Casi una veintena de ciudades se benefician ya de los servicios de la Central de Contratación de la FEMP

La Central de Contratación de la FEMP y los servicios que presta ya cuentan entre sus beneficiarios con 19 capitales de provincia y ciudades con más de 100.000 habitantes. A las ciudades se suman otras diez Diputaciones Provinciales y un Consell Insular.

La Central de Contratación de la FEMP y los servicios ofrecidos en su ámbito también son de interés y utilidad para las Entidades Locales grandes, según se extrae de los niveles de vinculación a la misma y que se resumen en trece capitales de provincia (una de ellas con más de 100.000 habitantes) y seis municipios con población superior a esa cifra (Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Elche, Cartagena, Leganés y Getafe).

Las Entidades Supramunicipales también se han sumado a los beneficios de la contratación centralizada de servicios. Así, las Diputaciones Provinciales de Alicante, Almería, Badajoz, Jaén, Lleida, Ávila, Soria, Málaga, Girona y Segovia, y el Consell Insular de Ibiza ya están en este grupo.

En total, el número de adhesiones a la Central era de 675 a cierre de esta edición y seguía creciendo cada día. Las adhesiones entre los municipios FEMP se producen en todo el territorio nacional, aunque los dos archipiélagos, Asturias, Murcia y Madrid, son las Comunidades Autónomas donde la incidencia es mayor.

Licitación de nuevos servicios

Algunos servicios como el de asistencia técnica y colaboración para la gestión, notificación y recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico se encuentran en fase de licitación muy avanzada. Y en fase de adjudicación está ya el Servicio de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la implantación de un modelo integral de contratación centralizada para las Entidades Locales asociadas a la FEMP.

Los próximos servicios a licitar, con pliegos ya avanzados son los de contratación de suministro de combustible y también de gas y de electricidad. En breve lo serán los de telefonía fija y móvil; los servicios postales y telegráficos, publicidad, paquetería, buzoneo, servicios on-line y práctica de notificaciones presenciales y telemáticas; así como los de suministro a las Entidades Locales (y entidades dependientes) asociadas a la FEMP de luminarias con tecnología LED, sin inversión previa por las Entidades Locales.

Jornadas informativas

Por otro lado, el próximo mes de septiembre se reanudará el ciclo de jornadas formativas que llevarán a los responsables de la Central de Contratación de la FEMP por las diversas Federaciones Territoriales para acercar y explicar, de primera mano, las ventajas que puede reportar para los municipios la centralización en la contratación de servicios.

La Federación de Entidades Locales de las Illes Balears, la Diputación Provincial de Jaén y la Federación de Municipios de la Región de Murcia (su Presidente, Miguel Ángel Cámara, explica sus opiniones en la entrevista que aparece en estas páginas) ya han acogido la celebración de sus jornadas.

Se celebró otra jornada con el Consejo General de Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), en la que se trataron diversos aspectos sobre los procedimientos de contratación en todas sus fases, desde la elaboración de los acuerdos marco hasta la contratación final del servicio.

La adhesión a la Central de Contratación de la FEMP no conlleva obligación alguna. En el caso de que la Entidad Local que haya suscrito el acuerdo de adhesión esté interesada en beneficiarse de algún servicio concreto, bastará con que suscriba el acuerdo específico al acuerdo marco del servicio.

Los beneficios que reporta el sistema son, en primer lugar, de tipo económico, ya que la centralización de la compra permite generar economías de escala y negociar mejores precios.

En el caso de la Central de la FEMP, además, hay que tener en cuenta las facilidades en los trámites administrativos que conlleva el proceso de contratación. Desde la Federación, y con la asistencia técnica Gómez-Acebo&Pombo, se garantiza la contratación ajustada a todos los protocolos y el cumplimiento con todas las exigencias normativas de aplicación a estos efectos.

Fuente: FEMP

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La oposición se moviliza contra la reforma de la elección de alcaldes

El PSOE se vuelca para frenar el cambio electoral, que ni siquiera negociará

Pedro Sánchez: “El PP solo busca la elección directa del PP”

La decisión de Mariano Rajoy de impulsar por su cuenta una reforma del sistema de elección de alcaldes para aplicarla en las municipales de 2015 no tuvo este miércoles ni un solo apoyo de otro grupo político. Más bien encontró la respuesta contundente de la oposición, el anuncio de movilizaciones en contra y hasta declaraciones dentro del PP condicionando los cambios al consenso.

El PSOE rechaza la propuesta y este miércoles anunció que ni siquiera se sentará a negociarla cuando el Gobierno la presente dentro de un paquete de medidas de regeneración democrática. “El PP sólo busca una elección directa: la del PP”, escribió en Twitter el líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

El PSOE estudiará las propuestas del Gobierno contra la corrupción y presentará las suyas, pero pedirá que se saque de la negociación la reforma electoral. Entiende que no tiene relación con la regeneración y que sólo sirve para beneficiar al PP, en vísperas de unas elecciones.

La movilización de los socialistas tendrá continuidad hoy con un acto improvisado en Toledo por el número dos del partido, César Luena. En él anunciará ante alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha iniciativas para frenar la reforma que impulsa Mariano Rajoy. Por ejemplo, los socialistas estudian presentar mociones en Ayuntamientos en contra del cambio legal, además de actuaciones en el Congreso.

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, aseguró que su partido “no negociará esto ahora ni nunca” y que “el PP pretende cambiar él solo la bóveda del sistema electoral en España. Esto no había ocurrido nunca. Es una burla a la democracia”. Y el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, acusó a Rajoy de “pisotear el espíritu constitucional”.

El presidente pretende negociar con los grupos parlamentarios medidas que incluyen la reforma de la ley electoral para que el partido más votado se haga con las alcaldías y para que, si ninguno supera el 40% de los votos, pueda celebrarse una segunda vuelta entre los dos principales. Sánchez ya trasladó directamente a Rajoy que no apoyaría esta reforma, pero el presidente mantiene su intención de seguir adelante y ha dado instrucciones en ese sentido a los dirigentes de su partido. Si la llevara a cabo, sería la primera vez en democracia que se reforma la ley electoral sin consenso entre los dos grandes partidos.

También Izquierda Unida anunció su intención de llevar el asunto a todas las instituciones para que muestren su rechazo a lo que descalificó con expresiones como “golpe de Estado a la democracia municipal”. La formación que encabeza Cayo Lara también anunció que no negociará sobre este asunto con el Gobierno. Rosa Díez, líder de UPyD, rechazó de plano la reforma, que según sus cálculos favorece al PP y, en todo caso, perjudica a su formación.

No hay respuesta de los partidos nacionalistas, pero ya en julio el PNV expresó su rechazo a la propuesta inicial del Gobierno al entender que favorece a Bildu en los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra. De hecho, el portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, trasladó al PSOE su apoyo al rechazo a la idea, que apenas había esbozado entonces Rajoy. Si la reforma sale adelante en los términos actuales, la coalición EH Bildu será la gran beneficiada en muchos municipios vascos, donde fue primera fuerza en los pasados comicios locales. Pese a ello, la presidenta del PP en esa comunidad, Arantza Quiroga, aseguró este miércoles en Bilbao que es una “medida necesaria, que responde a la voluntad de acercar la política a los ciudadanos”, aunque con la modificación legal se pueda “beneficiar a Bildu”.

La propuesta del Gobierno chocaría además con la estrategia frustrada que han desplegado los populares vascos durante los últimos tres años para desbancar a la izquierda abertzale de la alcaldía de San Sebastián y de la Diputación de Gipuzkoa, las principales instituciones que gobierna Bildu tras ser la lista más votada en 2011. Quiroga apuntó, asimismo, que el PNV, que no se unió a la coalición con PP y PSOE para evitar que Bildu gobernara, no tiene razones para oponerse a la reforma. “La ley será igual para todos”, manifestó Quiroga, quien se mostró a favor de las listas abiertas. Bildu, por su parte, tachó la reforma de “antidemocrática” y afirmó que solo beneficiará al PP, informa Eneko Ruiz Jiménez.

En defensa del cambio legal salió el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, con el argumento de que “observar que los que pierden gobiernan y los que han ganado se encuentran en la oposición aleja a los ciudadanos de la política”.

El dirigente del PP se esforzó en explicar que intentarán en todo caso negociar con el resto de los partidos. Confirmó que en septiembre abrirán una ronda de consultas y que están “dispuestos a oír todas las iniciativas y dialogar hasta la extenuación”. Arenas insistió en que el PSOE llevó una propuesta de elección a dos vueltas de los alcaldes en su programa de las generales de 2008. Por eso, exigió “coherencia” a Pedro Sánchez.

El dirigente del PP también indicó que el diálogo con el PSOE es “esencial como segunda fuerza política en España”, si bien afirmó que “no se puede menospreciar la posición del resto de los grupos parlamentarios”. Es decir, no confirmó si seguirá adelante con la reforma sin consenso, pero hizo valer la fuerza parlamentaria del PP, con mayoría absoluta holgada para aprobarla sin apoyos.

Fuente: El País

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El PSOE pide la comparecencia urgente de Montoro por la reforma local

Javier Arenas presume de que el PP logró que el conjunto de los municipios tengan superávit.

La aplicación de la reforma local, que el PP sacó adelante en diciembre de 2013 sólo con el apoyo de UPN y la abstención del PNV, está en el punto de mira del grupo socialista, que ha pedido en el Congreso la comparecencia urgente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la comisión de Administración Pública. La oposición quiere que el ministro explique el alcance de la aplicación de la reforma en los 8.117 Ayuntamientos españoles. La ley fue presentada por el Gobierno como una de las de mayor calado en esta legislatura y que está siendo bloqueada por las comunidades autónomas, que sin más financiación no quieren hacerse cargo de los servicios que deberán dejar de prestar los municipios. En concreto, los socialistas quieren saber cómo está afectando la norma, que entró en vigor en enero, a la prestación de los servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales).

La secretaria de política municipal del PSOE, Adriana Lastra, asegura que la intención del Gobierno es “desmantelar la estructura del Estado empezando por los Ayuntamientos”, y augura poco recorrido a la norma. Según la ley, el 31 de diciembre de este año las autonomías tendrían que asumir todas las competencias en servicios sociales de los municipios, y este 2014 ya se tendrían que haber transferido una parte de los servicios sanitarios. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, estaría obligado a comenzar a negociar un convenio con la región para ceder el Servicio Municipal de Urgencias (Samur), la teleasistencia o los centros de mayores. Frente a ese escenario, el Gobierno de Ignacio González ha preferido legislar para que todo siga como hasta ahora mientras no se negocie un nuevo sistema de financiación. Fuentes regionales cifran en 1.100 millones de euros adicionales lo que el Ejecutivo madrileño debería aportar para rescatar las competencias de sus municipios.

Antes que Madrid iniciaron la batalla otras comunidades, como Castilla y León, bajo la amenaza de que el rescate de competencias desequilibraría sus cuentas. Asturias, Galicia, Cataluña, Extremadura, Andalucía o La Rioja han desarrollado su propia legislación sectorial para esquivar su aplicación. El malestar de los alcaldes, que pierden las riendas de servicios básicos para los ciudadanos, es evidente y se ha traducido en un recurso de inconstitucionalidad firmado por unos 3.000 consistorios.

Sin embargo, el PP insiste en defender que la gestión de Mariano Rajoy ha propiciado que el conjunto de los municipios estén, por segundo año, en una situación de superávit frente al déficit que presentaban al inicio de la legislatura. “Esos ayuntamientos están siendo grandes actores para salir de la crisis con el esfuerzo de todos los españoles”, manifestó Arenas ayer.

Fuente: El País

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De la Serna apuesta por arbitrar medidas para que los ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha apostado este martes por arbitrar las medidas necesarias para que los ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada, algo que, en su opinión, "respondería con más fidelidad a la voluntad ciudadana, reflejada en las urnas".

De la Serna se ha manifestado así en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Marbella, junto a su alcaldesa y presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz; el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas; y el presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno. Han estado presentes también el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena.

"El objetivo de la propuesta del Partido Popular sería acercar el sistema de representación y gobernabilidad a la voluntad democrática de los ciudadanos", ha resumido De la Serna, quien ha subrayado que, de esta forma, se reforzaría la legitimidad popular y representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el mandato electoral y se posibilitaría el cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos.

De la Serna ha recordado que la Constitución Española contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos y ha señalado que en países de nuestro entorno, como Francia y Portugal, se contempla la designación como alcalde de la persona que encabece la lista más votada, informa el PP de Cantabria en un comunicado de prensa.

Por otra parte, el regidor santanderino ha destacado que, gracias a las medidas que ha puesto a disposición de los municipios el Gobierno de Mariano Rajoy, las entidades locales "han conseguido salvar los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto del país".

En este sentido, ha precisado que los municipios españoles han cerrado el primer trimestre del año con un superávit de 2.010 millones de euros. Asimismo, ha indicado que la deuda de las Entidades Locales españolas continúa manteniéndose estable, pese a que la del conjunto de las Administraciones Públicas se ha elevado al 98,2% del PIB, 1.007.319 millones de euros, según los datos avanzados por el Banco de España.

"Es un signo de que las entidades locales están haciendo bien las cosas", ha subrayado De la Serna, quien no obstante, ha apostillado que estos ratios "no se habrían alcanzado" si el Gobierno de Rajoy no hubiera arbitrado medidas como el plan de pago a proveedores, la flexibilización de las devoluciones de los pagos a cuenta del Estado o la refinanciación de las condiciones con los bancos.

Fuente: Europa Press

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Las autonomías frenan la ley que les obliga a asumir servicios municipales

Ocho comunidades blindan sus competencias y eluden aplicar la reforma local.

La Asamblea de Madrid (con mayoría absoluta del PP) aprobó el mes pasado una ley que aplaza —hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación— la asunción de ciertas competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales, unas competencias que ahora están en manos de los Ayuntamientos y cuyo traspaso a las comunidades ordenaba la reciente ley de reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Cataluña ha hecho lo propio con un decreto ley publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado. En el preámbulo de ese decreto, la Generalitat habla de la “incertidumbre jurídica” que ha creado la reforma local, que entró en vigor el pasado enero en toda España y que, según el texto, “ha generado numerosas y contradictorias interpretaciones por parte de los entes locales”.

Extremadura, gobernada por el PP, ha desarrollado la ley estatal con sus propias claves para evitar que desaparezcan las mancomunidades de su región. Más contundente ha sido Andalucía, que ha aprobado un decreto ley pensado como un “dique de contención contra el desmantelamiento de la Administración local”, en palabras del vicepresidente Diego Valderas (IU). Galicia, Castilla y León, País Vasco y La Rioja también han desarrollado sus propias leyes para esquivar en mayor o menor medida uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy.

Paralelamente, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite nueve recursos contra la reforma formulados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias; y los Parlamentos extremeño, catalán, andaluz y navarro, así como el presentado por 130 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto. El Constitucional todavía tiene que pronunciarse sobre un décimo recurso, el registrado en julio por cerca de 3.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) que gobiernan a unos 17 millones de ciudadanos.

Tras esta ofensiva legislativa y judicial, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha quedado reducida a la mínima expresión ocho meses después de su entrada en vigor. Su gran objetivo, plasmado en la máxima de “una Administración, una competencia”, está siendo papel mojado mientras no se aclara el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya negociación ha sido aplazada sine díe por el presidente del Gobierno: “Ahora es imposible”, reconoció Rajoy hace una semana.

Sin más dinero, los Gobiernos autónomos de todo signo político se niegan a rescatar o ceder por convenio los servicios que según esa ley estatal deben dejar de prestar sus municipios: desde oficinas de consumo a casas de acogida de mujeres, albergues, guarderías, centros de mayores, oficinas de turismo o consultorios médicos. La propia reforma ya daba unos plazos muy amplios para ejecutar ese traspaso en cuanto a los servicios sociales y la sanidad, pero la opinión unánime de los alcaldes consultados es que nada se ha movido desde enero.

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), lo explica en clave de normalidad frente a “las posturas alarmistas que llegaron a decir que se desmantelarían los servicios sociales, se perderían decenas de miles de puestos e iríamos hacia la privatización”. “Nada de eso ha sucedido”, subraya. Aun así, De la Serna cree que hay una ofensiva de ciertas autonomías para pulverizar la ley y reclama al Gobierno que la defienda. El Ministerio de Administraciones Públicas no ha movido ficha, aunque el Ejecutivo afirma que estudiará si las normas que están aprobando las comunidades vulneran la ley estatal.

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), coincide con que apenas se ha notado la entrada en vigor de la reforma local. La legislación autonómica que ha impulsado el Gobierno gallego (PP) con el decidido apoyo de los alcaldes de su partido frena el traspaso de competencias al menos hasta 2015. “El albergue social nos cuesta 750.000 euros. Se lo tendría que quedar la Xunta, pero seguimos con él y pagándolo. En el resto de comunidades prácticamente sigue todo igual”, dice.

Eulalio Ávila, presidente del Colegio de Interventores y secretarios de la Administración Local, razona que uno de los problemas está en la redacción del artículo 25 de la norma, el que regula las competencias de los municipios: “Adolece de cierta ambigüedad. Las comunidades han regulado en general de una manera laxa el desarrollo de la reforma local, que tendría que haber nacido de un pacto de Estado, incluidas comunidades y Ayuntamientos, con un acuerdo amplio. Pero los desarrollos normativos de cada comunidad dejan claro que no había una visión común”, afirma Ávila.

Otro dato: Hacienda prometió que en abril publicaría la lista de las poblaciones que, por incumplir con la estabilidad presupuestaria, no pueden prestar competencias que no se recojan en la ley. Nada se sabe de ese documento. Fuentes municipales aseguran que el departamento de Cristóbal Montoro tiene razones para no mostrarse muy estricto con los alcaldes: la Administración local lleva dos ejercicios aportando superávit a las cuentas públicas y queda menos de un año para las elecciones. “[La ley] se está aplicando bajo mínimos”, analiza el responsable de política municipal de IU, Manuel Fuentes. “Nos lo temíamos la mayoría de los municipalistas: en vez de solicitar la delegación de competencias o la prestación de servicios, se deja hacer porque no se ha solucionado el problema de la financiación municipal. Pero no hay que perder de vista que tanto esta ley como todo lo que el PP ha impulsado, como el plan de pago a proveedores o la ley de estabilidad presupuestaria, pone en riesgo los servicios públicos”, añade.

Fuente: El País

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