ACUERDO 48/2014, de 29 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se distribuye el Fondo para la financiación global de los municipios menores o iguales a 20.000 habitantes para el año 2014.

ACUERDO 48/2014, de 29 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se distribuye el Fondo para la financiación global de los municipios menores o iguales a 20.000 habitantes para el año 2014.

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El Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de la ley municipal

Es el segundo varapalo del organismo a una de las reformas estrella de Rajoy.

Más de 2.000 municipios se suman al recurso.

La reforma local aprobada en enero, que en la práctica resta competencias a los Ayuntamientos, está tocada y podría ser hundida en breve tras el nuevo varapalo del Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional ya ha admitido nueve recursos presentados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, así como por los parlamentos de Extremadura, Cataluña, Andalucía, Navarra y por 130 diputados de distintas fuerzas. La norma, que incrementa el poder de las diputaciones sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes y supedita muchas decisiones de los alcaldes al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, fue aprobada en el Congreso con los únicos votos del PP y PNV y de un diputado de UPN.

El conflicto por la defensa de la autonomía local también lo han planteado ante el Constitucional unos 2.000 municipios españoles que aglutinan una población de unos 15 millones de personas. A raíz de este último recurso, el Consejo de Estado acaba de emitir un segundo dictamen sobre la ley —el primero, durante la tramitación parlamentaria, obligó al PP a cambiar aspectos fundamentales del texto— que cuestiona la constitucionalidad de puntos esenciales.

“Existen fundamentos jurídicos suficientes”, dice el Consejo de Estado, “para que los afectados planteen conflicto en defensa de la autonomía local”, en relación a dos artículos. El primero es el que se refiere a que las diputaciones podrán “coordinar”, la prestación de servicios básicos —como basuras, agua, limpieza, pavimentación de calles o alumbrado— en los Ayuntamientos pequeños si éstos no justifican que pueden hacerlo a un coste más bajo que la entidad provincial. El cálculo de ese coste al que se presta un determinado servicio viene regulado por otro artículo de la norma que supone una suerte de “derecho de veto”, por parte de las diputaciones, que según el dictamen “priva a los municipios de cualquier capacidad de decisión”.

Otro de los puntos polémicos, la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local adopte las decisiones fundamentales de un municipio privando al Pleno de todo margen de maniobra, también es censurada por el Consejo de Estado presidido por el popular José Manuel Romay Beccaría. Tras el jarro de agua fría Gaspar Zarrías, coordinador de política local en el PSOE, ha anunciado que exigirá al Gobierno que suspenda su aplicación bajo la premisa que la ley es un camino para “privar a la ciudadanía de servicios fundamentales”.

En España hay 8.117 municipios, casi el 80% tiene menos de 20.000 habitantes. Y la mayoría prestan servicios sociales que a partir de ahora deberán de afrontar las comunidades autónomas sin más financiación para ello. En cambio, la reducción del número de Ayuntamientos, uno de los objetivos que el PP perseguía con su reforma estrella, se ha quedado en nada, ya que las fusiones serán voluntarias si así lo desea una “mayoría simple de cada uno de los plenos”[...].

Aunque la primera bronca que planteó la ley, que entró en vigor el pasado 2 de enero, no tuvo nada que ver con los servicios: fue a causa del tope salarial impuesto a alcaldes y concejales. Durante su desarrollo parlamentario los grupos pactaron varias subidas de ese máximo y ya con la ley aprobada, la presión de los alcaldes obligó al Gobierno a aclarar que los sueldos se establecerían sobre una escala decreciente de 100.000 euros anuales y no de 71.000 euros, como entendía el colegio de Secretarios e Interventores.

Tras esa primera polémica varias comunidades gobernadas por el PP, como Galicia o Castilla y León, legislaron para evitar aplicar la reforma.

Fuente: El País

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El Tribunal Constitucional admite a trámite los nueve recursos presentados contra la Ley de Reforma Local

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los nueve recursos presentados a final del pasado mes de marzo por cuatro parlamentos (Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía), cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias) y varios partidos de la oposición, entre ellos el PSOE, contra la Ley de Reforma Local.

El pasado 28 de marzo, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís-Equo impugnaron esta norma ante el tribunal de garantías al considerar que priva a los ayuntamientos de su autonomía política y de su financiación y que supone "uno de los mayores ataques a la democracia".

Por su parte, el Parlament de Cataluña recurrió la Ley por entender que 24 preceptos vulneran competencias de la Generalitat y "no encuentran amparo" en la Constitución.

En las nueve providencias dictadas este jueves el TC acuerda dar traslado de las demandas al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en los distintos procedimientos y formular alegaciones.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas, según ha aclarado el alto tribunal.

Por lo que respecta a los recursos presentados por la oposición, fuera recurso sólo quedaron los parlamentarios del PP, del PNV --que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales--, CiU --que presentó recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán-- y varias formaciones del Grupo Mixto.

ARGUMENTOS

Consideran los recurrentes que la ley, en vigor desde el 31 de diciembre de 2013, provoca enormes dificultades para la gestión de los ayuntamientos al privarles su capacidad de gestión de la política social, de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la gente necesitada, algo "absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy".

Por su parte, el Parlament de Cataluña recurrió la Ley por entender que 24 preceptos vulneran competencias de la Generalitat y "no encuentran amparo" en la Constitución.

La Generalitat ve inconstitucional también que la ley determine los sueldos que alcaldes basándose en el tamaño de los municipios, ya que considera que la propuesta del Gobierno central no deja "margen suficiente para que las autonomías puedan adaptarlo a las particularidades de determinados municipios".

Fuente: Europa Press

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Zarrías (PSOE) pide al Gobierno que suspenda la reforma local ante el "varapalo" del Consejo de Estado

El Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha pedido al Gobierno que suspenda al reforma local ante el "varapalo" que supone el dictamen del Consejo de Estado respecto a la Reforma del Gobierno local, que permite a los ayuntamientos presentar recurso ante el Tribunal Constitucional.

Zarrías ha celebrado que el informe "avale" las tesis del PSOE. "Ha afirmado, sin ningún género de dudas, que el texto de la Reforma Local del Gobierno vulnera gravemente la autonomía local constitucionalmente garantizada".

"Ante el varapalo del Consejo de Estado", ha dicho Zarrías, "exigimos al Gobierno que suspenda la aplicación de la Reforma Local que está privando a la ciudadanía de los servicios municipales, mientras dicta sentencia el Constitucional".

El dirigente socialista se refería así al dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre el recurso que plantearon más de 3.000 municipios españoles, en representación de más de 17 millones de ciudadanos y que les habilita ahora a presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional, "dándoles vía libre para protegerse ante la agresión inconstitucional que la reforma local del gobierno supone para las entidades locales al limitar sus capacidad de prestar servicios a la ciudadanía y la democracia sobre la que están sustentadas".

Por ello, insta al Gobierno que suspenda la aplicación de la ley que "lleva meses causando estragos en los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía". Y remacha que debe hacerlo antes de que "se produzca el bochorno de que el TC declare inconstitucionales todos los aspectos básicos de su reforma".

Zarrías avanzó que el PSOE dará el siguiente paso presentando un recurso ante el TC para que "declare inconstitucional esta reforma impuesta por el PP".

Así, ha concluido señalando que "no se debe consentir que por prejuicios y por desconocimiento, se siga criminalizando y culpando a la instancia de gobierno que más ha contribuido a mejorar las ratios de cumplimiento de déficit y de reducción de deuda, que son los Ayuntamientos, y más en concreto, los Ayuntamientos de menor tamaño".

Fuente: Europa Press

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La FEMP ´traducirá´ la reforma local para unificar su aplicación

La FEMP ´traducirá´ la reforma local para unificar su aplicación.

El vicepresidente Martínez Maíllo reconoce "disfunciones" en la implantación de la ley que entró en vigor en enero.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) creará un grupo de trabajo para guiar a las administraciones locales en la implantación de la llamada "ley Montoro", que entró en vigor el pasado uno de enero. Esta fue una de las principales comunicaciones en la junta de gobierno de ayer en la institución de la que es vicepresidente el zamorano Fernando Martínez Maíllo.

En la última asamblea de la Comisión Nacional de Administraciones Locales (Cnal), Martínez Maíllo ya reflejó que se habían detectado "disfunciones" en la puesta en marcha de la norma, que tiene un amplio recorrido hasta su total implantación, dado que incluye el progresivo traspaso de las llamadas competencias impropias. Montoro adelantó entonces que el Gobierno "guiará" la puesta en marcha del nuevo texto, aunque desde la FEMP harán su propio trabajo con la creación de este grupo de apoyo para "establecer las pautas que garanticen que la norma se aplica de forma similar en todas las entidades locales".

Por otro lado, la junta de gobierno de la FEMP valoró las nuevas condiciones que tendrán los ayuntamientos en la devolución del crédito para pagar a los proveedores. Las entidades locales podrán aplazar el abono hasta 2016, beneficiarse de una reducción en el tipo de interés o incrementar el periodo de carencia y de devolución.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Zamora -la institución que recurrió a un préstamo más importante- ha obviado las nuevas condiciones planteadas por el Ministerio de Hacienda para proceder a la devolución con una negociación directa con las entidades bancarias que, según avanzó la institución, ahorrará un millón de euros.

Fuente: La Opinión de Zamora

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UPyD exige al Gobierno de Aragón que aplique la reforma de las Administraciones locales

El coordinador territorial de UPyD en Aragón, Carlos Aparicio, ha resaltado "la desgana" con la que el Ejecutivo autonómico está llevando la ejecución de la reforma de las Administraciones locales. Según Aparicio, dicha reforma "se anunció a bombo y platillo por el Gobierno central para aparentar que hacía algo respecto a la situación insostenible de duplicidad administrativa y caciquismo en las administraciones locales".

UPyD aportó un plan de medidas concretas que hubiera ahorrado 26.000 millones de euros anuales y hubiera reforzado el control democrático de la política, atribuyendo cada competencia a una única administración.

El portavoz de la formación magenta en Aragón ha afirmado que "el PP no sólo descafeinó estas medidas en su plan estatal, sino que ahora su gobierno en la Diputación General de Aragón se ha dirigido expresamente a las entidades locales para indicarles que no hagan caso a la ley estatal, y sigan ejerciendo las competencias autonómicas que vinieran ejerciendo, a la espera de una reordenación administrativa, que la DGA reconoce tácitamente que no tiene la capacidad de gestión para afrontar, desbordada como está ya en la lucha del día a día contra el déficit".

Aparicio ha opinado que "si no arreglamos lo importante, que es racionalizar el ejercicio de los servicios públicos para que se presten de la manera más eficiente y con mayor control democrático, siempre nos veremos atropellados en el día a día, intentando pagar el gasto desorbitado que genera esa máquina caciquil de despilfarro a base de recortes cortoplacistas en los servicios que se prestan al ciudadano".

Fuente: Europa Press

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El ingreso hospitalario del administrador no le exime de la responsabilidad subsidiaria por deudas tributarias de la empresa al no haber actuado de forma diligente para evitar los incumplimientos de la sociedad

Confirma la AN la resolución del TEAC que desestimó la reclamación de derivación de responsabilidad subsidiaria del administrador recurrente por deudas tributarias. Ha quedado acreditado que se ha producido la comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada y la condición de administrador del interesado al tiempo de cometerse la infracción.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1gzXUlI

ANDALUCÍA: Medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOJA 28/5/2014)

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La Central de Contratación de la FEMP licita en los próximos días siete nuevos servicios y suministros para Entidades Locales

Empiezan a trabajar los grupos sobre aplicación de la reforma local y sobre techo de gasto y estabilidad presupuestaria. Íñigo de la Serna ha pedido que se flexibilice el crecimiento del techo de gasto ante la buena evolución de los Gobiernos Locales españoles. La Federación presentará sus alegaciones a las propuestas de metodología para el cálculo del coste efectivo y el del periodo medio de pago a proveedores

El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, ha anunciado a los miembros de la Junta de Gobierno, reunidos esta mañana, la inmediata apertura de la licitación de nuevos servicios y suministros que la FEMP prestará a sus asociados desde la Central de Contratación.

Los primeros servicios a licitar serán suministro de combustible para automoción y calefacción, asistencia técnica y colaboración para la gestión, notificación, recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico, y contratación de pólizas de seguros para las Entidades Locales (y entidades dependientes) adheridas al servicio de mediación de riesgos y seguros de la FEMP. A continuación se licitarán los de suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión, servicios de telefonía fija, móvil y ADSL, servicios postales y telegráficos, publicidad, paquetería, buzoneo, servicios on-line y práctica de notificaciones presenciales y telemáticas, y suministro de gas natural.

Todos ellos se suman a los tres ya existentes (de riesgos y seguros, optimización del gasto y cobro de sanciones en el extranjero), y al de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la instalación de una plataforma de contratación centralizada, que se encuentra en proceso de licitación.

Casi 200 Entidades Locales, entre ellas, varias Diputaciones Provinciales, forman parte ya de la Central de Contratación de la FEMP. A través de la Federación se están suministrando ya a estas Entidades más de 500 servicios.

Flexibilización del techo de gasto

El Presidente ha dado cuenta de los avances realizados sobre los acuerdos que se adoptaron en la última Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada el pasado 8 de mayo. Así, ha explicado las nuevas condiciones para la devolución de los créditos correspondientes a la primera fase del Plan de Pago a Proveedores, y se refirió a la puesta en marcha de varios de los grupos de trabajo comprometidos y a la elaboración de observaciones a algunos de los textos propuestos por los representantes ministeriales.

Una de las cuestiones más relevantes es la relativa a la flexibilización del techo de gasto. A juicio de la Federación, la buena evolución registrada por los Ayuntamientos en los últimos años hace necesaria esta flexibilización, y así lo transmitirá al Gobierno. También propondrá fijar el cálculo del techo de gasto sobre las previsiones iniciales del presupuesto del año anterior, regulando reglamentariamente los principios y excepciones en los ajustes por grado de ejecución del gasto. Esta cuestión es una de las que se analizarán en el grupo de trabajo establecido entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, marco en el que se aborda la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Otro de los grupos trabajará en el análisis de la implantación de la reforma local al objeto establecer las pautas que garanticen que la norma se aplique de forma similar en todas las Entidades Locales.

En cuanto a los textos propuestos en la CNAL, sobre criterios para el cálculo de coste efectivo y el relativo a periodos medios de pago, la FEMP ya ha preparado sus observaciones y las remitirá al Ministerio en breve. Uno de los puntos que resultan más complejos, por lo que a coste efectivo se refiere, es la determinación de las pautas que permitan contemplar determinadas peculiaridades municipales para asegurar una comparación más homogénea a la hora de realizar el cálculo.

Convenios sociales de la FEMP

Finalmente, la Junta de Gobierno dio esta mañana su aprobación a la firma de diversos convenios de colaboración, entre ellos, varios que vienen a reforzar el carácter social de las iniciativas de la Federación. El acuerdo para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género, el destinado a favorecer actuaciones municipales en materia de drogodependencias, o el correspondiente a Servicios de Teleasistencia en la Comunidad de Madrid, son algunos ejemplos.

Otras cuestiones

Además de informar los temas mencionados, la Junta de Gobierno también ha analizado en su reunión las alegaciones elaboradas el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y ha dado su aprobación a un modelo de ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización.

En su intervención, el Presidente de la FEMP también ha tenido palabras de recuerdo para la fallecida Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

Fuente: FEMP

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El PP de Galicia aprueba la ley que adapta la reforma local entre críticas al "ataque a la autonomía" de ayuntamientos

La oposición cuestiona la constitucionalidad de la norma de Montoro y los populares advierten de que el recurso supondría "paralización".

El PP de Galicia ha aprobado con sus votos la ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro, entre la crítica unánime de los grupos de la oposición –PSdeG, AGE y BNG-- al "ataque a la autonomía local" que entienden que supone el texto.

En el pleno del Parlamento gallego, la popular Paula Prado, portavoz del grupo mayoritario en el debate del dictamen elaborado por la comisión institucional al respecto, ha apelado a "la responsabilidad" de la oposición, a cuyos diputados ha dicho que "aún" estaban "a tiempo de apoyar una norma que favorece la autonomía local".

Sin embargo, en la votación, en la que los populares han rechazado las enmiendas que se mantenían de todos los grupos de la oposición, estos han votado en contra de la norma al poner en duda la constitucionalidad de la ley estatal, reprobar la deriva "recentralizadora" del Gobierno de Mariano Rajoy y advertir de que la normativa que adapta la reforma local en Galicia, en concreto, "no garantiza la prestación de servicios por los ayuntamientos".

Dicha normativa, la que ha sido aprobada este martes en la Cámara autonómica, incorporó en el trámite parlamentario novedades como la obligación de "reconsiderar" la delegación de las competencias que realice la Xunta de Galicia si la financiación que se lleva a cabo "resultase insuficiente".

Las modificaciones realizadas en ponencia suponen, por ejemplo, que en la delegación de las competencias que recoge el artículo 2 --las que podrá llevar a cabo la Xunta a los municipios para que sigan prestando determinados servicios--, "deberá determinarse su duración, las posibles prórrogas y los medios personales, materiales y económicos asignados". Además, en el caso de que la financiación de la delegación "resulte insuficiente, deberá procederse a su reconsideración", según fija ahora la ley.

Incorpora un nuevo artículo por el que se "deberá establecer un marco de coordinación y colaboración efectiva entre la Administración autonómica y local" para la prestación y mantenimiento de los servicios ante la ciudadanía, "debiendo promover su mejora y garantizar su prestación efectiva".

ANDALUCÍA, "MANU MILITARI"

Prado ha basado su intervención en la contraposición de la forma de actuar en Galicia, "con transparencia y dando participación a los grupos de la oposición" y en Andalucía, donde "socialistas y comunistas" acaban de aprobar un real decreto "manu militari". "Copiando la ley gallega", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz socialista en el debate, José Luis Méndez Romeu, ha replicado que "es sorprendente" que la argumentación de Prado se fundamente en lo que hace la Comunidad andaluza, pues puso un recurso ante el Tribunal Constitucional.

"¿Quiere hacer una propuesta 'in voce' para hacer ese recurso?", le ha preguntado antes de acusar a los populares de hacer "una mala norma, que cercena la autonomía local, que tiene ribetes de inconstitucionalidad y que expropia las competencias de los ayuntamientos".

"RECORTA EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN"

Méndez Romeu, así, ha rechazado la "subordinación de los poderes locales a los autonómicos" por constituir un hecho "dudosamente constitucional" y, además, ha lamentado que el PP "recorta autonomía política de los ayuntamientos recortando su ámbito de actuación", por el "traspaso" de servicios sociales, salud pública y educación a la Comunidad Autónoma de Galicia, lo que, según sus cálculos, "representa cercenar el 12% de la actividad de los presupuestos de los ayuntamientos gallegos".

Por su parte, la viceportavoz de Alternativa, Yolanda Díaz, ha vuelto a instar a la Xunta a interponer recurso de inconstitucionalidad "ante una invasión competencial gruesa", por una ley que, según ha asegurado, viene a "cargarse directamente las parroquias y las comarcas" de Galicia.

"SAQUEAN LO PÚBLICO"

Díaz también ha afirmado que con esta norma los populares "saquean lo público para favorecer la iniciativa privada en los ayuntamientos" y ha mostrado su rechazo a las diputaciones provinciales, "antidemocráticas y caciquiles".

A mayores, la viceportavoz de AGE ha criticado que "por la puerta de atrás se cargan las funciones de los plenos de las corporaciones" y, con ello, según ha dicho, están "secuestrando la democracia".

Mientras, la nacionalista Tereixa Paz, que también ha reclamado ese recurso de inconstitucionalidad, ha visto en las "externalizaciones" un intento de "privatización, en román paladín" y ha censurado que el "único objetivo de esta ley" sea "cumplir el principio de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera".

Para el caso de los organismos provinciales, ha solicitado "un ejercicio claro para ir vaciándolos competencialmente", de forma que se dejen "claras cuáles son las únicas competencias que tienen que prestar y que no puedan convertirse en un elemento que siga cuestionando las competencias locales". "En ningún caso pueden tener el carácter expansivo que le quiere dar el PP", ha incidido.

RESPUESTA DE PRADO

Prado, en respuesta a esto, ha señalado que presentar un recurso de inconstitucionalidad "supondría una paralización de cuatro o cinco años" y el PP "no va por esa vía", sino por la de "resolver problemas a los ciudadanos" y aportar "soluciones" a los consistorios, entre los que ha citado al de Pontevedra, gobernado por el Bloque, que, según ha indicado, "tiene problemas en el pago de los comedores escolares".

Además, ha afirmado que los grupos de la oposición "mienten" cuando dicen que desaparecerán las comarcas y lo atribuyen al texto debatido este martes, al igual que la acusación de dar facilidades a la iniciativa privada. "Eso lo hace la normativa estatal", ha resuelto.

"INFLAR FACTURAS"

Durante las intervenciones de réplica, la parlamentaria del BNG Tereixa Paz ha hecho alusión a su oposición a "las prácticas corruptas de inflar facturas", en alusión velada a Paula Prado y operaciones que investiga la jueza instructora de la 'Operación Pokémon'.

Igualmente, Yolanda Díaz ha recomendado a la popular que "de control presupuestario mejor que no hable" pues "debería estar callada". "Nosotros también estamos en contra de inflar facturas de ninguna empresa y de las empresas fantasmas y muchas cosas en que ustedes tienen un doble discurso", ha replicado la portavoz del PP de Galicia.

Fuente: Europa Press

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La Diputación de Córdoba acoge la presentación del libro 'Aspectos financieros de la reforma local'

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del libro 'Aspectos financieros de la reforma local', escrito por la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Rosa Ana Navarro, y coordinado por el abogado cordobés y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín.

Según ha informado la Diputación, esta publicación es uno de los primeros estudios sistemáticos de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, siendo una revisión actualizada y en profundidad del marco en el que se desenvuelven las relaciones de los municipios españoles con sus ciudadanos.

Ofrece una visión integral de los aspectos financieros más novedosos que plantea la adaptación del estatuto jurídico de la Administración Local, el nuevo marco competencial y su adaptación en términos de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad, las formas de gestión de los servicios públicos, las medidas presupuestarias que incorpora el nuevo texto y las nuevas situaciones del personal de la Administración Local.

Rosa Ana Navarro ha explicado que "la presentación de este libro viene a aclarar los aspectos financieros de la reforma local llevada a cabo por la Ley 27/2013. En lo referido al Plan de Pago a Proveedores, se han sacado de los cajones más de dos millones de facturas por un total de 11.600 millones de euros a nivel de todas las entidades locales, por lo que ha inyectado recursos a la economía, generando una actividad económica, manteniendo un total de 120.000 puestos de trabajo y siendo los proveedores locales los que se han beneficiado de esta medida, que ha afectado en un 99% a pymes y autónomos".

Por otra parte, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha argumentado que "en la provincia de Córdoba y su Diputación se han pagado en las dos fases un total de 38.835 facturas, por importe de 61,5 millones de euros y han sido 45 entidades locales las que se han sumado a este plan".

En este sentido, Navarro ha anunciado que "este plan de pagos había que devolverlo en diez años, pero hace una semana, por un acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se ha adoptado la decisión de ampliar el plazo de devolución de diez a 20 años para aquellas entidades que tengan unas necesidades especiales, en el total de los ayuntamientos españoles podemos hablar de 360 entidades que podrán acogerse a esta prorroga y todas las entidades locales se van a beneficiar de una reducción de los tipos de interés de este Plan de Pagos".

Junto a ello, ha señalado que "con los esfuerzos de los ayuntamientos hemos llegado a un cierre de unas cuentas del conjunto de entidades locales en 2012 de +0,22 y en 2013 con un superávit de +0,41. Este sector ha pasado de ser aquel que ponía en duda la solvencia de las entidades y administraciones españolas ante la Unión Europea (UE) a darle la solvencia a toda la Administración pública. Gracias al superávit de las administraciones locales se han salvado las cuentas del Reino de España".

Igualmente, ha detallado que, "de las 76 entidades de la provincia de Córdoba, 75 ayuntamientos y la Diputación, solo había 13 entidades locales con déficit en 2012", mientras que "la mejoría de 2013 hace que el Ayuntamiento de Córdoba multiplique por seis su superávit, y pase de 7,3 a 45 millones de euros, y la Diputación termina con un cierre de cuentas en 2012 de 23,5 millones, elevándolo a 31,5 en 2013. Esta norma lo que va a hacer es profundizar el saneamiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas, para las entidades que estén bien, y que se corrijan los desequilibrios de las que no lo están".

Por su parte, el abogado cordobés y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín, ha apostillado que "hay que reconocer que esta norma ha supuesto una auténtica revolución en los ayuntamientos y diputaciones españolas, sin embargo es una reforma que va en la línea que el Gobierno inició con la Reforma de la Administración central, que no supone una atadura para las competencias de las administraciones si no todo lo contrario".

Además, según ha concluido, "se deja muy claro que el Estado asume en esta ley sus competencias en materia de régimen local, pero que después las comunidades autónomas, partiendo de sus estatutos, también podrán desarrollar aquellas materias que sean de su competencia".

Fuente: Europa Press

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La adaptación a Galicia de la reforma local llega al Parlamento para su aprobación

La norma, tramitada por la vía de urgencia, permitirá a los ayuntamientos seguir con las mismas competencias que tenían a 31 de diciembre de 2013

El Parlamento gallego aprobará la ley por la que se adecua a Galicia la reforma local impulsada por el Ministerio de Hacienda y en vigor desde el pasado mes de enero. Como característica principal, la ley gallega permitirá a los concellos seguir desempeñando las competencias que tenían a 31 de diciembre de 2013.

Esta ley exprés impulsada por la Consellería de Presidencia pretende resolver las lagunas y dudas provocadas por el nuevo mapa competencial municipal promovido por Hacienda. Para evitar la discrecionalidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que dejaba su interpretación en manos de cada interventor municipal, la Xunta sacó su propia adaptación para "facilitar la aplicación e interpretación" de la reforma y "garantizar la eficiente prestación de servicios públicos".

El Ejecutivo gallego establecerá un antes y un después de la reforma local y para ello garantizará la actual cartera de servicios municipales siempre que no supongan un quebranto de la economía local. Pero aquellos ayuntamientos que quieran asumir nuevas competencias, bien propias o delegadas, serán sometidos a una auditoría por parte de la Xunta para comprobar su solvencia financiera y garantizar la eficiencia del servicio.

Esa "memoria económica" será elaborada por la consellería competente sobre el nuevo servicio que requiera la administración local en la que dará cuenta "del impacto de la nueva atribución de competencias sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad".

Para emitir el correspondiente informe sobre la prestación del nuevo servicio, el plazo será de tres meses y si transcurrido no ha habido respuesta por parte de la Xunta se dará por "desfavorable" su prestación. El Ejecutivo autonómico tendrá en cuenta el déficit, la deuda pública y los plazos de pago de las facturas. Pero deja claro que si finalmente los nuevos servicios otorgados a un ayuntamiento son finalmente dejados de prestar, la Xunta no tendrá la obligación de asumir esa competencia.

Fuente: El Faro de Vigo

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Andalucía también corrige como Galicia la reforma local

A diferencia de la Xunta, la Junta ha presentado un recurso ante el Constitucional que afecta a 23 artículos de la reforma del Gobierno central.

Galicia no es la única comunidad que ha recurrido a sus competencias estatutarias para esquivar el que es uno de los escollos más importantes que plantea la reforma local de Rajoy para la gestión de los ayuntamientos. Al igual que el Gobierno gallego, también la Junta de Andalucía ha establecido medidas urgentes para preservar la situación actual. El Ejecutivo que preside la socialista Susana Díaz aprobó el martes pasado un decreto ley en el que invoca que el Estatuto de Andalucía atribuye a la comunidad la «competencia exclusiva sobre régimen local» para determinar «las competencias y potestades propias de los municipios y de los demás entes locales».

Con arreglo a esa potestad, el Gobierno andaluz regula en ese decreto ley el procedimiento para que los ayuntamientos puedan obtener los informes que los facultan para el ejercicio de competencias adicionales a las que les son propias o atribuidas por delegación, en cuanto a la inexistencia de duplicidades en esos servicios y a la sostenibilidad financiera para asumirlos. Este esquema va en línea con el que el Ejecutivo gallego delimitó en la ley de medidas urgentes que el Parlamento ya aprobó hace un mes, valiéndose de la mayoría del PP en la Cámara. Los grupos de la oposición recriminaron a la Xunta que no presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la discutida reforma del Gobierno central. Andalucía sí lo ha hecho, con un recurso que afecta a 23 artículos, pero además ha seguido el camino de Galicia y de Castilla y León (también con gobierno del PP) para que la reforma no implique un vuelco mayor en los municipios.

Fuente: La Voz de Galicia

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Los 17 'futuros' municipios andaluces continuarán su proceso de independencia

Montoro aclara en una carta a la Junta que la reforma local no tiene efecto retroactivo para los expedientes de segregación ya iniciados Dudas del Consejo Consultivo provocan un parón.

La ley de reforma local no afectará a los 17 núcleos que ya han iniciado los trámites para constituirse en municipios autónomos en la comunidad andaluza. La entrada en vigor de la ley y, sobre todo, las dudas del Consejo Consultivo de Andalucía han inquietado en los últimos cuatro meses a estas entidades, algunas de las cuales llevan más de una década con el propósito de independizarse de su municipio de referencia.

Para aclarar esta incertidumbre la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige Diego Valderas (IU), solicitó el criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre si las nuevas exigencias de la ley (que los municipios resultantes cuenten con más de 5.000 habitantes) tiene efecto retroactivo para los expedientes ya iniciados.

La duda sobrevino cuando, en la propuesta de desestimiento de a solicitud del núcleo granadino de Carchuna-Calahonda, los juristas del Consejo Consultivo no sólo rechazaron el criterio de distancia necesario con el municipio matriz, sino que de forma espontánea reseñaron que la nueva exigencia de los 5.000 habitantes que incorpora la reforma local hacía estéril esta reivindicación.

La Junta mandó suspender el dictamen del Consultivo hasta una aclaración del legislador, el Ministerio de Hacienda, ante el temor de que el Consultivo rechazase las propuestas de los siguientes municipios a revisar (el malagueño de Montecorto y el granadino de Dehesas Viejas).

La Consejería de Administración Local mantiene que el trámite ya iniciado debe continuar su proceso al haberse iniciado antes que la entrada en vigor de la reforma local, el pasado enero. Se da la circunstancia de que los diecisiete expedientes abiertos en Andalucía están por debajo de ese mínimo de población.

En la respuesta enviada el pasado lunes, el Ministerio de Hacienda comparte con la Junta que, al no haber previsto la ley de reforma local ninguna disposición transitoria respecto a la normativa a aplicar a estos procedimientos, "el criterio interpretativo debe ser el de que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación".

Hacienda resuelve que, "de acuerdo a ambos criterios", la exigencia del requisito de los 5.000 habitantes "no resulta de aplicación a los 17 expedientes de segregación de términos municipales iniciados en Andalucía".

Esta respuesta llegó al Consultivo el miércoles, y según indicaron fuentes de este organismo, será en la primera quincena de junio cuando analicen la respuesta.

La Junta confía en que el Consejo Consultivo asuma este criterio, porque la intención de los representantes de la Consejería de IU es que estos núcleos logren la independencia si cumplen los requisitos vigentes en el momento en el que iniciaron los expedientes. "Creemos en el derecho de autodeterminación de los pueblos por razones históricas, culturales o sociales, y no en función del color político que tengan", señala el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho.

El criterio de la Junta ha sido habitualmente receloso con la segregación de municipios. Veinte han sido rechazados por diez que lo han conseguido, los últimos, en 2009 Villanueva de la Concepción, el 771, y el pasado diciembre el granadino de Valderrubio, que se separó de Pinos Puente, el 772.

Pero en los próximos meses pueden incorporarse más. Camacho vincula esta nueva disposición a la llegada de IU a esta Consejería. "Hasta que no hemos llegado nosotros la Junta era contraria a la segregación", afirma el director general.

A la antigua ley de demarcación le sucedió en 2010 la ley de autonomía local que exige para ser independiente la aprobación del municipio matriz y un informe de viabilidad económica. Los técnicos de la Consejería han empezado a interpretar esta viabilidad económica como un factor estructural, no coyuntural. Incluso han animado a núcleos a solicitar esta reivindicación. Es el caso de los jerezanos de la Barca de la Florida o Torrecera, aunque se ha solicitado un informe a Jerez para que aclare si está a favor. O de Balanegra, enfrentada con su municipio matriz, Berja, pero al que una sentencia del TSJA el pasado marzo ha devuelto a la carrera por la segregación siete años después de haber sido rechazada por la Administración autonómica.

Balanegra o San Martín del Tesorillo, población de 3.000 habitantes que representa un 30% de Jimena, tienen expedientes anteriores a la Laula y no tendrían por qué acreditar el consenso de su municipio de referencia. "Espero que se hayan eliminado todas las dudas", subraya Belén Jarillo (PP), alcaldesa pedánea del núcleo gaditano. Otro caso particular es Tharsis, cuya pelea con Alosno ha llevado a la Diputación de Huelva a gestionar el expediente.

Con la autonomía en la punta de los dedos están los malagueños de Montecorto y Serrato, que tienen de municipio de referencia a Ronda. "Prefiero ser prudente, sobre todo con las interpretaciones jurídicas. Sólo espero que no se frenen los expedientes", afirma Francisco López (PSOE), alcalde pedáneo de Serrato, población de unos 500 habitantes y cuyo expediente queda ahora a la espera del dictamen del Consejo Consultivo.

La Consejería de Administración Local avisa de que, de no atender el Consultivo el criterio de las administraciones, obligará a posicionarse al Consejo de Gobierno en contra de la opinión de este órgano consultivo.

Fuente: Diario de Sevilla

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