viernes, 17 de julio de 2015

Personal Eventual y Trienios

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(Comentario de urgencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2015)


“El nombramiento de personal eventual debe quedar reducido a las funciones que exigen una estricta relación de confianza política, y no debe extenderse a la realización de actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico ni el desempeño de puestos de trabajo estructurales o permanentes”.

(Informe Comisión de Expertos para el estudio y preparación del EBEP, INAP, Madrid, 2005, p.63)

La naturaleza del personal eventual en el marco legislativo español nunca ha estado bien configurada. Su lugar natural de regulación –como ha reconocido la mejor doctrina- nunca debiera haber sido la legislación de función pública, sino la propia del Gobierno y de la Administración. Pero, el problema dista de ser formal y se transforma en material, cuando las funciones asignadas a ese “personal de confianza y asesoramiento especial” son similares o análogas en muchos casos a las atribuidas al funcionario de carrera.



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Personal eventual y trienios ( Rafael Jimenez Asensio)

(Comentario de urgencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2015) “El nombramiento de personal eventual debe quedar reducido a las funciones que exigen una estricta relación de confianza política, y no debe extenderse a la realización de actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico ni el desempeño de … Sigue leyendo

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Sueldos «dignos» y dentro de la legalidad para los alcaldes

La Federación Española de Entidades Locales Menores considera «muy triste» la idea de que en los pueblos «tienen que conformarse con menos».

Los sueldos de los alcaldes han sido motivo de reunión este jueves para la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM). Según la organización, los ediles deben tener una asignación «digna», acorde con la ley, y ha asegurado que no entiende «la polémica» por el incremento de asignaciones en algunos municipios.

Tal vez, se hayan acordado de los alcaldes de Arrigorriaga, Beasain y Azkoitia, todos del PNV, que se subieron su sueldo tras ganar las elecciones hasta el límite máximo que les permite la «singularidad foral» del País Vasco y ahora cobran algo más de 65.000 euros brutos anuales cada uno. Una cifra muy por encima de los 50.000 euros que establece la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para los municipios de menos de 20.000 habitantes, aprobada en 2013 con los votos del PP y el apoyo del PNV en el Congreso.

La FEEM ha afirmado que es «muy triste» la idea de que en los pueblos «tienen que conformarse con menos», y que no es «justo ni coherente» que se intente «menospreciar» la labor de estas identidades, según ha informado. Para su presidente, Antonio Martín Cabanillas, no es «comprensible» que se exija a los políticos locales «una dedicación 24 horas, 365 días al año», y ha recalcado que se les critique por percibir «un sueldo digno».

Cabanillas ha remarcado que «en ninguno de los casos» está por encima de lo marcado por la legalidad y que «ninguno de los representantes» criticados por el aumento de sus asignaciones haya sido superior al tope de 40.000 euros, fijado por la ley reguladora de las bases del régimen local. La norma también fija los sueldos que cobrarán los regidores en el caso de corporaciones locales de menos de 1.000 habitantes será de 30.000 euros para los que tengan una dedicación parcial al 75%; un sueldo de 22.000 euros para los que tengan una dedicación parcial al 50% y 15.000 euros para la dedicación parcial al 25%.

Para la FEEM, el salario máximo para los municipios de 500.000 habitantes es de 100.000 euros y de un máximo de 40.000 euros para las entidades de más de 1.000 personas. Por ello, ha apoyado que, para la realización de una función política digna, han de existir «retribuciones igualmente dignas dentro de la legalidad».

«Ninguno de los partidos políticos de nuestro país, incluidos Podemos o Ciudadanos, se opuso durante el trámite legislativo a estas retribuciones», ha concluido. Sin embargo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el mismo día de su investidura anunció que ella y los suyos se recortarían el sueldo.Desde Ahora Madrid firmaron un código ético donde se establecía unas retribuciones máximas, recogidas en su «reglamento económico de los cargos electos» y el mismo día de la investidura de. Pero, al menos por el momento, no cumplirán este compromiso.

Fuente: ABC



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INAP: Acciones formativas dirigidas a personal directivo y predirectivo

Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal directivo y predirectivo, para el segundo semestre de 2015  (BOE 17/7/2015)

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TRIBUNAL DE CUENTAS: Resolución por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático a la recepción de cuentas anuales de sociedades mercantiles y consorcios, información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrario

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático a la recepción de cuentas anuales de sociedades mercantiles y consorcios, información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa (BOE 17/7/2015)

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Compromiso de la FEMP con la prevención de las drogodependencias en el ámbito local

La Federación ha firmado hoy con el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la renovación del convenio para que los Ayuntamientos puedan llevar a cabo actuaciones en este ámbito. Se dota con más de 300.000 euros del Fondo de Bienes Decomisados para desarrollar distintas iniciativas que ayuden a luchar contra esta lacra social

El Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ángel Fernández Díaz, y el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín Vich, han firmado en la mañana de hoy un Convenio de colaboración para el año 2015 que permitirá a los Ayuntamientos llevar a cabo actuaciones para prevenir las drogodependencias en el ámbito local.

Este convenio se viene rubricando desde hace 14 años y demuestra el firme compromiso de ambas instituciones en la lucha contra esta lacra social. En esta ocasión se dota con 345.500 euros del Fondo de Bienes Decomisados que se destinará a realizar distintas iniciativas de prevención entre las que destacan el programa Agente Tutor o el Premio de Buenas Prácticas en el ámbito local.

Para el Secretario General de la FEMP, “las actividades previstas en el convenio contribuyen a enriquecer y dinamizar el espacio de trabajo compartido entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Entidades Locales”. En la misma línea, el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha señalado que “este convenio supone la consolidación de una línea de trabajo, con más de una década de continuidad, que ha permitido la puesta en marcha y el mantenimiento de numerosos programas y actividades relacionados con la reducción de la demanda de drogas desarrollados en el ámbito local, así como la formación y actualización de conocimientos en esta materia de un número importante de funcionarios y trabajadores de las administraciones locales”.

Gracias a esta rúbrica, la FEMP y el Ministerio volverán a convocar para este año 2015 el VI Premio de “Buenas Prácticas en Drogodependencias en el ámbito local”, cuyo objetivo es recopilar experiencias exitosas e innovadoras que puedan extrapolarse a diferentes contextos. Asimismo, se promoverá la extensión e implantación del Programa Agente Tutor, mediante actividades de difusión y de formación dirigidas a miembros de las policías locales de diferentes municipios. Este programa, que se inició en 2012, ha formado ya a más de 150 policías de 85 Entidades Locales.

Fuente: FEMP



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jueves, 16 de julio de 2015

El PSOE ve necesaria la reforma electoral, pero tras las generales

Los socialistas están dispuestos a hablar de la segunda vuelta propuesta por el PP.

Detrás del ruido de la oposición, que se hace más fuerte por la cercanía de las elecciones generales, se descubre un punto de encuentro entre el PP y el PSOE sobre la necesidad de reformar la ley electoral. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, criticó ayer con dureza las formas del PP, que la próxima semana va a registrar una Proposición de Ley para que gobiernen las listas más votadas en los ayuntamientos. «Es una reforma exprés y al galope, que el PP presenta después de su conferencia política. No es serio que cada vez que el PP tiene problemas anuncie una reforma electoral. Que reflexione sobre si se puede maltratar así a las instituciones», denunció.

Después de los rayos y centellas, se preguntó al portavoz socialista si le parece positivo el fondo o no. ¿Le parece bien hablar de una reforma electoral, y en concreto de la segunda vuelta que propone el PP? Su respuesta fue tan contundente como sus críticas a las formas: «Estamos dispuestos a hablar de una reforma electoral en profundidad, claro que sí. Y estamos dispuestos a hablar de una segunda vuelta, sí».

Lo que critica el portavoz socialista es que el PP presente una reforma como ésta a tres meses de las elecciones, porque «no es serio». Los populares, sin embargo, le recuerdan que fue el PSOE el que aseguró el año pasado que hablaría de la reforma después de los comicios locales y autonómicos del 24-M, y ahora tampoco le parece bien.

«Es necesaria la reforma electoral en España, hay que hablar de muchos temas, en profundidad, pero desde luego no por el interés electoral del PP a tres meses de las elecciones», justificó el portavoz del Grupo Socialista, para quien el mejor momento será después de las elecciones generales, previstas para finales de año.

Por el Grupo Popular, su portavoz, Rafael Hernando, se mostró perplejo por la postura del PSOE, y recordó que la reforma que propone su partido no es para que se aplique en las elecciones generales, sino en las municipales que se celebrarán dentro de cuatro años. Dejó claro que la intención del partido que sustenta al Gobierno de Rajoy no es imponer su mayoría absoluta para aprobar la Proposición de ley con la reforma electoral. No, esa opción está descartada.

El auténtico propósito del PP es, por un lado, cumplir su programa electoral, y por otro, abrir un debate que ve necesario, sobre todo después de los pactos de perdedores surgidos tras el 24-M, y obligar al resto de los grupos parlamentarios a que se retraten con su posición y voto. La posición del PP no es nada inocente, y busca poner en aprietos al PSOE, que ha permitido que las marcas blancas de Podemos gobiernen en muchas ciudades españolas, pese a no ser las ganadoras, como es el caso de Madrid, Valencia, Cádiz o Badalona.

Habrá debate en Pleno

El Grupo Popular forzará así como mínimo un debate en el Pleno del Congreso sobre la necesidad de que gobiernen las listas más votadas en los ayuntamientos. En ese Pleno habrá una votación, al menos para rechazar o no las enmiendas que se presenten. Será ahí donde el PSOE tendrá que tomar partido, aunque la Proposición después decaiga con el final de la legislatura.

Desde el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría defendió que este sea «un buen momento» para presentar la reforma electoral, y destacó la pertinencia de la propuesta del PP de establecer en las municipales una prima mayoritaria en el caso de que se consiga un porcentaje de votos superior al 35 por ciento y, si no, una segunda vuelta. En una entrevista en Cuatro, la vicepresidenta del Gobierno rechazó que el PP pretenda así lograr lo que no consigue en las urnas, al afirmar que «si hubiera sido así, se hubiera planteado antes de las elecciones» y defendió la propuesta en aras de la «estabilidad».

Respecto a los grupos minoritarios, los nacionalistas verían bien una modificación legal para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. «Es un asunto que sería bueno que se acometiera, porque dar la última palabra al ciudadano siempre es positivo», sostuvo Pere Macias, de CDC. Desde el Gobierno vasco, su portavoz, Josu Erkoreka, aseguró que el Ejecutivo de Urkullu «no se opone a analizar, a examinar cualquier propuesta legislativa que plantee una reforma del sistema electoral». «Lo que sí pide es un compromiso con el máximo consenso posible», matizó, informa P. Pazos.

Izquierda Unida, en cambio, rechaza de plano este debate. Su portavoz, José Luis Centella, dejó claro que su formación se opone a toda fórmula electoral que no sea «proporcional».

Fuente: ABC



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miércoles, 15 de julio de 2015

Requisitos que han de concurrir para tener derecho a la exención de las ganancias patrimoniales por la transmisión de la vivienda habitual cuando el contribuyente resida en la misma por un periodo inferior a tres años

El TSJ acuerda desestimar el recurso interpuesto contra la liquidación girada por el IRPF. La cuestión planteada consiste en determinar la procedencia o no a efectos fiscales del concepto de vivienda habitual a la vivienda donde residiera la recurrente durante un periodo inferior a los tres años que exige el art. 53.1 del Reglamento de IRPF dictado en desarrollo del art. 36 del RDLeg. 3/2004, de 5 de marzo, para gozar de la exención de las ganancias patrimoniales por la transmisión de la vivienda habitual.

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INAP: Convocatoria de acciones formativas centralizadas y descentralizadas en el ámbito local para el año 2015

Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas centralizadas y descentralizadas en el ámbito local para el año 2015 (BOE 15/7/2015)

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De la Serna afirma que las Entidades Locales sacan sobresaliente en gestión y tiran del carro de la recuperación

El Presidente de la FEMP enfatiza la labor de los Ayuntamientos y destaca que con menos recursos prestan los mismos servicios a los ciudadanos. La Junta de Gobierno, celebrada hoy, aprueba sus cuentas y convoca el XI Pleno Ordinario de la FEMP. Se aprueba el Convenio de Colaboración entre la FEMP y SEO/BirdLife y se informa del convenio con la SGAE que permite a los Ayuntamientos aplicarse una tarifa plana de derechos de autor.

El Presidente de la FEMP y Alcalde de Santander ha puesto de manifiesto en la Junta de Gobierno que las Entidades Locales han sacado sobresaliente en gestión y son las Administraciones que tiran del carro de la recuperación económica. Asimismo ha puesto de relieve la gran labor que realizan los Ayuntamientos y destaca que con menos recursos prestan los mismos servicios a los ciudadanos, especialmente los de carácter social.

De la Serna ha informado a los miembros de la Junta de Gobierno de la petición efectuada en la última Comisión Nacional de Administración Local de flexibilizar el techo de gasto poniendo en valor la consolidación de la Administración Local española como el sector económicamente más saneado; así recordó que la evolución de los datos económicos de municipios y provincias es la muestra más clara de que a lo largo de los últimos ejercicios “han desarrollado una gestión ejemplar, controlando sus economías sin descuidar la prestación de los servicios a los ciudadanos”.

En este marco, recordó que, a cierre de 2014, más del 90% de los Gobiernos Locales cerraron sus cuentas con superávit, sumando en su conjunto un balance positivo de 0,52% del PIB, y contribuyendo así a que el déficit del sector público se acercase a las exigencias comunitarias para nuestro país.

Y recordó también que la deuda financiera local se ha ido ajustando a lo largo de los últimos tres años, hasta el punto que son ya 3.500 los municipios los municipios cuya deuda viva era de cero euros a cierre de 2014.

Cuentas y Pleno Ordinario

En el transcurso de la Junta de Gobierno se ha procedido a convocar el XI Pleno Ordinario de la FEMP, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre. Asimismo, se han aprobado las cuentas de la institución que se han liquidado con un superávit de 329.030 euros. Éste ha sido el año, según ha quedado patente, de la consolidación de toda la política de reducción de gastos y potenciación de ingresos de colaboración público-privada por el que apostó la Federación al inicio de este mandato.

Buena prueba de ello, es la creación en 2014 de la Central de Contratación de la FEMP que en tan sólo un año ya cuenta con 490 Entidades Locales adheridas que representan a más de 17 millones de habitantes; cuatro contratos formalizados, dos de combustible calefacción  dos de asistencia para la gestión de multas de tráfico; cinco acuerdos marco en funcionamiento (suministro de combustible para calefacción, asistencia para la gestión de multas de tráfico, suministro de electricidad, suministro de combustible automoción para Canarias, Ceuta y Melilla, suministro de gas natural), y dos acuerdos marco en licitación (asistencia para la gestión tributaria en vía ejecutiva y prevención de riesgos laborales).

Convenios

La Junta de Gobierno también ha aprobado la firma de un convenio marco de colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (Seo/BirdLife) con el fin de fomentar la conservación y mejora del patrimonio natural y la biodiversidad urbana en los municipios, especialmente, aquellos adheridos a la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad.

Por otra parte, el Presidente ha informado sobre el acuerdo alcanzado con la SGAE para actualizar las tarifas de aplicación a las Entidades Locales en el periodo 2015-2017, minorando en todas ellas la cuantía para el conjunto de las actividades de promoción de la cultura, incrementa las deducciones actuales y habilita la adhesión opcional a un régimen simplificado –tarifa plana- para las localidades con menos de 3.000 habitantes.

Asimismo, se ha puesto de relieve que el Gobierno ha adoptado una medida, respondiendo a una petición de la FEMP, para que las Entidades Locales puedan hacer frente a las obligaciones financieras derivadas del cumplimiento de sentencias firmes. Así, aquéllas que estén en esta situación podrán acogerse al Fondo de Ordenación e Impulso Económico, que se ha dotado para este fin con 300 millones más.

Fuente: FEMP



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martes, 14 de julio de 2015

Los ayuntamientos dejarán de ingresar 4.500 millones por los nuevos cambios en el IBI

El suelo urbanizable sin edificar tributará como terreno rural, con impuestos más bajos.

Cuando la ola inmobiliaria se desplomó, allá por 2008, se llevó consigo cientos de proyectos urbanísticos que nunca llegarían a llevarse a cabo. Solares desperdigados por toda la geografía son los testigos silenciosos del derrumbe de una economía que en su momento llegó a edificar 700.000 viviendas en un sólo año, más de lo que Italia, Reino Unido, Francia y Alemania construían juntas en los mismos doce meses.

Sin embargo, para Hacienda la burbuja no había estallado: los terrenos urbanizables en los que nada se había construido pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano, como si los planes de construcción se hubieran desarrollado. Hasta ahora.

El Gobierno publicó el pasado 25 de junio en el BOE una modificación de la ley hipotecaria y del catastro inmobiliario para que los suelos urbanizables pero pendientes de construir paguen el IBI rústico en lugar del urbano. El primero es mucho menor al segundo, lo que supondrá un alivio fiscal para miles de propietarios –particulares, promotoras, inmobiliarias y entidades financieras– y una importante pérdida para las arcas municipales que rondará los 4.500 millones de euros, según la Abogacía del Estado.

Esta merma de ingresos representa una tercera parte de lo que recaudó el IBI en 2014, unos 12.032 millones. Hasta 900.000 fincas podrían reducir su tributación. El IBI ha sido los últimos años el salvavidas fiscal de los ayuntamientos. Es su principal fuente de ingresos y cada año de crisis ha engordado su recaudación, a medida que los consistorios elevaban sus tipos (ver gráfico).

Si bien la nueva ley entró en vigor el pasado 25 de junio, su aplicación dependerá de ayuntamientos y Catastro. Los consistorios estarán desde ahora obligados a comunicar a la Dirección General del Catastro la situación urbanística de sus suelos urbanizables para que pasen a la situación de rústico los que carezcan de ordenación.

Por ello, el cambio no se producirá de la noche a la mañana. Tampoco lo hará la pérdida recaudatoria para los ayuntamientos. Como analiza Eva Giménez i Corrons, socia del área de Derecho Administrativo y Urbanístico de Rousaud Costas Duran (RCD), el nuevo texto legal impide que la interpretación jurisprudencial "sea de aplicación inmediata aunque afectará a un importante número de ponencias de valores totales y parciales". La ley, y la pérdida de ingresos, se irá aplicando a medida que vayan entrando las nuevas revisiones catastrales –ponencias– sobre los valores de los terrenos. Puede llevar años.

"La nueva ley deja la pelota, de momento, en el tejado de los Ayuntamientos, ya que serán ellos los que tendrán que suministrar información a la Dirección General del Catastro, para que sea esta la que inicie un procedimiento simplificado de valoración colectiva. La valoración así realizada tendrá efectividad desde el 1 de enero del año en el que se inicie el procedimiento", describe José María Salcedo, socio del despacho de abogados Ático Jurídico.

Una ley no retroactiva

La rebaja del IBI no será retroactiva y sólo se aplicará en el momento en el que se modifique la revisión del suelo, aunque los abogados fiscales la están pidiendo en los tribunales. Ello deja dudas sobre qué pueden hacer los propietarios de los terrenos sin construir para acelerar el proceso y comenzar a pagar menos impuestos.

"Ante la posible desidia de la Administración, a los contribuyentes siempre les quedará la posibilidad de impugnar el próximo recibo de IBI que se les notifique basándose en la sentencia del Supremo y en la ley", destaca Salcedo, quien recuerda que algunos tribunales como el Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, aplican directamente la sentencia del Tribunal Supremo, aunque el Catastro no haya hecho efectiva la modificación.

 

La situación desemboca en un probable aumento de la litigiosidad entre propietarios y Administración. "En los próximos meses veremos si por parte de los ayuntamientos y Catastro hay voluntad de acometer los cambios exigidos. Si la Administración está inactiva, a los contribuyentes no les quedará otra que exigir sus derechos en los tribunales", zanja Salcedo.

Fuente: ABC



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lunes, 13 de julio de 2015

La falta de transparencia de las asignaciones económicas a los grupos municipales

En los meses inmediatamente anteriores a la aprobación de la infausta Reforma Local, tratamos en este blog las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Analizábamos su insuficiente regulación legal y las malas practicas, por no decir otra cosa, que ello permitía. Como estaba en marcha aquella Reforma aprovechábamos la ocasión para pedir desde este humilde sitio que se abordaran las asignaciones a los grupos municipales. Al fin y al cabo, si lo que se pretendía era, entre otras cosas, poner orden en las liberaciones de concejales y sus emolumentos y en los cargos de confianza, entendíamos que de la misma naturaleza de fines participaba la cuestión para la que demandábamos una mejor regulación.

Como todos sabemos, el articulo 73.3 de la LRBRL, que regula las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales, no fue objeto de modificación. Nos quedamos como estábamos.  Ya después, la precampaña y en la campaña electoral de estas ultimas elecciones todos los partidos y agrupaciones proclamaban a los cuatro vientos la transparencia como un valor supremo de su futuro gobierno. Todos hemos percibido en esta campaña electoral pasada que los candidatos se han preocupado más de la forma en la que ha de gobernarse, que de las prioridades y estrategias de la acción de gobierno a desarrollar si recibían la confianza de los vecinos. Lo cierto es que por el signo de los tiempos y por la música que hemos oído desde todos los puntos cardinales de la política, llegamos a creer que el mismo pudor que se notaba en la clase política para tratar sobre sueldos, liberaciones y demás recursos económicos para el ejercicio de la política, llegaría también a las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Que igual que se conocen los sueldos de los políticos -en esta especie de concurso extraordinario y ocasional para ver cómo se hace esto de la política más difícil, es decir, quién tiene los sueldos más bajos- íbamos también a saber qué asignaciones se hacen a los grupos, en qué se lo gastan y demás extremos que la gente quiere saber y tiene todo su derecho a ello. Pero lo cierto es que una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo.

A un mes ya de la constitución de los ayuntamientos, con sus acuerdos de organización y funcionamiento adoptados, si queremos saber qué ha pasado en cada ciudad con las asignaciones económicas a los grupos municipales, qué cantidades se han acordado repartir, qué criterios de reparto ha habido y otros extremos como los criterios de justificación, tenemos que acudir a la forma tradicional para saber. Es decir, estar informado por los medios de comunicación de lo que buenamente nos informen. Hay algunos ayuntamientos que tienen alguna información institucional al respecto, pero la inmensa mayoría no tiene colgados los acuerdos adoptados sobre esta materia en sus sitios, para que la gente consulte en su pagina web y de una manera sencilla pueda saber. Parece una ironía que en las paginas institucionales de grandes ciudades, en el sitio de referencia -gobierno abierto, portal de transparencia o cualquier otra terminología similar que utilizan- parece como si lejos de sentir algún pudor por la falta de información, de manera irónica nos informan de lo bien situada que está su institución en cualquier ranking de cualquier organización que califica la transparencia. Los medios nos van informando de lo que pasa en Malaga, Logroño, Badajoz o cualquier otra ciudad. Mientras tanto, también observamos cómo se nos informa de los resultados de una mala regulación que a veces queda a expensas de la moralidad del concejal en cuestión, como este caso que cuentan de Getafe.

La obligación legal de informar desde la propia institución, de una manera clara y accesible está fuera de toda duda de la lectura del articulo 8.1 c) de la Ley de Transparencia. Y ello sin perjuicio de otras disposiciones autonómicas que contienen mandatos legales mas exigentes.

En cualquier caso y al margen de esta lamentable y cínica situación, desde el punto de vista del régimen jurídico propiamente dicho de estas asignaciones, señalaremos dos sentencias que vienen a aportar argumentaciones a los operadores jurídicos que han de enfrentarse al informe y control de estas aportaciones.

La primera de ellas es la Sentencia del T.S.J. del País Vasco, de 23 de mayo de 2011, confirmada en casación por el Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de julio de 2012, en la que deja claro que el régimen de retribuciones del artículo 75 de la LRBRL no puede mezclarse ni confundirse con las asignaciones a los grupos que contempla el artículo 73.3 de la LRBRL y por ello no pueden destinarse estas cantidades a retribuir en modo alguno a los concejales del grupo. De igual manera deja sentado que los concejales no adscritos no pueden percibir ninguna cantidad proveniente de las asignaciones contempladas en el articulo 73.3. Esta sentencia, por su claridad, conviene tenerla a mano.

La segunda de ellas, se refiere a una cuestión que ocasionará bastantes vicisitudes esta legislatura: la pertenencia de los concejales a los grupos. Hay muchos gobiernos que dependen de pactos o de simples apoyos, sin pactos de gobierno, que dependiendo de la evolución política puede modificase la composición de los grupos. La expulsión de un concejal del grupo al que pertenece es revisable ante la jurisdicción contenciosa, si bien el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de febrero de 1994 cuenta con un voto particular que se decanta por la jurisdicción civil.



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El PP registrará en el Congreso su reforma local con segunda vuelta

Sin mayoría absoluta, haría falta más del 35% de votos y cinco puntos sobre el segundo

Con esto, el partido vencedor lograría la mitad más uno de los concejales

Si esto no sucede, habría una segunda vuelta con los partidos con más del 15% de votos

El Grupo parlamentario Popular tiene ya preparada, a la espera únicamente del sí del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su propuesta de reforma de la ley electoral local con segunda vuelta. En cuanto se produzca la autorización de Rajoy, el grupo la registrará en el Congreso, con voluntad de que llegue a debatirse, pese a lo ajustado del calendario, pero sobre todo, de forzar un pronunciamiento del PSOE.

La propuesta del PP incluye la petición socialista de segunda vuelta. Si nadie obtiene mayoría absoluta, será necesario más del 35% de los votos y cinco puntos de diferencia sobre el segundo para lograr la mitad más uno de los concejales. En el caso de que esto no sucediera, pasarían a una votación en segunda vuelta todos los partidos que obtuvieran más del 15% de los votos. Para conseguir la mitad más uno de los ediles, habrá que superar el 40% de apoyo o ganar al segundo por siete puntos. Si esto no sucede, sería el momento de los pactos políticos.

Los populares consideran que cumplen así con algunas de las exigencias socialistas, que se negó a abrir este debate a seis meses de las elecciones municipales como pretendía el PP. Sí se comprometieron a hacerlo después. Por ello el PP pone ahora sobre la mesa una propuesta que conjuga sugerencias de los dos partidos.

Sobre su planteamiento de reforma electoral general para introducir una prima de gobernabilidad a la lista más votada, por ahora lo que hará el PP será concretarlo de cara a su programa electoral. Pero a nadie se le escapa que su defensa de que gobierne el partido con más apoyo es un antídoto político a la posibilidad de un pacto entre PSOE y Podemos tras las generales, que convierta a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. La propuesta se convertirá en una importante bandera en la campaña electoral.

Fuente: El Mundo



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