viernes, 23 de mayo de 2014
Montoro dice que comisión mixta con Andalucía evitará recurso a reforma local
El ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado hoy que la comisión mixta con Andalucía evitará "problemas" y que "nadie presente recursos de inconstitucionalidad" a la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local.
Durante su intervención en el Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba, Montoro se ha referido al decreto ley de medidas con el que el Gobierno andaluz pretende "desactivar" la aplicación de la llamada reforma local en la comunidad mediante el "blindaje" de 29 competencias.
A este respecto, ha indicado que la comisión bilateral que mantendrá con el ejecutivo andaluz evitará que ninguno de los dos gobiernos presente un recurso de inconstitucionalidad.
A su juicio, la nueva ley de la reforma local define competencias con respecto a las de las autonomías, incluyendo la supervisión de los ayuntamientos con delimitación y "estricto respeto" de la autonomía.
Ha calificado la nueva ley de "gran aportación", cuyo desarrollo ahora se puede debatir "con las cifras saneadas".
"Podemos hacer mucho mejor lo que contiene espíritu de la ley. Desarrollar competencias, y evitar esas malas prácticas de la comunidad que delega a través de convenio, y cuando no tiene dinero se retira la financiación y luego se queda el ayuntamiento como gestor político", ha añadido el ministro, que cree que la nueva ley garantiza que eso no ocurra.
Montoro ha criticado que la Junta de Andalucía "haga política de esto", porque es un gobierno "que no tiene capacidad de garantizar financiación" a sus ayuntamientos, y que "ahora sale preocupada por las competencias".
Por ello, ha asegurado que para garantizar la financiación de las comunidades autónomas, que "no tienen capacidad para financiarse normalmente en los mercados", está el Gobierno de España, que puso en marcha medidas como la del pago a proveedores.
Asimismo, ha afirmado que "la recuperación está en marcha" y que se está creando empleo este año en términos netos, y "todavía mucho mas en 2015", ha augurado.
"Sólo a los que no les interesa otra cosa, niegan que la recuperación esté en marcha. Es incipiente, pero es crecimiento y es empleo, y se lee en otros indicadores como la recaudación de impuestos", ha apostillado el ministro, que ha señalado que este incremento en la recaudación permitirá aplicar una bajada de impuestos a todos los contribuyentes el 1 de enero.
Por todo ello, ha concluido que el PP se presenta a las elecciones europeas "con credenciales", y no tendrá "más remedio que ganar" los comicios, porque es lo que "conviene como país", y porque cuentan con "un excelente candidato", Miguel Arias Cañete.
Fuente: La Vanguardia
via Actualidad http://ift.tt/1oYMc6Y
jueves, 22 de mayo de 2014
Requisitos que han de concurrir para inadmitir o denegar el asilo solicitado en puestos fronterizos
via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1jXioQd
CiU pide devolver a los ayuntamientos las competencias en servicios sociales
CiU ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide que el Gobierno impulse el restablecimiento de las competencias de la administración local en materia de servicios sociales.
Para ello, el grupo catalán solicita que se deroguen las disposiciones de la reforma local que establecen una nueva distribución de las competencias de los municipios en materia de servicios sociales, lo cual -a su juicio- "impide la necesaria atención de proximidad que los ciudadanos requieren de los servicios sociales".
CiU argumenta que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conlleva una importante minoración de las competencias municipales, en particular, las de servicios sociales y de sanidad, y limita la capacidad de las entidades locales para prestar las denominadas competencias impropias.
Para la formación nacionalista, la reforma supondrá que los municipios deban dejar de prestar numerosos servicios, "pese a los esfuerzos hechos por implantarlos y pese a la enorme demanda social de los mismos".
"Un ataque frontal a la autonomía local y al marco competencial", concluye CiU, quien advierte de un cambio del régimen y organización territorial de las comunidades autónomas en el ámbito de los servicios sociales, que comportará además "un gran impacto presupuestario en la financiación de los servicios sociales por parte de las Comunidades Autónomas".
A su juicio, la reforma local "retrotrae a un sistema público de servicios sociales ya superado en el tiempo, que no tiene en cuenta ni la realidad territorial ni la experiencia acumulada a lo largo de muchos años de la administración local".
Critica al respecto que se impongan "unilateralmente" obligaciones financieras a las comunidades autónomas y se aleje la administración y prestación de servicios sociales del ciudadano, "lo cual dificulta una respuesta ágil y eficaz de la Administración a sus necesidades personales y a la intervención comunitaria, en beneficio de la cohesión social".
En ese sentido, afirma CiU que la reforma "altera de forma sustancial el sistema de atribución competencial" de Cataluña y contraviene aspectos esenciales del modelo catalán de sistema público de servicios sociales, "en el que prevalece el criterio de proximidad con una atención más cercana al ciudadano, y una actuación integradora en la prestación de los servicios sociales".
Fuente: La Vanguardia
via Actualidad http://ift.tt/RWcM2G
La Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía lamenta que la presidenta de la FAMP desconozca la financiación que Andalucía destina a los ayuntamientos
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha lamentado que la presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ángeles Muñoz, "desconozca o mienta en plena campaña electoral" acerca de la cuantía que la Junta de Andalucía destina a las corporaciones locales.
María Jesús Montero ha señalado que "si la presidenta de la FAMP desconoce una partida tan importante para los ayuntamientos en el presupuesto de la Junta es que desconoce la realidad de los ayuntamientos andaluces".
En una nota, Montero ha señalado que la cuantía que Andalucía destina a las corporaciones locales en el presupuesto de 2014 es de 480 millones de euros en concepto de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), y no de 420 millones como ha afirmado Ángeles Muñoz.
Montero se ha referido a las palabras de la alcaldesa de Marbella, diciendo que "no se si es más grave que como alcaldesa y presidenta de la FAMP desconozca la cuantía que la Junta destina a los ayuntamientos, o que mienta y manosee el Estatuto de Autonomía como única vía para defender una reforma local que acaba con la autonomía local y que persigue la privatización de los servicios básicos municipales".
La consejera se ha preguntado si estas declaraciones "están condicionadas por las presiones internas a Ángeles Muñoz tras su apoyo en el Consejo de Concertación Local al decreto del Gobierno Andaluz para limitar el impacto en los servicios municipales de la reforma local del Gobierno central".
Por último, la consejera de Hacienda ha señalado que Andalucía es la única comunidad que tiene una ley que permite la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad, y que, además, se dota económicamente en cada presupuesto. La cuantía en 2014 alcanza los 480 millones de euros en concepto de participación en los tributos de la comunidad, y supera los 1.200 millones de euros en convenios y otras políticas sectoriales.
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://ift.tt/RWcKaO
La presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) niega conflicto de competencias y dice que la primera que "incumple" el Estatuto es la Junta
La alcaldesa de Marbella (Málaga) y presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz (PP), ha sostenido este miércoles que "no hay conflicto de competencias ni enfrentamiento entre lo que marca el Estatuto de Autonomía y lo que se marca dentro de la ley de autonomía local", al tiempo que ha asegurado que "la primera que incumple" el Estatuto "es la propia Junta de Andalucía".
Así ha respondido Muñoz, en declaraciones a Europa Press, a la aprobación este pasado martes por parte del Gobierno andaluz de un decreto ley para "blindar" las competencias de los ayuntamientos andaluces, sobre la base del Estatuto de Autonomía y de las normas autonómicas (Laula y Patrica), frente a las "graves" consecuencias de la reforma de la administración local emprendida por el Gobierno central.
Muñoz ha dicho que hay declaraciones, como las del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, "que van más allá de lo que ha sido el propio decreto" y ha recordado "lo que ya le ha contestado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".
"Aquí no hay ningún conflicto de competencia ni enfrentamiento entre lo que marcan el Estatuto de Autonomía y lo que se marca dentro de la ley de autonomía local, que lo que pretende es que no haya duplicidades y que los ayuntamientos cobren por las actuaciones que prestan en aquellas materias que son competencia autonómica", ha indicado.
Así, ha asegurado que en este caso "tiene que existir un espíritu de colaboración, que es lo que le pedimos a la Junta" y ha considerado que la propuesta del Ministerio de crear esa comisión técnica "es una buena alternativa y ese es el espíritu que debería tener la Junta de Andalucía". Además, entiende que el Gobierno andaluz "debería tener el mismo espíritu colaborador con los ayuntamientos, formar la misma comisión con los ayuntamientos".
En este sentido, ha explicado que "lo que está diciendo la Junta de Andalucía es que hay que cumplir el Estatuto y la primera que incumple el Estatuto es la propia Junta, que este año tenía que haber destinado en los presupuestos 520 millones de euros y sigue manteniendo los 400 millones, con lo que le está restando a los ayuntamientos lo que, segun el propio Estatuto de Autonomía, marcaba que les tenía que dar a través de la Patrica".
"La primera que tendría de verdad que aplicar que se tienen que cumplir las leyes autonómicas y el compromiso del Estatuto de Autonomía es la propia Junta, que lleva dos años incumpliendo y manteniendo congelados los 420 millones en vez de los 480 millones que tenía que haber destinado el año pasado y los 540 que tenía que haber destinado éste", ha finalizado la regidora de Marbella.
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://ift.tt/SlUlol
El Presidente de la Diputación de Sevilla critica la actitud "esperpética" de Montoro tras "el golpe de rodillo" de la reforma local
Al anunciar que se reunirá con la Junta de Andalucía por el conflicto de competencias.
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado como un "auténtico esperpento el espectáculo que está dando" el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al anunciar "ahora que tratará con la Junta el conflicto de competencias sobre el ámbito local, después de que esa comisión lleve 15 meses sin reunirse y tras decretar a golpe de rodillo la reforma local".
En una nota, el presidente de la Diputación considera que la conducta del ministro evidencia "a las claras" cuál es la forma de actuar de todo el PP, porque "primero matan moscas a cañonazos con una reforma local que lo único que ha hecho es censurar gravemente la autonomía municipal y, luego, cuando ve que hay siete Comunidades con recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el Tribunal Constitucional y otras cuatro que han blindado sus competencias municipales mediante decretos, intenta deshacer el entuerto".
Según Villalobos, "lo único que demuestra Montoro con esa manera de actuar es que es un mal bombero que ahora quiere apagar en comisión bilateral un fuego con el que su ministerio viene achicharrando a los Ayuntamientos desde que hace dos años promulgara la obligatoriedad de acudir a préstamos bancarios para hacer frente al pago a proveedores".
En opinión del presidente, la prueba "más fehaciente" de lo que argumenta es que la provincia de Sevilla, por ejemplo, redujo su deuda entre 2009 y 2011 en 104 millones de euros, con una bajada del 10,8 por ciento y, desde ese momento a la actualidad, esa misma deuda se ha incrementado en 184 millones, con una subida del 21,42 por ciento.
"Tras esa primera medida incendiaria para las haciendas locales, con el único fin de beneficiar a la banca con intereses del seis por ciento, el ministro llevó a las Cortes la Ley de reforma local, que no ha sido más que otra llamarada que está terminando de achicharrar los recursos financieros de los que debieran disponer los ayuntamientos para continuar prestando servicio a sus vecinos", ha sentenciado Villalobos.
Por todos esos motivos, para el titular de la entidad provincial, "los reflejos de la Junta de Andalucía en este asunto, promulgando un decreto para blindar las competencias locales, es el mejor extintor para sofocar el incendio que en clave local ha originado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta legislatura".
Dicho decreto responde, según el presidente, "al compromiso municipalista que la presidenta de la Junta formuló en su discurso de investidura, cuando afirmó que no nos iba a dejar solos". Ahora, en opinión de Villalobos, algunos consistorios del PP "ya no tendrán pretextos" para seguir prestando servicios a sus vecinos en materia de empleo o de servicios sociales.
Fuente: Europas Press
via Actualidad http://ift.tt/1nsHhHE
El vicepresidente de la Junta de Andalucía dice que Junta defiende las competencias municipales "de la agresión de Montoro" y lo acusa de crear "desorden"
Afirma que el Gobierno andaluz hace "lo que tiene que hacer" y recuerda al ministro que llevan "18 meses pidiendo diálogo".
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha afirmado que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "ha creado tanto desorden que ha puesto una ley encima de la mesa que es insostenible e inaceptable", y que la Junta de Andalucía ha hecho "lo que tenía que hacer" para "defender el Estatuto de Autonomía y las competencias municipales de la agresión que el PP y Montoro hacen" con la ley de reforma de la Administración local.
Valderas ha respondido así este miércoles a las declaraciones de Montoro, quien anunció que convocará la comisión mixta con la Junta al considerar "innecesario" el decreto ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno andaluz para "blindar" competencias de los ayuntamientos, en virtud de lo contemplado en el Estatuto y en las leyes de Autonomía Local (Laula) y de Participación en los Tributos de la Comunidad (Patrica).
"Montoro ha creado un cierto caos, inseguridad e incertidumbre", ha criticado el vicepresidente de la Junta, añadiendo que "nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer en Andalucía, defender el Estatuto de Autonomía, las competencias municipales y el municipalismo de la agresión".
En este sentido, Valderas, quien se ha reunido este miércoles con alcaldes y concejales de IU en la provincia de Málaga, ha recordado que la ley de reforma de la administración local emprendida por el Gobierno central tiene 10 recursos de inconstitucionalidad, "todas las fuerzas políticas del Congreso han recurrido esa ley, la han recurrido cuatro comunidades autónomas y más de 2.500 ayuntamientos de todo el país".
El vicepresidente ha insistido en que "es una ley de retroceso, de marcha atrás y vuelta del municipalismo a un periodo preconstitucional". Así, ha sostenido que la decisión adoptada por el Gobierno regional es algo que "creo que los ciudadanos de Andalucía y España entenderán claramente".
"Hemos dicho que si hay un conflicto de competencias, que lo dirima el Tribunal Constitucional", ha explicado, a lo que ha agregado: "que yo sepa el señor Montoro no tiene autoridad como la del Tribunal Constitucional para dirimir quién lleva razón".
DIÁLOGO
Del mismo modo, Valderas ha criticado que el ministro pida diálogo. "A buenas horas mangas verdes, porque llevamos 18 meses pidiendo diálogo desde Andalucía", ha señalado, agregando que Montoro "se ha negado a dialogar con todas las comunidades autónomas para construir una propuesta de carácter municipal avanzada y progresista, que diera respuesta a las reivindicaciones históricas de los municipios".
Entre estas, el consejero se ha referido a una ley de financiación local, indicando que la reforma local del Ejecutivo de Mariano Rajoy "más bien es otra nueva ley de recorte no solo en materia de competencias, sino también de financiación y económica para los ayuntamientos, que le va a hacer todavía más dura su propia existencia".
Asimismo, ha afirmado que el ministro de Hacienda "sabe que este camino no lo tomamos en solitario", ya que, según ha matizado, otras autonomías como Galicia, el País Vasco y Castilla-León, "tienen el mismo planteamiento que nosotros de que mientras que el Tribunal Constitucional no dirima quien lleva razón permanezca la normativa que en cada comunidad existe".
Por otro lado, Valderas ha advertido de que la reforma local pone también en peligro los recursos que "de forma incondicionada" traslada la Junta a los ayuntamientos, que, a su juicio, "son insuficientes".
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://ift.tt/1n21ghQ
miércoles, 21 de mayo de 2014
Los ingenieros superiores se oponen a la equiparación de títulos en las oposiciones - 20minutos.es
http://www.20minutos.es/noticia/2140601/0/ingenieros/equiparacion/titulos/#xtor=AD-15&xts=467263
--
Enviado desde mi teléfono con Kaiten Mail. Disculpa mi brevedad
La Junta de Andalucía intenta evitar que los alcaldes dejen de prestar servicios públicos
Un nuevo decreto andaluz busca “desactivar” la reforma local del Ejecutivo central.
El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley que pretende clarificar las competencias que mantienen Ayuntamientos y Diputaciones tras la entrada en vigor en enero de la reforma local diseñada por el Ministerio de Hacienda, que afecta, principalmente, a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, ha presentado este martes esta norma como un blindaje de las competencias que tienen ahora los alcaldes y, a la vez, como un instrumento para evitar que algún municipio se desentienda de servicios públicos que hasta ahora daban. "Ningún Ayuntamiento ni Diputación podrá escudarse en la reforma local para dejar de prestar un servicio", asegura Valderas.
El Ejecutivo andaluz sostiene que la reforma del ministerio entra en conflicto con el Estatuto y las leyes locales aprobadas antes por el Gobierno autónomo. Entiende que la nueva ley estatal no puede modificar este marco ni el reparto de competencias. Por eso la Junta saca adelante ahora un decreto que pretende “desactivar” la reforma local del PP, según Valderas. En el decreto andaluz se establecen las competencias concretas que son de los Consistorios, como las relativas a la vivienda protegida, los servicios sociales y algunas sobre escolarización y salud pública. En total, 28 áreas en las que los alcaldes tienen responsabilidades. Andalucía, además, recurrió ante el Tribunal Constitucional la reforma local a finales de marzo al entender que invadía competencias autonómicas.
No hay conflicto alguno, ha sido la respuesta que ha recibido la Junta por parte del Ministerio de Hacienda. “No creemos conflictos donde no los hay”, ha dicho este martes el ministro Cristóbal Montoro, de visita en Sevilla en un acto del PP con empresarios. Según su interpretación, la norma estatal “no entra para nada en la definición de competencias que tienen los Estatutos de autonomía”. Por ello Montoro considera “innecesario” que la Junta apruebe un decreto que delimitar las competencias de Ayuntamientos y Diputaciones. El ministro ha anunciado que el Gobierno convocará una comisión mixta —un instrumento de diálogo bilateral entre el Estado y las comunidades— para abordar este asunto. En esa reunión, el Gobierno explicará a Andalucía que “no hay ningún problema de competencia: la Junta tiene las que tiene en ámbito local y nadie las discute y son las del Estatuto”, ha sostenido Montoro. Valderas ha lamentado que Hacienda no haya querido reunirse con su equipo hasta que la Junta ha aprobado el decreto ley.
En un contexto en el que las relaciones entre La Moncloa y San Telmo se han basado en recursos de inconstitucionalidad, la convocatoria de la comisión mixta supone un paso importante para intentar resolver un problema entre las dos Administraciones. Sin embargo, la convocatoria de la comisión no impide que el Gobierno pueda recurrir también la norma en el futuro.
Otras comunidades autónomas, ha recordado Valderas, han aprobado decretos “del mismo tenor” que el presentado este martes por el Gobierno andaluz. Es el caso de la Junta de Castilla y León, en manos del PP, que a finales de marzo publicó un decreto ley muy parecido al andaluz. Pero, al contrario de lo expuesto este martes por Valderas, el Gobierno castellanoleonés consideró “que la norma estatal es constitucional y estatutaria y, en consecuencia, municipalista”. Castilla y León argumentó que su decreto buscaba clarificar “las competencias de las entidades locales” para evitar “resultados indeseables o disfuncionalidades en la prestación de servicios”.
Al margen del conflicto que pueda surgir entre la Administración central y andaluza por el nuevo decreto ley, en los últimos meses ya se han dado algunos encontronazos entre la Junta y alguna capital gobernada por el PP. Los Ayuntamientos de Jaén y Sevilla han empleado la reforma local como argumento para dejar de prestar algún servicio. En el caso de la capital andaluza con la supresión de programas de empleo. En Jaén, con la eliminación de servicios de dependencia. En ambos casos, se trata de competencias que no son municipales. Pero los Ayuntamientos estaban prestándolas a través de convenios firmados con la Junta. El decreto aprobado este martes también establece el procedimiento para “la adaptación de los convenios firmados” por ambas Administraciones.
Fuente: El País
via Actualidad http://ift.tt/1gNssAY
Gobierno convocará a la Junta de Andalucía en comisión mixta para explicar que no hay conflicto de competencias con consistorios
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que convocará la comisión mixta con la Junta de Andalucía ante el "innecesario" decreto ley de medidas urgentes que la Administración andaluza prevé aprobar en Consejo de Gobierno para la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, con el que pretende "blindar" competencias de los municipios, en virtud de lo contemplado en el Estatuto de Autonomía y en las leyes de Autonomía local (Laula) y de participación en los tributos de la comunidad (Patrica).
En un acto del PP con empresarios de la provincia de Sevilla, Montoro ha señalado que este nueva normativa andaluza "no hace ninguna falta" porque las competencias de las administraciones locales están definidas por ley estatal.
Así, ha apuntado que la lealtad del Gobierno "no se ve correspondida" con la decisión de la Junta de promover un decreto "innecesario" de "limitación" de las competencias de los ayuntamientos. "No queremos conflictos donde no los hay", ha subrayado el ministro.
Ante esto "la respuesta del Gobierno" va a ser convocar la comisión mixta para resolver este conflicto de competencias y "explicar a la Junta que no hay problemas de competencias".
"La Junta tiene las competencias que tiene en el ámbito local, nadie las discute. La Junta puede delegar a través de convenios competencias a los ayuntamiento, como las políticas sociales, y el Gobierno tiene atribuida la tutela financiera para que no ocurra como antes, que se delegan competencias "pero no llega la financiación", ha señalado.
BAJADA DEL IRPF
Por otra parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas también ha insistido en que a partir del 1 de enero de 2015 se bajará el IRPF para "todos los contribuyentes" y, "sobre todo, a clases medias, familias, personas con alguna discapacidad y en asuntos de dependencia". Esta medida, según ha detallado, "favorecerá el crecimiento económico y provocará un aumento del consumo".
De igual manera, ha afirmado que el Gobierno cambiará la estructura del Impuesto de Sociedades de cara a la autofinanciación de proyectos empresariales con sus propios beneficios.
Estas reformas, que son las siguientes, vienen precedidas de otras como la reforma laboral, bancaria y de las Administraciones Públicas que son "las que están permitiendo" que la "recuperación económica sea ya una realidad".
En este sentido, ha hecho hincapié en que España lidera la salida de Europa de la crisis e "irá a más". "En 2015 España irá a la cabeza en crecimiento económico", ha estimado Montoro, quien ha señalado que esta recuperación traerá empleo.
"CONTINUIDAD" EN LA CREACIÓN DE EMPLEO
"Nunca antes con crecimientos tan bajos ha subido el empleo, pero está ocurriendo y se reforzará en meses previos al verano y tendrá continuidad en 2015", ha previsto. Así también ha destacado que la balanza de pagos de España está en positivo, "cerrará en positivo y también lo hará en los años siguientes".
Montoro también ha valorado que la estimación del Gobierno, a través del Programa de Estabilidad, de crecimiento de empleo era "moderada", pero es "muy factible" que en 2014 supere estas expectativas.
En este punto, ha hecho referencia "a un nuevo escenario económico" que encuentra síntomas "firmes" en que la recaudación del IVA proveniente de pymes en el mes de abril, sin incluir la Semana Santa, ha aumento un 6,8 por ciento.
Por último, ha apuntado que Andalucía ha recibido en 2014 más de 4.000 millones de euros entre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos de financiación. Asimismo, en 2012 recibió del FLA unos 2.792 millones; en 2013, unos 4.544 millones y en 2014, unos 3.383 millones de euros, lo que supone cada año el aproximadamente el 20 por ciento del total que reciben las comunidades autónomas.
Fuente: Europa Press
via Actualidad http://ift.tt/1nnkwEL
El Gobierno de Aragón responde al Ayuntamiento que las competencias consultadas son municipales
En aplicación de la Ley de Administración Local.
El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha firmado este lunes, 19 de mayo, el oficio de remisión en respuesta a la consulta realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre una serie de competencias que el consistorio consideraba que no le correspondían en aplicación de la nueva ley de Administración local, pero que le "son propias" y "las puede seguir prestando".
Así lo ha explicado Suárez en rueda de prensa, en la que ha comparecido para informar sobre la afección de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad a las competencias municipales en la Comunidad autónoma. En el caso de la capital aragonesa, ha precisado que las competencias consultadas hacen referencia a los ámbitos de servicios sociales, medio ambiente, consumo, salud, educación y empleo.
Ha añadido que le corresponde al consistorio zaragozano, en aplicación de la legislación sectorial del Estado y de la Comunidad autónoma, por lo que su Departamento no ha emitido el informe vinculante solicitado --sobre la sostenibilidad financiera y posibles duplicidades-- porque no es necesario.
En este punto, ha enfatizado que Aragón cuenta con una ley de Administración local "muy amplia" que "nos da mucho juego", como también lo es, por ejemplo, la Ley de Servicios Sociales aragonesa. Igualmente, ha indicado que por ser competencias del Ayuntamiento la financiación de las mismas le corresponde al municipio.
No obstante, ha aclarado que esto "no modifica" la situación actual por la que el Gobierno de Aragón convenia con el Ayuntamiento para colaborar en la financiación de algunos servicios, posibilidad que, por otra parte, recoge la ley de administración local aragonesa, ha recalcado Suárez, y "no predetermina" tampoco la negociación que el consistorio establecerá en su momento con los correspondientes Departamentos del Gobierno.
Además, el consejero ha comentado que "puede haber alguna otra cosa que sea impropia sobre la que no ha requerido informe", pero no lo son las consultadas, para comentar que desde el Ejecutivo han mantenido un "respetuoso silencio" en esta cuestión para "intentar hacer las cosas bien" y por eso la respuesta ha sido "en plazo y forma".
Así, ha señalado que el Gobierno tenía tres meses para responder y lo ha hecho en dos, al informe que el 20 de marzo pasado le remitió el consistorio por una serie de competencias que estimaba impropias y cuyo coste cifró en algo 106,2 millones de euros.
INTERPRETACIÓN
El consejero de Política Territorial e Interior se ha referido, a preguntas de los medios de comunicación, sobre las críticas del vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, a la circular emitida por el Ejecutivo sobre la aplicación de la reforma local y ha considerado que "se debían medir las palabras" porque "somos la Administración que tenemos la tutela financiera y a la que nos corresponde interpretar la norma".
En este sentido, ha recalcado que esa circular sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad está "avalada" por la nota explicativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de forma que "no inventamos nada" y "cumplimos escrupulosamente la ley".
Según ha manifestado, su objetivo es "tratar de ayudar a los ayuntamientos" y ha sostenido que la circular se envió a todos los municipios por el "conducto ordinario" y está en la página web del Ejecutivo autonómico.
Suárez ha indicado que en los próximos días se contestará al resto de administraciones locales que han solicitado informes, que son la Comarca Andorra Sierra de Arcos y los ayuntamientos de Huesca, Andorra, Fraga, Utebo y Tarazona.
Igualmente, ha dicho que "si con el tiempo detectamos el ejercicio de alguna competencia que no es propia, ni delegada, se lo diríamos a los ayuntamientos correspondientes", si bien hasta el momento "no hemos visto ninguna".
TIPOS DE COMPETENCIAS
El consejero ha precisado que la nueva ley establece "el mínimo de competencias" que pueden tener las entidades locales en su artículo 25.2, como lo indica la nota del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se pueden complementar la con la legislación sectorial estatal o autonómica.
Además, ha relatado que las competencias de educación, sanidad y servicios sociales que no están en el artículo 25.2 y no sean propias por las normas sectoriales "quedarán referencias a la financiación autonómica y local", cuya reforma el Gobierno de España "se ha comprometido a acometer este año".
Esto supone que serán asumidas por la Comunidad en los términos que establezcan las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales por lo que habrá que esperar a que se dicten dichas normas para que dicha asunción competencial tenga efecto.
Asimismo, ha dicho que junto a las competencias propias se contemplan las delegadas, aquellas que una Administración delega en las entidades locales, y que "tienen que ir con cobertura financiera" a través de acuerdos, convenios o encomiendas directas.
En tercer lugar, ha continuado Suárez, hay competencias "que no son propias, ni delegadas" y para las que la ley establece la obligatoriedad de los citados informes vinculantes de sostenibilidad financiera y duplicidad.
Por otra parte, el consejero ha recordado que está en trámite en las Cortes de Aragón la futura ley aragonesa que distribuirá las competencias entre comarcas, diputaciones y ayuntamientos, que "será complementaria con la ley del Estado".
GARANTIZAR LOS SERVICIOS
Suárez ha subrayado que la finalidad de la reforma estatal es "garantizar la prestación de todos los servicios públicos, con independencia de qué Administración sea la que los preste", bajo el principio de 'una competencia-una administración', para "tratar de ordenarlos", y hacerlo "ganando en eficacia y eficiencia", de forma que "no haya duplicación de gasto".
Además, ha matizado que desde la aprobación en diciembre de 2013 de la reforma "no se ha producido ningún caos" y los ciudadanos "han continuado recibiendo los servicios y seguirán".
Sobre los cambios que introduce, el consejero ha reconocido que el primera borrador de la reforma, de la primavera de 2012, "tiene muy poco parecido" con la norma aprobada gracias al proceso de aportaciones de todas las Comunidades autónomas, "importantes desde Aragón" y también de la Federación España de Municipios y Provincias.
Por su parte, la directora general de Administración Local, Paula Bardavío, ha explicado que entre las modificaciones de la nueva ley estatal se encuentra la desaparición de la cláusula universal de competencias, que permitía a los ayuntamientos asumir aquellas que iban "en beneficio de la comunidad vecinal".
Ahora, todas aquellas que no sean propias o delegadas deberán recibir el informe previo vinculante sobre la sostenibilidad financiera y no duplicidad, haciendo "un control previo" que antes no existía.
Fuente: Europas Press
via Actualidad http://ift.tt/1mVYpHl
martes, 20 de mayo de 2014
Tribunal de cuentas: Interventores, retribuciones, provisión y promoción
APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES Y DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PUESTOS DE LA INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES
13/05/14 9:40
Esta fiscalización se incluyó en el Programa Anual de 2013, a iniciativa del Tribunal de Cuentas, teniendo como objetivos específicos los siguientes:
1) Determinar los puestos de las entidades locales con funciones de intervención, su ocupación y forma de cobertura, verificando que las entidades locales se han ajustado a la legalidad en la provisión de los mismos.
2) Analizar las retribuciones percibidas por el personal que desempeña las funciones de intervención en las entidades locales, verificando su adecuación a la legalidad y en especial a lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad.
3) Valorar si las entidades locales ejercen las competencias que ostentan respecto a la determinación del régimen de retribuciones y gestión de los sistemas de provisión de puestos reservados, de forma que permitan un ejercicio adecuado e independiente de la función de control interno de la gestión económica de la entidad por los funcionarios que la desempeñan.
Constituyen el ámbito subjetivo de la fiscalización entidades locales de todo el ámbito nacional, a excepción de las de la Comunidad Foral de Navarra, que disponen de un régimen propio y específico para los Funcionarios de Habilitación Foral, si bien se incluye, como anexo al Informe, determinada información relativa a dicha Comunidad Foral aportada por la Cámara de Comptos de Navarra.
Para la realización de los trabajos de fiscalización se ha obtenido información del Registro de Habilitados Estatales, datos y documentación de las Comunidades Autónomas respecto de las ofertas de empleo, procesos selectivos y de promoción y de las retribuciones. Asimismo, se han realizado comprobaciones específicas sobre una muestra de entidades locales, solicitándose de éstas información adicional.
Se incluyen en el Informe las conclusiones, en las que se recogen los principales resultados de la fiscalización, así como un conjunto de recomendaciones formuladas con el objeto fundamental de contribuir a fortalecer el ejercicio de las competencias que las entidades locales ostentan respecto de la determinación del régimen de retribuciones y la gestión de los sistemas de provisión de puestos reservados, en aras de un desarrollo adecuado e independiente de la función de control y fiscalización interna en dichas entidades.
Contenido de este Informe:
informe tribunal de cuentas interventores
via Responsables personal Ayuntamientos http://ift.tt/1mS6f4D
Informe de Fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de la Intervención de las Entidades Locales
SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Informe de Fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de la Intervención de las Entidades Locales
Número de Fiscalización: 1032
Fecha de aprobación por el Pleno: 24/04/2014
Tipo(s) de entidad(es): Entidad local
Tema(s): Administraciones Públicas
Corresponde a la Administración Autonómica la competencia para la autorización de parques eólicos cuya potencia eléctrica instalada no supera los 50 MW
via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1o1n4w7
Equivalencias de títulos
Cuadro resumen de toda la maraña de títulos que te puedes encontrar en un proceso selectivo.
cuadro_equivalencias_titulos_estudios_c
via Responsables personal Ayuntamientos http://ift.tt/1mQEOrU
Las páginas web de las grandes ciudades andaluzas suspenden en transparencia
Solo 11 de los 29 ayuntamientos con más de 50.000 habitantes ofrecen información suficiente.
El Ayuntamiento de Huelva incluye en su página web una biografía o currículum de su alcalde, pero no del resto de concejales que forman la Corporación local. Tampoco exhibe un calendario de trabajo de los órganos de gobierno ni publica las retribuciones de los cargos electos ni la relación de puestos de trabajo. Hay otros indicadores vinculados a la transparencia que también obvia este portal de internet, algo generalizado en todo el territorio andaluz. Según un proyecto de investigación desarrollado por un equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, solo 11 de los 29 ayuntamientos de la región con más de 50.000 habitantes superan el aprobado en la información que ofrecen al ciudadano sobre sus recursos y gestión.
En el caso de las capitales de provincia, cuatro suspenden esta evaluación. El Ayuntamiento de Huelva es el peor parado y consigue un 26,83% de cumplimiento de los apartados analizados. Tampoco logran el suficiente las corporaciones de Jaén y Granada (29,27% cada uno) y la de Almería (31,71%). Sevilla y Málaga, las ciudades más pobladas de Andalucía, son las capitales menos opacas y alcanzan el 65,85% y el 58,54%, respectivamente. Córdoba y Cádiz pasan la prueba, pero por los pelos, como indica el 51,22% de acierto en la publicación de datos.
El estudio, que ha evaluado las páginas de internet de 152 municipios andaluces (a partir de 10.000 habitantes), ha tenido en cuenta 41 indicadores en torno a cuatro preguntas sobre las que los ciudadanos, en teoría, deberían tener derecho a una respuesta: quiénes son sus representantes políticos; cómo se gestionan los recursos colectivos; cómo se informa de su gestión; y qué herramientas existen para la participación ciudadana en el control democrático. El resultado se puede consultar en la web http://ift.tt/1fQFD1x, en la que también aparecen las conclusiones del análisis realizado en otras cinco comunidades autónomas (Cataluña, Aragón, Madrid, Canarias y Galicia).
La página de Chiclana de la Frontera (Cádiz) es la única que rebasa el 75% de indicadores positivos, franja señalada en el estudio de color verde oscuro. Jerez de la Frontera (65,85%) y Marbella (63.41%) superan la evaluación, algo que no sucede con Algeciras (39,02%) y Dos Hermanas (29,27%), ciudades que, como las anteriores, tienen más de 100.000 habitantes. Tampoco aprueban El Ejido (39,02%), Linares y Roquetas de Mar (26,83% cada una) y Motril (24,39%).
“La información es deficitaria y hay opacidad”, concluye Teresa Vera, vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga y responsable del equipo de investigación andaluz. En el caso de los municipios pequeños y medianos, con una población de entre 10.000 y 50.000 habitantes, los resultados son aún más desoladores. Solo Palma del Río, en Córdoba, pasa la evaluación (58,54%). Los otros 122 suspenden y casi la mitad (54) no llegan ni al 25% de indicadores positivos, tramo marcado de color blanco en el estudio. El Ayuntamiento de Íllora, en Granada y con un censo algo superior a los 10.700 habitantes, no tiene página web.
La falta de transparencia en los portales de los Ayuntamientos es independiente del partido político que ostenta el poder. El resultado, además, es similar en todas las comunidades autónomas analizadas. “La tonalidad es bastante parecida”, explica Amparo Moreno, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora del estudio a nivel nacional. Cataluña fue pionera en el análisis de los indicadores de transparencia en estas webs y ya va por la segunda oleada. En la primera aprobaron 54 de los 947 Ayuntamientos estudiados y en la segunda, 129 han superado el nivel de suficiente. Moreno afirma que aparecer en los medios de comunicación por su opacidad “los lleva a mejorar”.
Tras el estudio, los investigadores contactarán con los Ayuntamientos para sugerir los cambios necesarios para mejorar los niveles de transparencia. El objetivo es que en mayo de 2015, fecha de las próximas elecciones municipales, se haya producido una mejora en la información pública que llega al ciudadano.
Fuente: El País
via Actualidad http://ift.tt/1naPLaA
PP y PSOE negocian un acuerdo sobre las enmiendas al proyecto de ley para aplicar la reforma local en Castilla y León
IU mantiene su voluntad de pacto pero critica que se la invite a posteriori y UPL es la única que ha presentado en plazo sus propuestas en las que pide claridad.
Los grupos Popular y Socialista buscan el acuerdo, sin prisa pero sin pausa y desde la discreción, para la aprobación como proyecto de ley del decreto de aplicación en Castilla y León de la reforma local del Gobierno, mientras que IU apuesta por el pacto para "descafeinar" los efectos de la llamada ley Montoro y UPL requiere claridad para que los ayuntamientos y las entidades locales menores sepan a qué deben atenerse en la prestación de los servicios y en los plazos.
Fuente: Icalnews
via Actualidad http://ift.tt/1gJialj
lunes, 19 de mayo de 2014
El Gobierno prepara un real decreto que revoluciona la selección de funcionarios
Desaparecerían el INAP, el IEF, el CEPC y el CEJ.
El borrador de real decreto ya está circulando por algunos despachos de la Administración. Y lo que viene a suponer es la creación de un gran centro destinado a formar y reclutar a los futuros funcionarios. Es decir, una especie de ENA a la española -la célebre escuela francesa donde se forma la élite de la política y la administración gala- que aglutinaría a cuatro organismos públicos que hoy tienen voz propia.
En concreto, el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se integrarían en un nuevo organismo autónomo cuyo nombre todavía está por decidir. Lo que sí se conoce es que tendrá personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y “plena capacidad de obrar”, dice el borrador de real decreto, “dentro de su esfera de competencia”. Sería un movimiento en línea con lo que hizo el Gobierno cuando sacó adelante una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aglutina la supervisión de varios sectores regulados (energía, telecomunicaciones o competencia).
Es decir, se está hablando de un macro organismo capaz de dar un vuelco al sistema de formación y reclutamiento de funcionarios. Ahora bien, con muchas limitaciones en su nivel de integración, toda vez que los actuales institutos y centros que hoy funcionan seguirían especializados en sus respectivas materias: formación de letrados, expertos en materia tributaria o constitucionalistas. De hecho, el nuevo organismo estará regido por un Consejo Rector cuya presidencia recaerá de forma rotatoria durante un año en cada uno de los cuatro centros de formación e investigación.
Según un experto en la materia, este es uno de los punto débiles del proyecto, toda vez que la reforma no se enmarca en un cambio estructural del sistema de formación de los empleados públicos, como sucede en la ENA francesa, sino que su objetivo es esencialmente ahorrar dinero, pero sin un nuevo modelo de selección y aprendizaje de funcionarios. La ENA, hay que recordarlo, fue creada nada más acabar la Segunda Guerra Mundial por el general De Gaulle, y los enarcas son la élite de la política francesa.
Servicios compartidos
En el caso español, se trataría de aprovechar los servicios comunes a través de una gerencia compartida, aunque el real decreto huye de entrar en el fondo del sistema de formación. De hecho, el cargo de gerente (con categoría de subdirector general) deberá ser pactado entre los ministerios de Justicia, Presidencia y Hacienda y Administraciones Públicas. Igualmente, cada uno de los cuatro directores sería elegido por el ministerio correspondiente.
El nuevo organismo prevé que en cada centro de formación e investigación (los actuales centros e institutos) exista un Consejo Docente integrado por un Presidente y los vocales que en cada caso se establezcan. Es decir, se mantendría el esquema actual, pero con una cabeza única para dar apariencia de que se reduce el número de organismos, que es uno de los objetivos de la Cora, la Comisión creada en su día por el Gobierno para racionalizar la Administración Pública. El borrador de real decreto, en todo caso, deja bien claro que la reforma “no supondrá incremento de gasto público”. Pero tampoco lo acompaña una memoria económica capaz de cuantificar el ahorro.
En la actualidad, el Centro de Estudios Jurídicos -dedicado a la formación de altos funcionarios de la Administración de Justicia- cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros; mientras que el Instituto de Estudios Fiscales (dependiente de Hacienda) cuenta con un presupuesto de 15,1 millones de euros, de los que más de la mitad se dedican a formar a empleados públicos de Economía y Hacienda.
Por su parte, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está dotado con 4,6 millones de euros y su misión es analizar la realidad jurídica y sociopolítica a través de publicaciones y debates de opinión. Por último, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas tiene como misión fundamental la formación y selección de los funcionarios de la administración general. Cuenta, con diferencia, con el mayor presupuesto de todos ellos: 66,1 millones, y es donde ha levantado más ampollas la idea de Hacienda y Administraciones Públicas de unificar en un solo organismo lo que ahora hacen cuatro. En total, con un presupuesto de 94,6 millones.
La supresión del INAP ha encontrado, por el momento, un fuerte rechazo entre un importante sector de funcionarios y asociaciones de empleados públicos. Hasta el punto de que la asociación de antiguos alumnos del INAP recordaba hace unos días la oposición frontal de la Asamblea General del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), además de otros colectivos de la Administración Pública Gestora estatal.
Fuente: El Confidencial
via Actualidad http://ift.tt/1gFQTAc
La mitad de los 8.000 millones de ahorro de la reforma local se recortará en servicios sociales
El Consejo General del Trabajo Social alerta del "desmantelamiento de los servicios sociales" que prevé la reforma de la Administración local aprobada por el Gobierno en diciembre.
Los Ayuntamientos perderán competencias en los servicios sociales básicos, que dependerán de las Comunidades Autónomas "ahogadas por las deudas".
Representantes de los trabajadores sociales, nacionales y extranjeros, debaten este fin de semana en Madrid cómo han afectado las políticas de austeridad a la atención social.
Los recortes en sanidad y educación ocupan muchos titulares, pero el recorte de los servicios sociales pasa más desapercibido, lamenta Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. "A los trabajadores sociales no nos están escuchando y somos testigos directos de cómo está afectando la crisis", expone. Y alerta de lo que se avecina, del "desmantelamiento de los servicios sociales" que resultará "del ahorro de unos 4.000 millones de euros en estas partidas".
"La reforma local incluye muchos aspectos, como el sueldo de los alcaldes, pero que contiene cambios sustanciales en el modelo de los servicios sociales", apunta. El Gobierno aprobó en diciembre la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, con la que asumen un ahorro para las arcas públicas de 8.000 millones. "De estos más de 3.400 aparecen detallados como servicios sociales, a los que hay que sumar otras partidas que también nos afectarán", explica la presidenta del Consejo.
Al lado de Ana Lima, Cristina Martins, presidenta de la Federación Internacional del Trabajo Social (FITS) en Europa y Rory Truell, secretario general de la FITS Mundial, han apoyado en un acto a los profesionales españoles en su lucha por visibilizar los efectos de las políticas de austeridad para la asistencia social "en el momento en el que es más necesaria, una crisis económica".
El Consejo General del Trabajo Social presentó el pasado octubre el primer informe ISSE, sobre los Servicios Sociales en España, en el que se cifró en un 74% el aumento de la demanda de atención en el último año. El estudio destaca que "la mitad de estos nuevos usuarios petenecen a la clase media". "Personas que ni siquiera sabían dónde estaban los servicios sociales", abunda Lima.
De cara a las elecciones europeas del 25 de mayo, los profesionales piden a los diputados que resulten electos el abandono de "decisiones basadas en los intereses del mercado. Hay otra forma de hacer las cosas", añade Lima. Rory Truell hace un llamamiento a la inversión económica. "La base fundamental para una economía fuerte es una comunidad fuerte", apunta.
Los costes de la austeridad
Los ponentes destacan el incremento en los índices de pobreza en el continente. En los últimos cinco años los niveles de pobreza han alcanzado a 10 millones de personas más, hasta llegar a los 124 millones, apuntan desde la Federación Internacional. En este sentido, España ocupa los primeros puestos de las clasificaciones internacionales: el país está entre los diez primeros con una mayor tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social, y es el tercero con mayor índice de personas en situación de pobreza después de haber recibido las transferencias sociales, según los datos de Eurostat de 2012.
La alta tasa de paro, otro de los rankings europeos que encabeza España (sólo por detrás de Grecia), es uno de los mayores dramas de las familias. "Hay gente que acude porque no puede dar de comer a sus hijos o pagar la hipoteca porque no tiene trabajo, pero también se da un fenómeno nuevo de gente empleada pero que está en situaciones de problemas y exclusión", dice Lima. Según la presidenta de Consejo, España es el país con un mayor nivel de subempleo, con un 9,2%, "de personas que están trabajando a jornada parcial, pero no porque quieren sino porque no les queda otra opción".
Entre las consecuencias de la austeridad presupuestaria, los trabajadores sociales destacan el aumento de la violencia. "En un momento en el que hay tan pocos recursos, hay un ambiente de crispación y de lucha por los escasos presupuestos", expone Lima. La violencia plasmada en los suicidios ha aumentando entre la población mayor de 45 años, indica Rory Truell.
La culpabilización del usuario de los recursos sociales es otra de las denuncias. "Se transmite un mensaje de que los beneficiarios abusan de las ayudas y estas ¡acaban retirándose! No creo que porque algunas personas defrauden a Hacienda se supriman las políticas tributarias", condena Lima.
Un modelo de beneficencia
La reducción de los presupuestos del Estado, la reforma de la Administración local y el aumento de los contratos con el Tercer Sector, compuestos por ONG y otras organizaciones cívicas, son "un cambio de modelo", según Ana Lima. "Con toda nuestra consideración al trabajo de las ONG, su labor debe ser complementaria. La atención social es responsabilidad del Estado", añade.
La reforma legal en las competencias de los municipios preocupa especialmente al Consejo. "Los políticos no dicen nada porque temen represalias en las elecciones de 2015. Hemos invitado al presidente de la Federación Española de Municipios a las jornadas que celebraremos en junio al respecto y ni siquiera nos ha contestado", dice Lima.
En su opinión, la delegación de servicios al Tercer Sector es un "caramelo envenenado": "Por un lado recortan los servicios estatales y, por otro, aportan presupuesto a las ONG. Cuando aleguen falta de presupuesto, no concederán subvenciones, y ya habrán acabado con el sistema de servicios sociales".
La vía abierta a la privatización de la reforma local también asusta al Consejo. "La pobreza y otras materias sociales no llaman la atención de las empresas privadas, así que la atención para las personas sin recursos quedará a disposición de la beneficencia", lamenta Lima. Por eso, el Consejo reclama una ley marco de servicios sociales, que "establezca un mínimo de atención que no puedan negar las Comunidades Autónomas".
Fuente: eldiario.es
via Actualidad http://ift.tt/1gfAthB
Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas
La Junta alega que costaría 34 millones de euros y que es mejor para la zona mantenerla urbanizada. Son terrenos protegidos por la Red Natura 2000.
Apartamentos exclusivos de uno a tres dormitorios, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas (Cáceres). Así se sigue anunciando la venta de inmuebles en la página web del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del pantano, en zona protegida por la Red Natura 2000. “Desde 195.000 euros más IVA”, añade la promoción. Aparentemente, todo sigue como siempre, pero nada es lo que se previó. El Tribunal Supremo ordenó en febrero el derribo de lo ya construido y la paralización de las siguientes fases. Decretó que es ilegal. La Junta de Extremadura, sin embargo, se resiste a cumplir la sentencia. Asegura que la demolición costaría 34 millones de euros y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura (PP) han presentado un escrito en el juzgado para pedir que abra un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia del Supremo que determinó que no se puede urbanizar en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, una figura europea de protección ambiental. La Junta alega, entre otras cosas, que “la devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía de los mismos”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo afirma que la construcción de 185 “villas”, un hotel de 80 habitaciones, un campo de golf y una base náutica con 76 atraques, entre otros, no ha afectado a los valores medioambientales de la zona, sino todo lo contrario. Demoler el complejo, asegura, sería perjudicial.
El texto alega que en el terreno nunca se había asentado ninguna especie de fauna o flora relevante o protegida: ni pagaza piconegra, ni gansos, ni grullas. La construcción del complejo, en cambio, tuvo un efecto “altamente positivo”, razona la Junta, porque se talaron 6.772 eucaliptos que se sustituyeron con arbolado autóctono: encinas, pinos piñoneros, fresnos, plátanos... De ejecutarse la sentencia, habría que “proceder a la tala” de casi 8.000 árboles y 100.000 matorrales plantados durante la construcción y que ayudaron a “mejorar notablemente la calidad paisajística de la zona”.
El Supremo ha ordenado el derribo de lo que ya está construido
En lo que respecta a las aves, el escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) señala que la desaparición del complejo supondría la pérdida de la vigilancia existente. Y dado que este servicio “ha eliminado el furtivismo” y ha permitido que, gracias a “las condiciones de tranquilidad y sosiego”, la población de gansos, grullas y pagazas piconegras haya aumentado en el entorno de la isla, en la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas, si se retira puede producirse un “recrudecimiento de esas prácticas” y “la eliminación de la tranquilidad que ha provocado el fuerte incremento en la población”. La Junta alega también que ejecutar la sentencia supone “la desaparición” de dos depuradoras, con lo que se volvería “a la situación anterior, de vertidos de aguas sin depurar”.
José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, califica de “peregrinos” los argumentos de la Junta y asegura que ejecutar la sentencia del Supremo no significa que haya que “demoler depuradoras, que la Directiva de Aguas obliga a construir, ni mucho menos arrancar árboles”. Se trata únicamente de “revertir la urbanización de lo que era un espacio natural”, algo que la ley obliga a hacer con una estricta evaluación ambiental. Trillo recuerda que se ha llegado a la situación actual por culpa de la desidia de la Administración, puesto que las organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción y Adenex) llevan años pidiendo la suspensión cautelar de las obras del complejo.
El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario ecónomico Expansión, tienen casas directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.
El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero pasado y declaró la nulidad del PIR. El TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI.
Fuente: El País
via Actualidad http://ift.tt/1gYreNE
