad, ya se prestan tres servicios -riesgos y seguros; cobro de multas en el extranjero y asesoramiento para optimización del gasto municipal- desde la Central de Contratación de la FEMP. Sin embargo, este número aumentará en breve pues ya se ha procedido a anunciar en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el Perfil del Contratante y en la web de la Central de Contratación de la FEMP la intención de licitar otros 8 servicios o suministros, como el de combustible para automoción y calefacción; de energía en alta y baja tensión; de gas natural; de telefonía; luminarias con tecnología LED o servicios postales, entre otros.


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17 propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción


Los expertos explican en el Congreso cómo mejorar el combate a los corruptos.


El fiscal general denuncia la falta de medios y de leyes contra la corrupción.


Los tres expertos que han comparecido en el Congreso han desgranado algunas de sus propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción. Estas son algunas de ellas.


Eduardo Torres-Dulce (Fiscal general del Estado).


Nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca un nuevo proceso acorde con los tiempos en el que la instrucción la asuman los fiscales y que sea mucho más ágil y eficaz, con criterio de oportunidad. Si por plazo ya no es posible, que se hagan reformas parciales urgentes.


Que la instrucción no sea el fin, sino el medio para llegar a la vista oral.


Evitar los macrojuicios, al no ligar la suerte de un cúmulo de hechos al último y pormenorizado detalle de un proceso.


Más medios materiales y personales.


Acceso de la fiscalía a bancos de datos de registros de propiedad y mercantiles, de Seguridad Social y Hacienda, entre otros. Mejor colaboración y coordinación con las fuerzas de seguridad.


Restringir las conformidades en casos de corrupción.


Delimitar las imputaciones solo para cuando haya indicios claros.


Evitar los indultos a corruptos.


Benigno Pendás (Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).


Extender a diputados, senadores y Administraciones autonómicas la ley de altos cargos.


Mejorar las retribuciones de cargos políticos, al tiempo que se refuerzan sus incompatibilidades y se regula mejor la “puerta giratoria” entre las actividades públicas y privadas.


Mayor control sobre las fundaciones ligadas a los partidos y prohibición absoluta de condonación de créditos a partidos.


Mejor financiación pública de los partidos, para compensar la restricción de la privada.


Cambios en las leyes de urbanismo para garantizar el control.


Ramón Álvarez de Miranda (Tribunal de Cuentas).


Apoyo al proyecto de ley del Gobierno que aumenta las atribuciones del Tribunal de Cuentas y la capacidad para actuar contra los partidos por incumplimientos legales.


Mayor capacidad para actuar contra quien no colabore con la institución en la fiscalización de cuentas.


Aumento de la plantilla del personal que está congelada desde hace años.


Crear una unidad específica para partidos políticos con más personal para evitar los retrasos en la emisión de los informes, que ahora tienen un plazo de decalaje de siete años para los partidos.


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Vademécum sobre la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: 100 cuestiones en relación con su aplicación. Competencias municipales

En este artículo publicado por Diario de Derecho Municipal (IUSTEL) se recogen algunas de las Cuestiones y sus respectivas respuestas del "Vademécum sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 100 cuestiones en relación a su aplicación", de Rafael Jiménez Asensio, publicado en formato libro por la Federació de Municipis de Catalunya (www.fmc.cat), en ediciones en castellano y catalán. Selección de cuestiones relativas a “Competencias municipales”. PDF






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miércoles, 23 de abril de 2014

El Vicepresidente de la Xunta de Galicia admite que hay cuestiones "impuestas" en la reforma local de Montoro y la oposición insiste en recurrirla


El Partido Socialista de Galicia, AGE y BNG acusan al Gobierno gallego de "callar" ante el Estado y de "subordinarse" ante él.


El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la "pertinencia" y la "responsabilidad" del Gobierno autonómico por impulsar una ley de medidas urgentes con la que se adapta la reforma local de Cristóbal Montoro, con la cual mantiene discrepancias en algunos de sus aspectos, que vienen "impuestos". La oposición, por su parte, ha insistido en que habría que recurrir la ley española al Tribunal Constitucional.


"Hubo cosas que pedimos que se introdujesen, así se hizo y lo valoramos positivamente; hubo cosas que pedimos que se introdujesen y que al final no aparecen; y hubo cosas que pedimos que se sacaran, y no se sacaron. En ese sentido, las cosas que aparecen en la ley, vienen impuestas por la ley y hay que cumplirlas, pero efectivamente, vienen impuestas", ha manifestado en sesión plenaria el dirigente autonómico, quien ha incidido en que la normativa estatal es de "obligada aplicación".


Por ello, ha argumentado que "es responsable" llevar a la Cámara autonómica una ley de medidas urgentes "con vocación práctica, explicativa y aclaratoria para resolver todas las dudas desde la entrada en vigor" de la estatal. "Queremos que surta efectos inmediatos y de seguridad jurídica", ha apoyado.


La ley que ha entrado a trámite por la vía de urgencia tras salvar las peticiones de devolución formuladas por PSdeG y BNG —que contaron con el apoyo de AGE y Grupo Mixto— recoge, entre otras cuestiones, que las competencias que "debe asumir" la Comunidad en educación, salud y servicios sociales "seguirán siendo prestadas por los ayuntamientos" mientras "no se den" las condiciones previstas para su traspaso, que condiciona al nuevo de sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales.


"Habilitados para ejercer competencias"


"Es preciso dejar claro que los ayuntamientos gallegos habilitados para seguir ejerciendo las competencias y dejar claro que, sin necesidad de arbitrar informes ad hoc, ni establecer garantías, se pueden seguir ejerciendo estas competencias", ha precisado Alfonso Rueda en su intervención en la sesión plenaria de este martes.


El vicepresidente autonómico ha insistido en que había dos opciones: "Cruzarse de brazos y esperar a ver si el (TC) daba la razón o no, pero los problemas seguirían ahí; o trabajar para encajar la ley de obligado cumplimiento". "Creíamos que la segunda era la vía más útil y, por lo tanto, decidimos dar este primer paso", ha defendido.


Paso que, de hecho, ha sido aplaudido desde las bancadas populares, que han apoyado al Gobierno en esta tarea y, a través de la diputada y portavoz del partido, Paula Prado, han arremetido contra la oposición por su "crítica destructiva" y por moverse, a su juicio, por intereses "electorales" con esta cuestión.


Posición en contra


"¡Usted calla frente a la imposición de su gobierno, de su partido; usted calla frente a esta imposición de su compañero de partido!", ha denunciado la diputada socialista Beatriz Sestayo, quien ha puesto el acento en que la Xunta promueve una normativa "consecuencia de una ley que está recurrida" en el Tribunal Constitucional.


La parlamentaria del PSdeG, que ha descalificado la ley de racionalización y sostenibilidad de Montoro, por "centralizadora" y por atentar contra la autonomía local, ha censurado que los populares "lleven practicando la subordinación y el caciquismo" desde que Gobiernan y ha advertido de las consecuencias para los ciudadanos.


Sestayo ha considerado esta normativa "demonizadora de municipios" y ha desmentido que la Fegamp apoye a la Xunta en esta decisión, como resaltó Rueda en su intervención, alegando —la diputada— que "con la boca pequeña" el presidente de la entidad municipal, el popular José Manuel Rey Varela, sí expresa críticas.


"Ante tamaña provocación no quedó más remedio que agredirlo". Así sintetizó la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, lo que debería haber hecho la Xunta, parafraseando a Luis Buñuel, para manifestarle al conselleiro que debía haber "agredido" con la herramienta de la "legalidad", con el recurso ante el TC, al ministro Montoro.


Y si no, ha agregado, tenían que haber demandado una "moratoria" en la aplicación de la normativa, en lugar de sacar una ley de medidas urgentes, la que se tramita en el Parlamento. A su juicio, se demuestra "a quién defiende" el Gobierno de la Xunta, "a los de arriba".


Tereixa Paz, por parte del BNG, ha advertido a Rueda que la "inseguridad jurídica", que él mismo ha admitido que se creó, se originó por el propio Gobierno central y ha acusado al conselleiro de ser "cómplice y colaboracionista" de la "degradación y expolio de la magra y cativa capacidad de autogobierno".


La parlamentaria nacionalista ha censurado que no se haya recurrido al Constitucional la "infame" ley estatal, que lo es, a su entender, porque "privatiza servicios, invade la autonomía local, es centralizadora y es antidemocrática", porque potencia las diputaciones provinciales. "Se pliegan", ha acusado, para remachar que la Xunta se deja "robar la cartera y las competencias".


"Prefieren que las cosas vayan mal"


La portavoz popular ha lamentado que los grupos de la oposición "prefieran que las cosas vayan mal, porque así les va mejor", y ha considerado que "no deberían torpedear" esta normativa, porque "parte de la premisa de garantizar los servicios a los ciudadanos".


Por otro lado, en su intervención, Rueda también ha recordado que una vez se apruebe el nuevo sistema de financiación, Galicia acometerá la reforma de la ley local gallega —vigente desde 1997—. "Queda blindado hacer esta reforma", ha asegurado.


Fuente: Europa Press







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Los municipios recibirán con medio año de retraso las ayudas al empleo


El Gobierno libera 16 millones para que los consistorios contraten 2.500 parados.


El Gobierno vasco ha liberado ya los fondos que los ayuntamientos estaban esperando para poner en marcha sus planes de empleo y contratar a parados. Finalmente, los municipios dispondrán de 16 millones de euros para ejecutar un total de 1.149 proyectos que permitirán dar trabajo a 2.500 personas. Las ayudas del Departamento de Empleo, reclamadas en los últimos días por consistorios y partidos de la oposición, llegan con “varios meses” de retraso, según fuentes del Ejecutivo, por “problemas administrativos”. La concesión de estos fondos para la “reactivación” económica fue recogida en un programa de apoyo a las entidades locales aprobado en octubre del año pasado. Las tres capitales vascas consumirán la mitad de la consignación económica, dirigida a un total de 49 ayuntamientos.


Pese a que las ayudas se comprometieron el año pasado, el montante económico irá con cargo al presupuesto de este año, pactado por el PNV y los socialistas, y el Ejecutivo no descarta abrir una nueva convocatoria a finales de este año con la misma finalidad, que se imputaría a las cuentas del próximo ejercicio. Lanbide ya ha comunicado por carta a las entidades locales la disposición de la partida presupuestaria. Las ayudas totalizan 16 millones, mientras que otros cuatro millones (el 20%) quedan retenidos hasta que se certifique que los ayuntamientos han ejecutado los programas de empleo subvencionados.


El Gobierno desbloquea esta línea de ayudas cuando han arreciado las críticas de los socialistas por el “retraso en los pagos de facturas por problemas de tesorería”, como denunció la semana pasada el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor.


El objetivo de estas ayudas a las entidades locales es, según informa la consejería de Empleo y Políticas Sociales, “poner en marcha proyectos dirigidos a la creación de empleo que repercutan en el desarrollo socioeconómico y modernización del territorio”. Así, se impulsarán 1.149 actuaciones de emprendimiento y otras 226 acciones de desarrollo local.


El Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016 establece que las contrataciones se realicen en el “mercado no ordinario”, con la finalidad de dar empleo a “personas con dificultades especiales de inserción laboral”. Se pretende contratar a colectivos como personas menores o iguales de 35 años, mayores de 45 que lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas desempleadas de larga duración, personas en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género.


Con el desbloqueo de estas ayudas, Vitoria podrá gestionar 2,73 millones, Bilbao percibirá 4,07 millones y San Sebastián, 1,30 millones, lo que representa el 50% de la partida presupuestaria.


La primera remesa de ayudas que concedió el Gobierno para fomentar el empleo en los municipios se remonta a 2009, cuando el Ejecutivo dispuso de una partida plurianual de 63 millones, con los que se iban a impulsar 7.000 empleos.


Por otro lado, el gasto destinado en 2013 a prestaciones de los desempleados ascendió en Euskadi a 1.254 millones, lo que representa un 1,2% menos que el año pasado, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo. Este capítulo se ha incrementado de forma notable en los últimos años, al pasar de los 724,1 millones de 2008 a los 1.254 del último curso. El gasto por prestaciones de Euskadi representa el 4,2% del total del país, donde el año pasado disminuyó un 5,9%.


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La Cámara de Cuentas de Andalucía pide clarificar el papel de mancomunidades o incluir ayudas extraordinarias en Ley de Transparencia


El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, ha pedido que el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía clarifique la presencia de las mancomunidades para que se "sometan" a dicha norma, y ha demandado que se incluyan en dicho proyecto de ley ciertos ámbitos de la contratación administrativa, sobre los procedimientos que se declaran desiertos o nulos, o las ayudas y subvenciones consideradas extraordinarias, de forma que, en el último caso "se ofrezca al ciudadano una información suficiente sobre las razones que justifican la no existencia de convocatoria pública" en ese caso.


López ha comparecido en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de Transparencia, que, a su juicio, supone "un avance muy importante" en materia de transparencia aunque considera que "hay aspectos susceptibles de mejora".


Así, considera necesario "una mayor delimitación de la aplicación de la ley, incluyendo entidades instrumentales de las universidades públicas, como sociedades mercantiles o fundaciones públicas universitarias". Asimismo, aboga por "clarificar el sometimiento de las mancomunidades al ámbito de la ley", toda vez que dicha norma "alude a organismos de ayuntamientos y diputaciones, dejando fuera a los de las mancomunidades", por lo que cree que "se debe dejar claro el sometimiento a la ley y se debe promover su inclusión, al ser entidades de enorme trascendencia".


Además, en línea con la propuesta del Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas además considera que en el área de contratación administrativa puedan ser incluidos otros ámbitos en la publicidad, incluyendo los procedimientos declarados desiertos, los nulos y las posibles revisiones de precios y cesión de contratos.


Asimismo, considera que "existen determinadas ayudas de carácter extraordinario que carecen de convocatoria y de bases reguladoras" y que no estarían dentro de esta norma, pero sí se debe "ofrecer al ciudadano información suficiente sobre las razones que justifican la no existencia de dicha convocatoria pública". Demanda que en la medida de lo posible las distintas subvenciones se engloben dentro de planes estratégicos.


López asimismo ha demandado la incorporación de un representante de la Cámara de Cuentas en la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos.


Además, ha aprovechado para demandar el desarrollo de medidas "que fomenten la rendición, lo cual redundará en una administración más transparente y comprometida en la gestión de fondos públicos".


REFORMA DE LA LEY DE LA CÁMARA DE CUENTAS


López ha recordado una serie de propuestas y medidas dirigidas al fomento de la rendición de cuentas y que, a su juicio, se podrían incorporar en la modificación de la Ley de Cámara de Cuentas, como acortar plazos en la rendición de la Cuenta General de la Junta, para mejorar su oportunidad; incrementar la rendición de cuentas de las corporaciones locales, a través de la imposición de multas coercitivas y suspensión a las entidades que no rindan, de la entrega de subvenciones, transferencias o su participación en los tributos de la Comunidad; o que entidades fiscalizadas comuniquen a la Cámara de Cuentas las medidas que han adoptado para el cumplimiento de sus obligaciones y recomendaciones.


López, quien reconoce que en los últimos años se ha producido un clima de "incertidumbre y desconfianza" hacia las instituciones públicas, ha destacado que la transparencia "permite aumentar la credibilidad y la confianza" y considera que la transparencia y la rendición de cuentas "van unidas, aunque no deben confundirse".


Considera que la tarea fiscalizadora de la Cámara de Cuentas "puede verse muy favorecida en el desarrollo de su trabajo con las obligaciones que se imponen a todos los componentes del sector público andaluz, en concreto los relativos a la información sobre contratos, convenios, subvenciones o inventario de entes o de bienes y derechos de la Comunidad".


Considera que un mayor control de los fondos públicos se consigue "promoviendo la cultura de la rendición de cuentas" y resalta que el ámbito de aplicación de esta norma "se extienda a organizaciones que no son públicas pero con relevancia constitucional, como son partidos, sindicatos y asociaciones empresariales".


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martes, 22 de abril de 2014

El PP de Galicia aguarda sumar apoyos para la reforma del Consejo Consultivo y las medidas urgentes para adaptar la reforma local


El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, ha expresado hoy su deseo de que en el pleno de la Cámara autonómica que comienza mañana su partido pueda sumar apoyos al dictamen sobre la reforma del Consello Consultivo y al proyecto de medidas urgentes para adaptar la reforma de la ley local a Galicia.


En una conferencia de prensa previa a la celebración del pleno parlamentario de esta semana, Puy ha destacado que el texto sobre la reforma del Consello Consultivo "se ha mejorado" durante el trámite en comisión, por lo que aguarda "que suscite mayor apoyo que el del PP".


El diputado del PPdeG ha confiado en que la oposición "se comporte de modo responsable" mañana y que apoye, como hará el PP, el texto presentado por la Xunta de medidas urgentes para adaptar "a las peculiaridades" de Galicia la reforma local del Gobierno.


Ha dicho que en el Castilla y León, donde gobierna el PP, el PSOE dio su apoyo a una medida "semejante" que en esa comunidad se aprobó mediante decreto ley.


Además de estas iniciativas, Puy ha destacado que su grupo defenderá dos proposiciones no de ley para facilitar el acceso a libros de texto, en colaboración con las Anpas, los bancos de material escolar y otros, y también una iniciativa sobre las medidas que debe realizar la Xunta en el 35 aniversario de la muerte de Eduardo Blanco Amor.


También ha descartado la propuesta del PSdeG para crear una comisión de estudio sobre el modelo de financiación autonómica y ha dicho que el Gobierno buscará el mayor grado de consenso en esta cuestión, "como siempre se hizo".


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La reforma que bloquea los concellos


La discutida norma del Gobierno de Rajoy para disciplinar los ayuntamientos y fortalecer las diputaciones complica la gestión municipal y refuerza el rol fiscalizador del interventor.


Su gestación fue un despropósito y su aplicación está provocando colapsos en la actividad de los concellos. Despreciada por el municipalismo, sin distinción de colores políticos, y cuestionada incluso por el Ejecutivo de Feijoo, que ha tramitado un proyecto de ley que básicamente busca dejarlo todo como está, la reforma local ya está complicando la gestión cotidiana de los ayuntamientos. La interpretación restrictiva que hacen del nuevo marco legal los interventores, reforzados en un papel fiscalizador que los convierte en el coco de los alcaldes, está creando problemas hasta para la contratación de socorristas.


La clave de la reforma está en la nueva regulación que introduce de los servicios que prestan los concellos. Determina que deberán atender los siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de basura, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías públicas, y control de alimentos y bebidas. A mayores, los municipios de más de 5.000 habitantes tendrán que ocuparse de parques públicos, bibliotecas, mercados y del tratamiento de residuos. Los de más de 20.000 vecinos sumarán a los anteriores protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, e instalaciones deportivas de uso público. Y los que superen los 50.000 deberán gestionar el transporte colectivo urbano y la protección del medio ambiente. Además, la reforma contempla que los concellos podrán prestar otros servicios con carácter opcional, y siempre que les sean delegados por el Estado o la Xunta. Ahí entran desde la «atención inmediata» a personas en situación o riesgo de exclusión, a la creación, mantenimiento y gestión de centros de primer ciclo de educación infantil. La lista incluye servicios sociales de los que ya se ocupan muchos municipios, como promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. Ahí entran la conservación de centros sanitarios asistenciales de la Xunta, y la creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles.


El problema surge con las líneas rojas que traza la reforma para que los concellos puedan ejercer nuevas competencias, distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. La ley solo lo permite «cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal». En ese caso, la Administración que tenga atribuida la materia en cuestión deberá emitir un informe previo en el que acredite que no se dará una duplicidad en la prestación de ese servicio y no se pondrá en riesgo la solvencia financiera del ayuntamiento.


Aquí surge el problema. La norma crea dudas en los ayuntamientos, y los alcaldes están a expensas de la lectura que realicen los interventores sobre lo que pueden hacer o no. Muchos concellos ya han trasladado a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y a la propia Xunta esas dificultades. Los ámbitos en los que se están detectando más problemas son la contratación de personal para brigadas contra incendios, oficinas de atención a la juventud, mantenimiento y trabajadores de casas de acogida, y escuelas de música y conservatorios. Los concellos también tienen dudas sobre a qué Administración corresponde atender determinados servicios y cuándo pueden solicitar algunas subvenciones.


La respuesta de la Xunta a esas dificultades que bloquean el normal funcionamiento de los concellos es el proyecto de Lei de Medidas Urxentes, que salva el origen del problema al determinar que las competencias que ya están prestando los concellos no serán consideradas como nuevas. La regla se extiende a la ampliación de servicios. Por ejemplo, un ayuntamiento con servicios sociales podría incorporar otro de asistencia a mujeres víctimas de violencia sin que compute como nuevo. En ese sentido, la norma autonómica solo considera nuevas las competencias incorporadas a partir del pasado 1 de enero, es decir, desde que entró en vigor la ley de la reforma local. A la Xunta también le interesa preservar en lo posible el mapa de servicios actual. Asumir todos los que prestan los concellos le costaría casi 300 millones al año.


Papel de las diputaciones


En paralelo a las limitaciones que impone a los ayuntamientos, la reforma local fortalece a las diputaciones, en pleno debate sobre su supresión. En los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son 292 de los 314 de Galicia, las diputaciones coordinarán la prestación de los servicios básicos (como basuras, agua, alumbrado viario, pavimentación y accesos a núcleos), y realizarán el seguimiento de los costes efectivos de los que desempeñen los concellos de la provincia. Cuando detecte que son superiores a los que coordina o presta ella, la diputación ofrecerá una gestión coordinada. Los alcaldes se ven desbordados por los cambios de la reforma y maniatados por el poder de los interventores.


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lunes, 21 de abril de 2014

Junta y municipios grandes marcan un plazo de 15 días para cerrar el mapa de áreas funcionales - Diario de Burgos

LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA SOBRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Un amplio grupo de catedráticos y profesores de la mayor parte de las universidades españolas y altos funcionarios del Estado, están asistiendo a las convocatorias del Seminario sobre la reforma del Estado, que dirige el profesor Muñoz Machado. La segunda sesión del mismo, correspondiente al primer trimestre del año, debatió sobre la incidencia de la crisis económica en las instituciones públicas, participando como ponentes los profesores que firman este artículo, que resume cada una de esas intervenciones. La reproducción de estos resúmenes va precedida de un artículo publicado en el diario El País, firmado por los profesores Javier García Roca y José Esteve Pardo, en nombre de los demás participantes en el Seminario, con el título, “Algo estamos haciendo mal”, que da cuenta de las preocupaciones esenciales manifestadas en el debate.



via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://ift.tt/1lurUBR

El PP advierte de que la apuesta de la Junta de Andalucía por los ayuntamientos se verá en los convenios por reforma local


Para gestionar las competencias.


Destaca que los proyectos de desarrollo económico, como el 'Córdoba Emplea' y el 'Halal', "se van a seguir ejerciendo" desde el Ayuntamiento.


El concejal de Empleo, Turismo y Agricultura del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Navas (PP), ha advertido de que "la voluntad de la Junta de apostar por la administración local o no se verá" a la hora de firmar los convenios con el Consistorio para la gestión de las competencias que son tuteladas por el Gobierno andaluz, como en materia de Empleo y Agricultura, entre otras, y que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida Ley de reforma local, considera "impropias" del Consistorio.


En una entrevista con Europa Press, el también primer teniente de alcalde comenta que por ejemplo en Empleo "algunas cosas serían gestión de la Junta y otras se le pedirá que las convenie" y que "ponga el dinero para ello", y de este modo seguir ejerciendo las competencias desde la administración local. Así, precisa que en este caso el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), del que él es su presidente, "ahora mismo tiene una función otorgada y dentro del marco competencial que tenemos le daremos el contenido que sea necesario para cumplir los objetivos".


En el caso de Agricultura, recuerda que las competencias de la administración local "son muy pocas" y principalmente enfocadas "al desarrollo económico", como con la creación de la Fundación Agrópolis, "para el impulso y la diferenciación de Córdoba como centro de inversión y captación de proyectos de investigación agroalimentaria con la estructura que tenemos". Al respecto, cita el desarrollo del Parque Empresarial 'Halal'.


De este modo, el edil informa de que no se puede dar el caso que se quede solo con las competencias en Turismo, porque, según explica, "cuando hablamos de Empleo, también es desarrollo económico y es un abanico muy amplio que la administración local sí va a seguir ejerciendo", como en este caso apunta a los proyectos del 'Córdoba Emplea' y el 'Halal'.


Entretanto, defiende que "es una ley muy buena para España, Andalucía y los ayuntamientos", porque "clarifica qué tiene que hacer cada uno", de tal manera que "los problemas" con la Junta, como en materia de Empleo, "se evitarían", según apunta Navas, quien subraya que "quién está preocupada es la Junta porque le va a sacar sus vergüenzas a relucir", dado que, a su juicio, "se va a demostrar con esta Ley quién tiene las competencias y quién no las ejecuta".


Al respecto, tras aseverar que el gobierno local "hace su trabajo y lo tiene cumplido con creces", el concejal señala que "esta normativa dice una administración, una competencia", a lo que agrega que "los ayuntamientos son la administración más cercana y la ley obliga a dedicarnos a las competencias del Consistorio y si lo cumplimos poder hacer otras cosas, pero con la premisa de conveniar con la administración competente y que ponga el dinero para ello", puntualiza el edil.


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